Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/08/27 00:00

Las discordias del cartel de los cuadernos

La Superintendencia ratifica que Carvajal actuó mal frente a sus consumidores. La centenaria compañía lo niega y anuncia que recurrirá a las instancias legales para demostrarlo.

Un ex superintendente de Industria y Comercio, Emilio José Archila (derecha), y el actual titular de la entidad, Pablo Felipe Robledo, enfrentan sus argumentos sobre e l cartel de los cuadernos en el que se culpa a Carvajal. Foto: Guillermo Torres

El pasado 18 de agosto, el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo, firmó la resolución mediante la cual sanciona a Carvajal por hacer parte de un cartel empresarial para manipular los precios de sus cuadernos. En el fallo, Robledo sostiene que esa empresa merecería la máxima multa (unos 70.000 millones de pesos) pero que debe ajustarla a la baja para que no sea expropiatoria o confiscatoria, teniendo en cuenta que el patrimonio de la compañía es de 50.000 millones. Por eso le impuso una multa de 14.800 millones de pesos.

En 270 páginas, el superintendente expone la investigación en este caso, y exhibe los correos que para su dependencia prueban la existencia de un cartel entre 2001 y 2011 conformado por Carvajal y Kimberly, y luego entre 2011y 2014 constituido por Carvajal y Scribe.

Los fallos de la SIC, en especial los relacionados con los carteles empresariales, levantan gran revuelo entre las compañías involucradas. Eso es entendible porque se trata de una grave falta con importantes implicaciones económicas y reputacionales.

Pues bien, Carvajal Educación rechaza con fuerza este último fallo y afirma que recurrirá a todas las instancias legales para demostrar que no ha incurrido en prácticas contrarias a la competencia y que no ha causado perjuicio a los consumidores.

El exsuperintendente de industria y comercio y ahora abogado de Carvajal Educación, Emilio José Archila, asegura que la SIC ignoró documentos, testimonios, interrogatorios y estudios económicos que dan fe de la conducta de la compañía. “La empresa confía en que las instancias de recurso sabrán estimar que el caso carece de la solidez para sustentar una sanción que causa un considerable e injustificado agravio a la empresa, sus clientes, sus colaboradores y accionistas”, dice un comunicado.

Frente a la reacción de Carvajal, la SIC afirma que sí tuvo en cuenta las pruebas y en cuanto a los estudios económicos sostiene que estos no prueban que no hubo cartel. “Como punto de partida del análisis de los argumentos de Carvajal, debe recordarse que en el ordenamiento jurídico colombiano rige el principio de libertad probatoria, según el cual los hechos pueden ser demostrados mediante la utilización de cualquier medio probatorio”, sostiene la SIC.

Este caso tiene la particularidad de que hubo delación de otro implicado, la compañía Kimberly. A cambio de su colaboración, la SIC la exoneró de pagar la totalidad de la multa que le impuso por 29.000 millones de pesos. Carvajal ha querido demostrar que Kimberly la incriminó falsamente. Cabe anotar que esa empresa también fue la delatora en el cartel de los pañales y el papel higiénico. Sin embargo, en los diferentes carteles las empresas involucradas han confirmado las versiones de Kimberly.

Lo cierto es que esta batalla está lejos de haber terminado para Carvajal. Le queda un recurso de reposición ante el propio superintendente y después acudir a otras instancias. Carvajal señala que se ha distinguido siempre por ser una empresa respetuosa de la ley y ha construido su buen nombre gracias a su compromiso con el país y a sus elevados estándares éticos. Por ello asegura que hará todo lo necesario para que su trayectoria de más de 100 años no se vea empañada por este caso.

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