LAS CARTAS SOBRELA MESA

A Hernán Echavarría Olózaga aprendió el país a leerlo con gusto a través de la columna que periódicamente publicaba hace unos años en El Tiempo. Como caso prácticamente excepcional en el reino de los economistas, Echavarría se caracterizaba por su estilo ameno y descomplicado, que le permitía analizar los temas económicos con un lenguaje raso, sencillo, al alcance de los más profanos en la materia.
Esta misma ciencia fue la que aplicó en su controvertido libro "El escándalo de los fondos Grancolombiano y Bolivariano en el gobierno del doctor Turbay Ayala" que apenas había comenzado a circular la semana pasada cuando ya desataba una agitada polémica en torno a sus denuncias. Así logró presentar, de una manera digerible, un tema que de otra forma hubiera resultado un tremendo "ladrillo", que es como en el argot periodístico se denominan aquellos temas que se vuelven inaccesibles para la opinión pública por sus espesas y complejas profundidades.
Uno de los principales aciertos del libro lo constituyen sus términos didácticos, que combinan una explicación acerca de las diferentes instancias gubernamentales del manejo financiero en Colombia, con el análisis sobre las cambiantes situaciones del sector durante la última década. El estilo del libro es duro pero no insultante. Es esto precisamente lo que hace que su autor, en cuyas apreciaciones alcanza a reflejarse cierto rencor, logre no obstante proyectarse con convicción como un capitalista bueno, motivado esencialmente por su conciencia social y su preocupación por los ahorradores minoritarios.

LOS ACUSADOS
El libro comienza esbozando el marco que permitió que sucedieran en el país los hechos enfáticamente denunciados por el autor. Echavarría habla de la bonanza cafetera como principal motor del aumento del medio circulante, que a su vez determinó la inusitada expansión del sector financiero colombiano; al que no estaba preparado el país para manejar, pues carecía de una adecuada reglamentación que sirviera de herramienta a los organismos fiscalizadores, para evitar que a la larga se cometieran abusos como el de la utilización de los recursos de pequeños ahorradores para la toma de poder de grandes compañías, y la consolidación, por este conducto, de los llamados "pulpos financieros".
Echavarría se lamenta principalmente de que esta ausencia de reglamentación hubiese determinado en el país el debilitamiento y prácticamente la desaparición de la sociedad anónima abierta, núcleo de una vieja tesis suya que defiende este tipo de organización corporativa como vehículo para la apropiada distribución de la riqueza.
Sorprendentemente las denuncias de Echavarría Olózaga más que contra el propio Jaime Michelsen y el Grupo Grancolombiano, arremeten con inusitada fuerza contra el ex presidente Turbay y sus principales colaboradores, en términos de que "este gobierno, quizá más que cualquier otro, quizá más que el mismo Grupo Grancolombiano, fue el responsable de los perjuicios sufridos por los inversionistas". Considera que el Grupo Grancolombiano incurrió en abusos moralmente inaceptables, pero en lugar de detenerse a pontificar sobre el punto considera que la mayor responsabilidad corrió a cargo de Turbay y sus principales colaboradores quienes, pudiendo actuar, se hicieron los de la vista gorda frente a los hechos.
Sin clemencia verbal alguna afirma que escribe estas memorias "...para dejar escrita la historia de la vergonzosa actitud de los altos funcionarios del gobierno del doctor Turbay Ayala, y de éste como Presidente de la República".
Especialmente duro se manifiesta contra el entonces superintendente bancario, Francisco Morris Ordoñez, al que hace los cargos más graves, acusándolo de haber "trastocado sus obligaciones. Aparentemente estaba creyendo que él había llegado a la Superintendencia para defender a las sociedades que prestan servicio al público, y no para defender a este contra los abusos de las sociedades". Le imputa haberle negado durante varios meses a la Comisión Nacional de Valores, con ánimos abiertamente encubridores, la información que había recogido sobre los graves hechos protagonizados por los fondos de inversión, alegando Morris la protección de la reserva bancaria, cuando, segun Echavarría carece de lógica esgrimirla como argumento tratándose de información que iba a ser compartida por dos entidades oficiales.
Contra el ex Procurador Guillermo González Charry, quien dictó en su contra una sentencia por violación de la reserva bancaria, Echavarría afirma: "Durante su período en la Procuraduría demostró el bajo nivel al cual podían descender el prestigio y la ética de un jurista". Y contra el entonces ministro de Desarrollo, Andrés Restrepo Londoño, Echavarría argumenta que actuó como "mandadero" de la entonces secretaria privada del Presidente, Diana Turbay.
A cada uno de ellos adjudica el autor del libro una responsabilidad técnica, pero la responsabilidad política final la deja claramente en los hombros del entonces presidente de la República, Julio César Turbay Ayala. Principalmente por el peso de sus denuncias, a lo que obviamente le sirvió de caldo de cultivo el ambiente anti-turbayista que vive actualmente el país, el libro de Echavarría fue recibido casi que con euforia por un gran número de colombianos. Entre los medios de comunicación, solamente El Tiempo pareció apartarse de la línea general. Enfrentado a un conflicto de lealtades entre su columnista de toda la vida y un ex presidente al que considera exageradamente asediado por una ola de impopularidad, optó por publicar primero, y con gran despliegue, el prólogo del libro, para luego intentar neutralizarlo con una nota periodística en la que se refería, en términos casi insultantes, a las oscuras intenciones de su autor.

LAS CRITICAS
No obstante ser parte comprometida en esta polémica, en términos generales las tesis de Echavarria son convincentes y bien documentadas. Casi la mitad del libro es un apéndice conformado por documentos destinados a no dejar una sola acusación en el aire.
Dos criticas, sin embargo, se le pueden formular: una general y una particular. La primera, que el relato tiene un sabor como de película de vaqueros, en la que sólo hay un bueno y todos los demás son malos. Estos últimos abarcan los dos partidos e incluyen a todos los ministros del ramo y a cuanto funcionario que, en ejercicio de su cargo, hubiera tenido que ver con el caso.
La otra crítica es mas concreta y se refiere a la motivación que pudiera tener el gobierno para encubrir los hechos. Lo lógico hubiera sido que una posible complicidad entre Turbay y Michelsen hubiera estado sustentada por vinculos personales o políticos. Sin embargo, como el mismo Echavarria lo reconoce, existia casi un enfrentamiento entre ambos, de donde se ve obligado a deducir, no tan convincentemente como en sus otros argumentos, que la tolerancia o el encubrimiento estaban inspirados por el temor.
Una explicacion más plausible sería que la actitud del gobierno, más que a inmoralidad, complicidad o hipocresía -como ha terminado interpretándose en el ambiente anti-turbayista reinante-, obedeció al temperamento conciliador que caracteriza a Turbay. El slogan de su administración, reiterado durante su cuatrienio, era el de que el suyo sería un gobierno sin sobresaltos. Desafortunadamente el tratamiento que requería este caso, habría implicado un enorme sobresalto.