Las cifras lo dicen todo

Power point es uno de los programas de computador más empleados por el gabinete del presidente Álvaro Uribe. En los consejos comunales, en las rendiciones de cuentas y en cualquier foro de discusión, la presentación de un ministro o funcionario no es la misma sin el afamado software de Microsoft. Y la razón es muy clara: Colombia es un país urgido de resultados y esa es la mejor manera de presentarlos ante el público.

Para la mayor parte de los funcionarios de este gobierno, es claro que sin cifras no se va a ninguna parte, porque ese es el ritmo que ha impuesto el Presidente; él conoce la importancia que tienen los datos concretos como antídoto para la tradicional falta de fe en la gestión pública.

Por eso el interés presidencial por manejar cifras y traerlas a colación en sus apariciones. Cada dato se ha convertido en un dardo dialéctico y tiene un claro mensaje: se supone que este gobierno ha hecho más que las anteriores administraciones. Era uno de los argumentos de toda la campaña de reelección de Uribe y lo que significó su triunfo, la sensación entre sus electores de que por fin había un gobierno que había hecho cosas.

Pero el que juega con fuego corre el riesgo de quemarse. Y eso fue lo que pasó este año, porque la lluvia de cifras se convirtió en un arma para la oposición, que acusó a la actual administración de maquillar sus balances. Así, las cifras entraron en el juego del polarizado debate político de 2006. Aunque es claro que algo está pasando con las estadísticas oficiales, no hay de dónde agarrarse para decir que el gobierno Uribe maquilla sus resultados.

Sin embargo, en 2006 sí pasaron cosas que generan preocupación, y hubo muchas razones para que más de uno pusiera en tela de juicio los datos oficiales. Primero, el censo reveló que éramos 42 millones de personas, mucho menos de lo que esperábamos. Las críticas empezaron a aparecer porque a algunos expertos no les cuadraban esos datos y, para completar, las cifras preliminares se divulgaron a cuentagotas, lo que impidió asimilar eficientemente la nueva información y se generaron vacíos en las interpretaciones; por ejemplo, con temas como alfabetismo y fecundidad. Además, el terreno de la polémica ya estaba abonado porque el director del Dane, Ernesto Rojas, decidió aplicar para este conteo de población una metodología distinta a la de 1993, y esa decisión no les gustó a más de uno.

Después vino una polémica por el ingreso de los colombianos, pues según la información de Planeación Nacional en su página de Internet, éste había caído estruendosamente en los últimos años. Al final quedó claro que todo fue un error de unos funcionarios de la entidad. Las cifras estaban equivocadas y se corrigieron.

Para completar, el Dane reveló en agosto que el empleo seguía cayendo, a pesar de que la producción registraba buenos ritmos de crecimiento, lo que dejó en el aire a más de uno, porque aparentemente no coincidía con la realidad de una economía que va con todo hacia la recuperación. Sin embargo, los expertos interpretaron que el desajuste se debió a algunos arreglos en la encuesta, con el objetivo de mejorarla.

El enredo

Todos estos hechos muestran distintas problemáticas. Hoy más que nunca las cifras juegan un papel clave en la discusión pública, cada vez hay más personas pendientes de lo que divulgan las instituciones oficiales, y el debate político se ha enriquecido gracias al uso de ellas. La otra cara de la moneda es más preocupante, porque el más afectado con la polémica fue la credibilidad del Dane, ya que al fin de cuentas es la encargada de las cifras oficiales en el país.

Pero ese señalamiento puede ser injusto: en el Dane están haciendo el trabajo que les corresponde, a pesar de las limitaciones que se tengan, y así se lo reconocen no sólo en Colombia, sino en el exterior.

¿Qué es entonces lo que pasa? Primero, que es necesario repensar la manera como se divulga la información estadística y cómo se socializan los cambios que se les hacen a las metodologías o procedimientos estadísticos, porque cada vez hay un público más interesado en estos temas. El asunto es todavía más relevante ahora cuando hay un gobierno para el que los datos tienen una importancia política indudable. Es legítimo que las cifras sirvan para que una administración muestre resultados, pero en un año alborotado por la primera reelección en más de 60 años, el ruido fue excesivo.

El otro asunto es el de la independencia del Dane, y este camino ni siquiera se ha empezado a andar. Es todavía una tarea pendiente, porque la institución debe tener una naturaleza más parecida a la del Banco de la República, entidad que ha demostrado ser independiente del Ejecutivo. Con esta decisión se despejaría cualquier duda acerca de la manera como el Departamento elabora sus estadísticas.

El otro asunto es el de los logros reales de este gobierno. Y aquí la discusión se puede hacer eterna. Por ejemplo, en empleo, las cifras muestran evidentemente una reducción en la desocupación. Pero esto ha ido a la par con una precarización de las condiciones laborales de muchos colombianos. Muchos expertos vienen advirtiendo acerca de la clase de contratos laborales que se están firmando, con condiciones poco favorables para los nuevos empleados.

En inflación, nadie pone en tela de juicio la meta que ha puesto el Banco de la República. Para este año, estará muy cerca del 4,5 por ciento, y para el próximo año se prevé entre 3,5 y 4,5 por ciento. Sin embargo, aquí la mayor parte de la responsabilidad es del Emisor, donde el gobierno apenas está representado por el Ministro de Hacienda.

En infraestructura y construcción hay un gran vacío porque el Plan 2500, que era una de las banderas de la primera administración Uribe, terminó el año con cuestionamiento. Las únicas grandes obras que avanzaron fueron los transmilenios y el túnel de la Línea. La concesión del aeropuerto El Dorado apenas se adjudicó en 2006 -después de varios aplazamientos-. Así que aquí no hay muchas cifras para presentar.

El otro frente es el social, en el que lo que queda está por hacer. Aunque los indicadores de pobreza se han reducido, la situación sigue siendo dramática, porque casi la mitad de la población colombiana vive en la pobreza o en la indigencia.

Es claro que la polémica por las cifras se va a mantener en el primer plano de la discusión pública. Por eso es necesario blindar la entidad que las produce, y se escuchan voces que insisten en la necesidad de cambiarle su estructura. Aunque en materia de cifras, el gobierno Uribe tiene cosas para mostrar. Pero poco sirve si no les creen.