Martes, 21 de octubre de 2014

| 2013/09/07 03:00

La super sanción para Claro

La multa por 87.750 millones de pesos es un campanazo de alerta para quienes violan las normas de la libre competencia.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, ha dicho que será implacable en la defensa de los consumidores colombianos.

Los dientes bien afilados que ahora tiene la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para defender a los consumidores le sirvieron la semana pasada contra la operadora de celular Claro. La SIC le impuso una multa histórica por 87.750 millones de pesos (45 millones de dólares) a la compañía del mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo.

La decisión causó revuelo no solo en el sector de telefonía celular sino en muchos otros que sienten ‘pasos de animal grande’ desde que comenzó a regir el nuevo Estatuto de Protección al Consumidor en abril del año pasado, el mismo que aumentó las multas de 1.200 millones a un máximo de 60.000 millones de pesos por conductas que frenan la competencia.

El proceso de la SIC contra Claro Colombia (antes Comcel) comenzó a finales de 2011 cuando usuarios denunciaron que la operadora estaba obstaculizando la portabilidad numérica, una norma de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que permitía a las personas cambiar de operador de telefonía celular sin tener que perder el número telefónico. 

La Superintendencia encontró pruebas que la llevaron a concluir que existió una estrategia de Claro para vender celulares con bandas cerradas o bloqueadas y negar las solicitudes de los usuarios que pidieran su apertura, para evitar que sus clientes se fueran a otros operadores.

Esta actuación de Claro iba en contravía de la regulación que prohíbe la venta de celulares con bandas cerradas. Cabe recordar que un teléfono móvil con bandas bloqueadas no puede recibir el servicio de un operador de telefonía móvil diferente a aquel donde fue activado originalmente. Por esta conducta, la Superintendencia multó a la operadora por 53.909 millones de pesos por abuso de su posición dominante. 

Pero también la sancionó con 33.840 millones por prácticas que limitaban la libre competencia, relacionadas con la alteración de las cifras de portabilidad numérica. La entidad encontró que entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 las cifras de portabilidad a favor de Claro crecieron en más del 600 por ciento sin que hubiese una explicación racional. 

Descubrió que este incremento se debió a una estrategia de los distribuidores de esta compañía, que compraban grandes volúmenes de sim cards de otros operadores, particularmente de Movistar y los trasladaban a Claro. Pero, en realidad, eran traslados ficticios porque detrás de estas sim cards no había un consumidor real. 

Según la Superintendencia, por cada portación (traslado) realizada por un distribuidor, falsa o verdadera, Comcel pagaba un incentivo monetario. “No existe duda de que Comcel tuvo conocimiento de las conductas de su distribuidor y que a pesar de ello toleró por un buen tiempo la ejecución de la política de portaciones falsas”, señala la resolución de multa. 

Por estas conductas la entidad le pidió a la Delegatura para la Protección de la Competencia evaluar si existe mérito para abrir una investigación preliminar contra Juan Carlos Archila, presidente de Claro Colombia, e Hilda María Pardo, por haber presuntamente colaborado, autorizado o tolerado las infracciones mencionadas. En caso de confirmarse estas sanciones estos directivos tendrían que pagar de su bolsillo cada uno hasta 1.200 millones de pesos.

Ante estas sanciones e imputaciones Archila, quien no negó varios de los hechos, dijo que la compañía interpondrá un recurso de reposición por considerar que el fallo de la Superintendencia carece de proporcionalidad frente a las sanciones impuestas a otros operadores de telefonía celular.

 

Afirmó que esta multa sin precedentes se tomó con base en los testimonios de solo ocho usuarios, quienes se quejaron por las demoras entre cuatro y ocho días de la compañía después de haber solicitado desbloquear sus teléfonos. Sostuvo que esto implica que cada caso se multa con cerca de 7.000 millones de pesos, una cifra muy elevada frente a otro operador que también fue sancionado por portabilidad numérica, pero cuya multa por 21 casos descubiertos fue de 229 millones, es decir, 11 millones por usuario. 

Sin embargo, para la Superintendencia el número de quejas resulta irrelevante ya que se trata solo de ejemplos de las políticas que venía aplicando la operadora para frenar el traslado de usuarios.

Acerca de las denuncias sobre fraudes en portabilidad numérica, Archila indicó que los están sancionando por la actuación de uno de sus 152 distribuidores, quien fue multado oportunamente por Claro Colombia. 

Reconoció que el implicado violó las políticas de la empresa al trasladar un poco más de 32.000 números de usuarios no existentes de otras empresas, una cifra que representa apenas el 2 por ciento del total de las portaciones realizadas. “Inquieta a Comcel la falta de proporcionalidad aplicada en las acusaciones a la empresa y en la valoración de las sanciones de la SIC”, dijo el directivo, quien anunció que interpondrá un recurso de reposición con ese argumento.

En los próximos meses se conocerá si la sanción queda en firme o no. Por lo pronto la Superintendencia sigue afilando sus dientes para evitar que otras empresas abusen de los consumidores colombianos. Dicha entidad ha estado muy activa en los últimos meses al anunciar investigaciones de fondo y drásticas sanciones económicas. 

En su mira están, además de los operadores de telefonía móvil, los ingenios azucareros por un presunto acuerdo de precios; las principales compañías de cemento del país, por una presunta distribución del mercado; y algunos establecimientos comerciales y empresarios por publicidad engañosa. 

Las pruebas de la Superintendencia

La entidad ha recopilado diversos documentos en los dos años que lleva la investigación.

La SIC encontró, en una visita de inspección, un correo electrónico de Hilda María Pardo, vicepresidenta jurídica de Comcel (Claro), enviado a todos los centros de servicio, con copia a Juan Carlos Archila, en el que ordenaba seguir comprando celulares con bandas cerradas (a pesar de que la ley lo prohibía) e imponía requisitos gravosos para que los usuarios pudieran lograr que les abrieran las bandas de sus celulares Comcel. Dice el correo:

“En prepago o en pospago, si se solicita la apertura de bandas, el suscriptor debe demostrar que es el titular de la línea y que adquirió el equipo legalmente es decir con la factura de compra a su nombre (...).- Logicamente (sic) los equipos que se vayan a subsidiar tendrán que ir bloqueados y con cláusula de permanencia y se le ofrecerá al usuario las dos alternativas el bloqueado con subsidio y cláusula de permanencia y el abierto sin subsidio y sin cláusula de permanencia (...)”.

Frente al abultamiento en cifras de portabilidad a favor de Claro y en contra de Movistar, el presidente de esta última compañía, Ariel Pontón, le envió una carta en diciembre de 2011 al presidente de Comcel, Juan Carlos Archila en el que señala lo siguiente:

“Durante los primeros nueve días de diciembre observamos un incremento inusual del número de portabilidades en prepago de Movistar a otros operadores. De acuerdo con este incremento estaríamos por encima de los 19.000 números portados desde Movistar, es decir, más de cuatro veces la cantidad presentada durante noviembre (...) 

Revisado el detalle de esos 19.000 números portados, encontramos que más de 12.000 corresponden a ventas nuevas de Movistar en servicio prepago efectuadas durante noviembre de 2011. Del total de dichas ventas el 99,2 por ciento no realizó recarga alguna y el destino de los números portados es el siguiente: Comcel 97 por ciento; Tigo 3 por ciento. 

Vista la anterior situación queremos solicitarles la revisión de las conductas y los mecanismos actualmente utilizados por sus distribuidores, pues presumimos que vienen adquiriendo masivamente nuestras tarjetas SIM en prepago para luego realizar portaciones a Comcel”. 


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