Lunes, 16 de enero de 2017

| 1990/02/26 00:00

LA ZANAHORIA Y EL GARROTE

Medidas para romper la comodidad de las corporaciones de ahorro y vivienda.

LA ZANAHORIA Y EL GARROTE

Como si para la economía no hubieran sido suficientes los golpes recibidos por la caida del pacto del café, el costo de la guerra contra el narcotráfico y las intensas voladuras de oleoductos que se presentaron a comienzos del año pasado, la actividad constructora que había constituido uno de los ejes de crecimiento económico de los primeros años del gobierno Barco, se derrumbó por una suma de factores políticos, jurídicos y de mercado. El sector presentó en 1989 el peor comportamiento de los últimos cinco años, con una disminución en las licencias de construcción del 12% y una caída en la producción del 0.5%.
Para complementar los problemas del gobierno, la recesión se hizo particularmente notoria en la vivienda de precio inferior a cinco millones de pesos, denominada de interés social, debido a la falta de interés de las corporaciones por invertir en esos rangos, bajo las normas legales vigentes. La Contraloría, además, demandó los esquemas de contratación del Instituto de Crédito Territorial y del Fondo Nacional del Ahorro, lo cual implicó una congelación de recursos por $30.000 millones.
En el caso de las corporaciones, la situación recesiva se explica principalmente por la saturación del mercado de vivienda de clase alta y media alta, como respuesta a los excesivos incrementos de precios observados entre 1986 y 1988. Analistas del sector estiman que la relación de oferta a demanda en estos rangos es de 10 a 1. No es previsible que las corporaciones puedan seguir dependiendo de un mercado en el que por facilidad y seguridad habían logrado una demasiada cómoda especialización.
Las connotaciones populistas de la reforma urbana aprobada en la legislatura de 1988 le dieron el golpe de gracia al sector, al impedir la adjudicación de créditos en UPAC para la vivienda de interés social, sustituyéndola por una normatividad que no sólo hacía imposible el pago de las cuotas por parte del sector al cual estaba destinada esa vivienda, sino que ayudó a que las corporaciones le volvieran del todo la espalda a este rango, cuya demanda represada se hubiera podido constituir en la punta de lanza para reactivar el sector.
La respuesta del gobierno, tímida y tardía, fue obligar a las corporaciones a prestar en pesos el 15% de sus nuevas colocaciones. Las corporaciones actuaron como si la medida no fuera con ellas y el gobierno, pese a la caída en el ritmo de la actividad económica, en lugar de reaccionar se limitó a esperar que se solucionara el problema en el Congreso, a través de una contrarreforma que permitiera de nuevo los préstamos en UPAC para la vivienda de interés social. Este proyecto de ley corrió con la misma suerte de la mayoría de los presentados por el ejecutivo en la legislatura pasada: quedó enterrado en el Senado por la animadversión que causaron una serie de artículos que, con fines electorales, le fueron adicionados por el ponente de la ley.
Las recientes medidas adoptadas por la Junta Monetaria indican, sin embargo, que el gobierno aprendió sumamente bien dos lecciones. Una,las recesiones no se superan esperando modificaciones en el Congreso; dos, cuando se da una orden se da clara y se da fuerte.
El mecanismo adoptado con las corporaciones fue el de la zanahoria y garrote. La zanahoria consiste en permitir, a través de las facultades de regulación del ahorro privado que le da al Presidente la Constitución, la posibilidad de capitalizar intereses, factor esencial en una economía inflacionaria para otorgar créditos de largo plazo, sin recargar su pago en los primeros dos o tres años. Adicionalmente se le disminuye a las corporaciones los niveles de inversión forzosa en el Instituto de Crédito Territorial.
El garrote, que ha sido considerado por la corporaciones como un intento de "borrar de un plumazo la solidez financiera y reactivar un mercado a punta de escopeta", consiste en la obligación de colocar un 15% de la cartera en vivienda de interés social o de colocar el defecto de este monto en una cuenta especial del Banco Central Hipotecario, a corrección monetaria menos dos puntos.
No parece entendible la animadversión de las corporaciones a la medida, si se tiene en cuenta que el porcentaje de cartera que se obligaba a prestar en este rango llegó en años anteriores al 25% y los excesos de liquidez del resto del sector financiero no son premiados con ningún tipo de interés. Para garantizar la rápida comprensión de los cambios del mercado, el gobierno aumentó las multas por incumplimiento de las medidas, determinando la liquidación mensual de las deficiencias en colocación en vivienda popular.
Sólo basta esperar que el tiempo no se siga perdiendo en inútiles polémicas y que se permita una reactivación de un sector cuya recesión inducida ya ha hecho excesivo daño a la economía.

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