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| 12/11/1995 12:00:00 AM

LINEA ABIERTA

En enero del próximo año se abre la licitación para que dos operadores privados entren a competir con Telecom en el negocio de llamadas de larga distancia.

EN POCOS MESES, NI SIQUIEra un hablador de la talla de Cantinflas podrá quejarse por no encontrar línea en Colombia para 'pegarse' al teléfono en una llamada al extranjero o a cualquier ciudad vecina. Porque cada vez está más cerca el día en que el servicio de telefonía de larga distancia abra sus puertas para permitir la entrada de los operadores privados, dejando atrás el monopolio estatal de Telecom.
El Ministerio de Comunicaciones definió ya las reglas de juego del proceso, que quedará escrito en el Estatuto Básico, de manera que antes del 15 de diciembre próximo estén listos los pliegos de condiciones para quienes quieran participar en la licitación, que se abriría en enero y estaría adjudicada luego de cuatro meses de análisis de las propuestas. Se trata, sin lugar a dudas, de un negocio que le ha abierto los ojos a más de un inversionista, pues mueve cerca de 1.200 millones de dólares al año y tiene un permanente ritmo de crecimiento. La idea es que, al menos en el servicio de telefonía de larga distancia nacional, la 'guerra' entre operadores comience en 1997. Durante los dos primeros años, la red mínima que estos tendrán que cubrir será Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.
Luego de una gran discusión sobre cuántos nuevos operadores deben entrar, el gobierno decidió que lo mejor era crear un tripolio. Eso quiere decir que, además de Telecom, habrá dos nuevos competidores. Así mismo, las actuales empresas locales -como las Empresas Públicas de Medellín, Empresas Municipales de Cali o la Empresa de Teléfonos de Bogotá- podrán invertir en las nuevas sociedades. Sin embargo, para no atentar contra los principios de una sana competencia, habrá algunas limitaciones.
Por ejemplo, las empresas locales no podrán tener ni más del 25 por ciento del capital de la sociedad ni más del 40 por ciento del total de las líneas instaladas. En la ciudad sede de dicha empresa, el operador del cual es socio podrá dominar hasta el 50 por ciento del tráfico de larga distancia.
Todas las limitaciones durarán cinco años, plazo después del cual la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones hará una revisión de cómo va el negocio. Si en ese momento todo indica que ya se puede entrar en el camino de la apertura total, se tomarán decisiones en ese sentido. Lo que no se quiere es arrancar desde ahora con un sistema totalmente libre, para evitar posibles distorsiones en el mercado y perjuicios para las empresas que se metan a la 'guerra'.
Los operadores que entren lo harán bajo un sistema de concesión, el cual se otorgará por 10 años, prorrogables automáticamente por otros 10 con un plazo de exclusividad de siete. La forma de cobrar las dos licencias que se otorguen será una cuota que irá entre el 2,0 y el 3,0 por ciento de los ingresos brutos de la sociedad, además de un precio inicial que será establecido luego de una puja entre los competidores con un valor mínimo de 100 millones de dólares -unos 100.000 millones de pesos-. Aunque aún no se sabe cuánto recibirá el Estado con la licitación, los cálculos hablan de una cifra superior a los 700 millones de dólares que podría llevar incluso a los 1.000 millones de dólares.
Con la definición de las reglas de juego de la larga distancia, el gobierno dio un paso más en el camino de abrirle las puertas al sector privado para que entre al jugoso negocio de las telecomunicaciones. Este ya ha participado en los servicios de valor agregado y en las concesiones para la telefonía celular. Así mismo puede operar empresas de telefonía local en regiones como Barranquilla con la empresa mixta Metrotel. Además ha participado en contratos de asociación como los que ha firmado Telecom para la instalación de nuevas líneas.
El principal impacto de esa nueva política ha sido un aumento en la inversión particular dentro del sector, que de ser casi nula en 1990 pasó a 270.000 millones de pesos en 1994.
A pesar de que esa suma es grande, no es mucho si se compara con lo que se espera para los próximos años. La idea del gobierno, de acuerdo con cifras de abril pasado, es captar 1,3 billones de pesos de inversión privada en el sector en los próximos cuatro años, lo que equivale al 37 por ciento de la inversión total en telecomunicaciones. Eso significa un incremento cercano al 330 por ciento con respecto a los recursos invertidos en el cuatrienio anterior.
Lo que quiere el gobierno con la privatización de la larga distancia es lograr que la competencia mejore la calidad del servicio, y a la vez, reducir las tarifas que cobran los operadores. Según los cálculos de la firma de consultoría Booz Allen & Hamilton, éstas bajarían entre un 3,5 y un 19,7 por ciento, dependiendo del estrato socioeconómico de los consumidores -ver cuadro-. Así mismo, la idea es que los ingresos de la Nación aumenten por concepto de impuestos y contaprestaciones.
Como es lógico, también habrá un sacrificio por el lado de Telecom, pues pasará de tener la totalidad del jugoso negocio de la larga distancia a contar con el 40 por ciento dentro de 10 años, pues tendrá que compartir la torta con sus dos nuevos competidores. Eso significa que será necesario pensar en un mayor apoyo financiero para la compañía para sostener los negocios menos rentables y las obligaciones pensionales.
Pero así como habrá reducción en los ingresos por la pérdida de participación y por las menores tarifas que se le cobren al usuario, habrá una compensación por el lado de la demanda. De acuerdo con Booz Allen & Hamilton, el tráfico de llamadas se incrementará de tal manera con la entrada de los nuevos operadores, que de 3.692 millones de minutos hablados en un año a nivel nacional y 387 millones en llamadas internacionales se pasará a 14.374 millones y 1.685 millones respectivamente en el 2005, aumentos sorprendentes en ambos casos, cercanos al 300 por ciento.
El Ministerio de Comunicaciones quiere repetir los éxitos que han vivido otros países que tomaron decisiones similares, aunque obviamente aspira a evitar los errores que cometieron algunos de ellos. El caso que se tomó como ejemplo fue el de Austria, donde la Ley de Telecomunicaciones de 1991 le dio vía libre a un sistema con dos operadores de cobertura nacional, que entró en plena vigencia en 1992. Ese año el sector de telecomunicaciones en ese país logró un crecimiento del 64,6 por ciento y desde ahí ha mantenido un ritmo constante y permanente que aporta el 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto -PIB-. El volumen de llamadas también aumentó, en 10 por ciento, lo mismo que los ingresos de los operadores.
Pero así como el caso australiano resulta un espejo para imitar, la historia de la privatización de la larga distancia en Chile tiene muchas cosas para evitar, de acuerdo con el análisis de Booz Allen & Hamilton. Allí el proceso comenzó en 1988 y poco a poco entró en un esquema de libertad ampliada. La competencia que se abrió fue de tal magnitud que las tarifas llegaron a estar por debajo del costo, lo que afectó los balances de las compañías e incluso la viabilidad del negocio. De ahí que el gobierno de Colombia considere que es conveniente permitír la entrada de apenas dos nuevos operadores, así como controlar de cierta manera su libertad de operación.
Pero más allá de las buenas intenciones, lo que piden ahora los inversionistas interesados en uno de los más grandes negocios que tiene frente a sus ojos el sector privado es que haya claridad y transparencia en el proceso de selección de los operadores, así como en la etapa posterior, cuando se encienda la competencia. De lo contrario, el sistema no sólo castigará a quienes hablen tanto como Cantinflas sino a todo el que quiera tocar un teléfono, bien sea para operarlo o para utilizarlo en una simple y cotidiana llamada de larga distancia.
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