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| 6/30/1997 12:00:00 AM

LARGA DISTANCIA EN ESPERA

En pocas semanas se cumple un nuevo plazo para que el gobierno decida sobre la apertura de las comunicaciones de larga distancia. ¿Tomará ahora sí una decisión?Minutos antes de firmar la convención laboral de Telecom, en agosto de 1996, el entonces ministro de Comunicaciones, Juan Manuel Turbay, hizo decenas de llamadas por su celular. Esta circunstancia habría pasado inadvertida si no fuera por lo que está sucediendo hoy en día debido a esa firma.Las llamadas estaban dirigidas a varios expertos en telecomunicaciones del país y buscaban disipar los temores del ministro. Llamada tras llamada recibía la misma respuesta. Si firmaba paralizaría de nuevo el proceso de apertura de la larga distancia en el país, fortalecería a los sindicatos de Telecom y colocaría contra la pared al gobierno.El problema radicaba en que la convención colectiva establecía en uno de sus apartes que se debía evaluar la conveniencia para el país de la apertura de la larga distancia antes de tomar una decisión al respecto. Para tal efecto, según el documento, el gobierno y el sindicato debían designar un conjunto de expertos para que evaluaran el problema y emitieran sus recomendaciones. El resultado de esos estudios debía ser analizado luego en ocho foros que se llevarían a cabo en distintas regiones del país.De esta manera la convención colectiva había desautorizado tácitamente la gestión de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que ya tenía muy adelantado el proceso de apertura, y de paso atrasaba su implementación al menos un año, período durante el cual se llevaría a cabo el estudio. El martes de la semana pasada se cumplió la primera etapa de este largo camino. Ese día se dieron a conocer a la opinión pública los resultados de los estudios de los expertos. Cuatro miembros escogidos por el gobierno y cuatro por el sindicato presentaron conceptos divididos: los primeros a favor de la apertura y los segundos en contra. Según lo previsto por la convención, estas opiniones deben ser ahora analizadas en ocho foros. Sin embargo las conclusiones de los mismos no tienen fuerza de ley y serán sólo conceptos que el gobierno podrá tomar o dejar a la hora de decidir si reanuda o no el proceso de apertura. Repitiendo la historiaDe esta manera, en un par de meses se habrán cumplido los pasos previstos en la convención y la pelota estará de nuevo en el campo del gobierno. Fuentes cercanas al proceso consultadas por SEMANA no descartaron la posibilidad de que en ese momento los sindicatos de Telecom amenacen con suspender los servicios de larga distancia nacional e internacional con el fin de presionar al gobierno para que decida en contra de la apertura. En diálogo con SEMANA Heberto López, presidente del Sindicato de Trabajadores de Telecom, explicó que hay razones de sobra para que no se abra el proceso. López sostiene que un monopolio es el esquema ideal para prestar con mayor eficiencia el servicio de la larga distancia y que en condiciones de competencia los operadores tendrían que aumentar las tarifas. Según López, la apertura significaría además descuidar por completo la telefonía social en el país.Sin embargo otros expertos en el tema de las telecomunicaciones consultados por SEMANA, opinan que la apertura implicaría grandes beneficios para el país. Una decisión favorable en ese sentido lograría atraer inversión privada dispuesta a desarrollar planes de modernización y expansión. Así mismo, un mercado abierto aumentaría la oferta de operadores en beneficio del consumidor, permitiría el establecimiento de tarifas competitivas y garantizaría mejores servicios para los usuarios. Los expertos argumentan que la mejor prueba de que Telecom no ha satisfecho las necesidades del mercado es que en los últimos años ha crecido vertiginosamente el número de operadores de servicios de valor agregado y telemáticos, de redes privadas y de otros servicios de comunicación personal.Lo cierto es que a fines de julio, cuando terminen los foros regionales, el país vivirá de nuevo una situación que ya se ha vuelto recurrente en los últimos años. En ese momento el gobierno tendrá que usar toda su capacidad política para tomar una decisión autónoma al margen de las presiones sindicales. Y aunque algunos observadores creen que en pleno año preelectoral el gobierno puede estar más débil que nunca en un debate como éste, muchos guardan la esperanza de que las autoridades tomen la mejor decisión para el país. nn No se descarta un nuevo paro de los trabajadores de Telecom para presionar al gobiernoLas locales y la larga distanciaDesde el año pasado Telecom comenzó a competirle con Capitel a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá _ETB_ en su propio terreno. A juicio de Sergio Regueros, gerente de la ETB, con esa incursión la empresa capitalina quedó en desventaja. Mientras que ésta, según la ley, sólo puede prestar servicios de telefonía local, Telecom estaba entrando a ser un operador local y también de larga distancia. En vista de ello Regueros decidió evaluar la posibilidad de convertir a la ETB en un operador de larga distancia.El problema es que la ley establece que la única autorizada para prestar este servicio en la actualidad es Telecom, y que en el futuro se deberá abrir esta posibilidad a otros operadores que paguen por una concesión. No obstante el proceso de adjudicación de las concesiones no ha avanzado pues la convención colectiva de Telecom aplazó el desarrollo de apertura de larga distancia. Sin embargo, para Regueros, la convención colectiva no puede estar por encima de la ley y por lo tanto el proceso no se podía aplazar por un acuerdo laboral.Todo comenzó el viernes 21 de febrero de este año. Ese día Regueros recibió una llamada de Samuel Velásquez, gerente de las Empresas Públicas de Medellín _EPM_. En ella le pedía que evaluaran la situación de las dos empresas, pues Telecom estaba también empezando a instalar líneas telefónicas en Medellín, Con la consecuente amenaza para las EPM.Pocos días después, y cobijados, según ellos, en varias normas legales, la ETB y las EPM emitieron un comunicado en el que afirmaban que con otras telefónicas locales (Cali, Manizales, Pereira, Bucaramanga y Antioquia) se interconectarían y prestarían el servicio de larga distancia nacional. Inmediatamente el gobierno respondió diciendo que si lo hacían decomisaría sus equipos e incluso llegaría hasta a meter a los gerentes de las telefónicas a la cárcel puesto que estarían en contra de las disposiciones legales en materia de servicios de larga distancia.Al hablar con SEMANA al respecto el ministro de Comunicaciones, Saulo Arboleda, afirmó que "las aspiraciones de las locales son justas pero independientemente de ello deben ajustarse a lo que dice la ley. En ese caso las concesiones de larga distancia no se han otorgado todavía y se debe seguir un proceso para ello". En relación con la desventaja en la que se encuentran las locales el Ministro afirmó que "estamos estudiando medidas para que Telecom no compita en condiciones de superioridad ante las locales".Al margen de las respuestas del Ministro y de los argumentos de lado y lado, si las telefónicas locales siguen adelante con sus aspiraciones, en menos de dos meses el país estaría observando una confrontación jurídica de gran magnitud. Nunca empresas de telecomunicaciones del tamaño de las de Bogotá, Cali y Medellín habían retado de esa manera al gobierno en el terreno jurídico.
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