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| 5/1/2005 12:00:00 AM

Le cayó la política

A las dificultades de por sí serias que tiene la negociación del TLC con Estados Unidos, ahora se le suma el hecho de que tenga que discutirse en medio de una campaña electoral.

"¡Abajo el TLC!", gritaba una mujer indígena durante el consejo comunitario que realizó el gobierno hace dos semanas en Popayán. La mayor parte de los asistentes repetían la consigna. Aplacados los ánimos, el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se acercó a la mujer y le preguntó qué era para ella el TLC. "El partido político de Uribe", respondió de inmediato entre furiosa y confundida. Este episodio, además del desconocimiento que existe en algunas regiones del país sobre el tratado bilateral con Estados Unidos, pone en evidencia uno de los obstáculos que tendrá que sortear el gobierno de Álvaro Uribe para sacarlo adelante: la política interna. El difícil forcejeo que ya comenzó a darse en las mesas de negociación con los estadounidenses, particularmente en el tema agrícola, no terminará cuando los ministros de Comercio de ambos países estampen su firma en el texto final del acuerdo. Éste deberá ser ratificado después por sus respectivos congresos, un trámite que en el caso colombiano coincidirá con la campaña electoral de los congresistas, en medio de un ambiente político caldeado por la reelección. Para los vecinos de Colombia en la mesa de negociación del TLC, Ecuador y Perú, el escenario es aún más complejo. El nuevo presidente ecuatoriano, Alfredo Palacios, anunció que revisará lo acordado hasta ahora y que someterá el tratado a una consulta popular. Y en Perú, el gobierno de Alejandro Toledo, con bajísimos niveles de popularidad, tendrá que enfrentarse a un Congreso fragmentado y a punto de empezar una contienda electoral. Así, la política determinará la suerte del TLC en los tres países andinos. Bandera de campaña Los más optimistas esperan que el acuerdo con los estadounidenses termine de negociarse entre julio y agosto de este año. El texto definitivo pasaría entonces a un proceso de revisión legal durante tres meses, antes de ser presentado al Congreso colombiano. Si se cumple este cronograma, los congresistas comenzarían los debates en noviembre, a sólo un mes de concluir la legislatura. Cualquier retraso implicaría postergar el inicio de las discusiones hasta el primer semestre de 2006, justo en la recta final de las candidaturas al Congreso y a la Presidencia de la República. De esta forma, el TLC será un tema inevitable de campaña. Alinearse a favor o en contra del acuerdo responderá primero al resultado de la negociación y segundo, a la conveniencia política de asumir una u otra bandera. Por lo pronto, las posiciones aún no están definidas. "Aparte de las minorías que están dispuestas a oponerse o a aprobar cualquier TLC, existe una franja mayoritaria de congresistas que fijarán su posición según el contenido del tratado," dice el senador liberal Rodrigo Rivera. Dentro de los opositores a ultranza están parlamentarios como Jorge Robledo, quien considera que cualquier acuerdo de libre comercio, "en los que el pez grande se come al chico", es nocivo para el país. "Se están cumpliendo nuestras advertencias: Estados Unidos mantendrá sus subsidios agrícolas, no hará concesiones en materia de barreras sanitarias y se elevarán los estándares de propiedad intelectual", asegura Robledo. Otros menos pesimistas esperan que los negociadores colombianos, a la hora de firmar el acuerdo, cumplan los compromisos que han hecho con el sector privado. En la mesa agrícola, la más atrasada y difícil de toda la negociación, el gobierno ha dicho que buscará establecer mecanismos que protejan a los productores de maíz o de arroz de las importaciones subsidiadas y, por eso mismo, más baratas, provenientes de Estados Unidos. También se ha comprometido a conformar un comité permanente entre ambos países encargado de resolver las trabas sanitarias que hoy enfrentan, por ejemplo, la carne o las frutas colombianas para entrar al mercado norteamericano. Si estos puntos no quedan plasmados en el TLC, será muy difícil para un congresista defenderlo ante sus electores. En regiones como Huila o Tolima, cuyas economías dependen en buena medida del agro, irse en contra de un acuerdo bilateral que perjudique, por ejemplo, a arroceros o ganaderos no sólo es lógico sino políticamente rentable. Estos gremios están bien representados en el Congreso, al punto que, como dice Rafael Mejía, presidente de la SAC, "el partido mayoritario no es ni el liberal, ni el conservador, sino el agropecuario". Pero más allá del resultado de la negociación, las razones meramente políticas tendrán un peso importante al momento de levantar trincheras. Con la reelección como telón de fondo, la posición de los congresistas frente al TLC dependerá también de qué tan cerca o tan lejos del gobierno quieran aparecer ante la opinión pública. Aunque las bancadas y partidos políticos todavía no han destapado sus cartas, ya hay señales de que el camino que tendrá que recorrer el acuerdo bilateral en el Congreso será culebrero. La semana pasada, por ejemplo, el senador del Polo Democrático, Antonio Navarro, propuso preguntarles a los colombianos si aprueban o no el TLC. Radicó un proyecto para modificar la Constitución -que le atribuye al Congreso la función de "aprobar o improbar" tratados internacionales- y así someter el acuerdo bilateral a un referendo, que sería realizado al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias, en marzo de 2006. Además del escaso tiempo que tendría el proyecto para ser aprobado - pues requiere ocho debates en dos legislaturas-, es poco probable que la propuesta de Navarro tenga acogida. Algunos congresistas la han calificado de ser una jugada de oportunismo político que no tiene en cuenta la complejidad de un tema como el TLC. Navarro argumenta que el Tratado es una especie de plan de desarrollo y como tal no ve por qué los colombianos no puedan pronunciarse sobre él. De todos modos es difícil imaginar a cualquier colombiano analizando la infinidad de aspectos técnicos, cláusulas y notas al margen que contiene un tratado de esta naturaleza como para decidir si le conviene o no al país. La posición del liberalismo oficialista, de otra parte, se despejará en junio, cuando los liberales decidan si quieren que el ex presidente César Gaviria, ferviente defensor del libre comercio, asuma o no la dirección única del partido. Por lo pronto hay dos vertientes: una, al lado de Piedad Córdoba, se opone por principio al TLC y otra, en la que está Rodrigo Rivera, es crítica de la negociación pero está a la espera de sus resultados definitivos. Además están los conservadores y los uribistas de cualquier color político que muy probablemente serán aliados del TLC. Así, el escenario político que rodeará la ratificación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos no podrá ser más difícil. En plena campaña electoral, es alto el riesgo de que un debate técnico y complejo como el que exige el TLC termine reducido a discursos simplistas e incluso populistas. Sería perfectamente legítimo que el Congreso apruebe o desapruebe el TLC, si lo que está analizando es la conveniencia para el país en el largo plazo. Pero sería una irresponsabilidad que tome esta decisión, según los intereses electoreros del momento, cuando lo que está en juego es la suerte de la economía colombiana en muchos años por venir.
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