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| 3/15/2014 2:00:00 AM

Las obras que se complican por el efecto 'Cóndor'

Si no aparece un interesado que se quede con las pólizas de cumplimiento de Seguros Cóndor en liquidación, varias obras quedarían desprotegidas.

En diciembre del año pasado, la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación de Cóndor, Compañía de Seguros Generales. Para muchos la noticia no pasó de significar más que el fin de una aseguradora cuyos orígenes se remontan a 1957.

Sin embargo, la realidad es otra y mucho más delicada. La salida del mercado de esta compañía está causando un gran impacto en el sector asegurador y el de la infraestructura y tiene en ascuas a cientos de contratistas privados y entidades públicas, principalmente.

La preocupación radica en que la principal actividad de Seguros Cóndor era la comercialización de los ramos de cumplimiento –equivalía al 87 por ciento de su negocio–, es decir, aquellas pólizas que amparan contratos correspondientes en su mayoría a proyectos de obras públicas. El énfasis de esta compañía estaba puesto en el aseguramiento de obras de infraestructura, arrendamientos, cauciones para procesos judiciales, contratistas públicos y transporte público.

Si bien Cóndor no era una de las más grandes compañías en el ramo de cumplimiento, sí era una jugadora relevante porque, por lo general, estaba dispuesta a asumir muchos más riegos que sus competidores en el mercado. Y esos riesgos estaban concentrados en el sector público.

Se estima que alrededor de 32.000 pólizas de cumplimiento que fueron expedidas por Cóndor podrían quedar en el limbo a partir del 20 de junio, plazo que dio la Superintendencia Financiera para la terminación automática de las mismas, según la resolución 2211 del 5 de diciembre de 2013.

Es decir, los tenedores de dichas pólizas podrían quedar sin respaldo para cubrir un eventual siniestro. Dentro de los posibles afectados están varias entidades públicas que figuran como beneficiarias de pólizas constituidas en esa compañía. Entre estos, el Instituto Nacional de Vías (Invías); la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); la Agencia Nacional de Minería (ANM); el Ministerio de Vivienda; el Fondo Nacional de Vivienda (FNV); la Aeronáutica Civil; el Banco Agrario, Coljuegos y varias alcaldías y gobernaciones.

Dentro del portafolio de proyectos que cuentan con pólizas expedidas por Cóndor están el Túnel de la Línea; varios operadores de la Fase III de TransMilenio; nueve concesiones portuarias y viales a cargo de ANI, entre ellas el Puerto Pensoport en La Guajira; la Sociedad Portuaria de Tumaco; un tramo de la doble calzada Bogotá-Girardot; la malla vial del Meta, la vía entre Cartagena y Barranquilla. También las obras para la ampliación del acueducto de Villavicencio; algunos programas de vivienda de interés social, la concesión portuaria del río Dagua.

Es decir, muchas obras importantes para el país podrían quedar en riesgo, si no consiguen una nueva compañía que les expide las respectivas pólizas.

La Contraloría envió una circular a los representantes de estas entidades para que soliciten la sustitución de las pólizas antes de que se venza el plazo fijado por la Superintendencia. La Procuraduría también hizo la advertencia, teniendo en cuenta que existen riesgos que pueden comprometer el patrimonio público.

Pero el asunto no es tan sencillo de resolver y allí es donde el problema se agrava. En el mercado asegurador hay una verdad de a puño, según la cual a ninguna compañía le interesa asumir un riesgo en curso.

Además, en el caso de las pólizas de cumplimiento, por ley, las condiciones con que se suscribieron los contratos no se pueden cambiar, y el asunto es que los estándares con que trabajaba Cóndor estaban por debajo de la mayoría de compañías del mercado, lo que dificulta encontrar un interesado en quedarse con estas pólizas.

Es vox pópuli en el sector que Seguros Cóndor no cumplía con todas las exigencias de la regulación para la industria aseguradora, tomaba riesgos mayores de los que podía asumir y en algunos casos no contaba con el respaldo de reaseguradoras. Estas, entre otras, fueron precisamente las razones por las cuales la Superintendencia Financiera, desde abril de 2012 la tenía bajo vigilancia especial. Posteriormente en agosto de 2013 ordenó la toma de posesión pues la compañía presentaba defectos en su capital mínimo y no tenía un patrimonio adecuado.

En el sector asegurador y también de la infraestructura hay gran preocupación. Muchos piensan que el gobierno tiene que resolver este caso para no dejar a la gente colgada de la brocha, pues tomaron las pólizas en un acto de buena fe y ahora se verían afectados.

María Inés Agudelo, directora del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), la entidad que tiene a su cargo el manejo de la liquidación de Cóndor, le dijo a SEMANA que hay un 80 por ciento de probabilidades de que las pólizas se vendan en un solo paquete antes del 20 de junio.

La funcionaria reconoce que el tema es complejo pero afirma que se están buscando todas las opciones para encontrar una rápida salida al tema.

Extraoficialmente se conoció que hay una compañía de capital extranjero que estaría interesada en recibir el paquete de pólizas de cumplimiento. Algunos analistas del mercado son escépticos frente a la posibilidad de que aparezca una empresa dispuesta a asumir estos riesgos en curso, pero fuentes del gobierno indicaron que el negocio va muy adelantado.

Si bien la responsabilidad para que los proyectos no queden desamparados corresponde a los contratistas, algunos piensan que el asunto es tan grave que el gobierno debería declarar la urgencia manifiesta, terminar todos los contratos de estas obras y firmar unos nuevos, con los riesgos que ello conlleva.

Sugieren también que el gobierno contrate con la Previsora, la aseguradora estatal, para que esta se haga cargo de las pólizas y a su vez busque un reasegurador. Si nada de esto funciona, algunos creen que un mecanismo al que se podría acudir es a las garantías bancarias y cartas de crédito, que son más costosas que un seguro.

Cabe anotar que los contratos del ramo de responsabilidad civil, que también operaba Seguros Cóndor, se cedieron en paquete a la compañía española Mapfre.

Respaldando una mega obra


Dentro de las grandes obras de infraestructura que se podrían frenar si no se resuelve el tema de Cóndor está el Túnel de la Línea (8,5 kilómetros), un proyecto con el que el país ha soñado para desembotellar el paso entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío). El proyecto se adjudicó en 2008 y se tasó en 629.000 millones de pesos, una cifra inferior en 300.000 millones a lo que en realidad valía, según expertos del sector. En su momento, el tema de los seguros fue el principal obstáculo para empezar las obras. Las aseguradoras no estaban dispuestas a amparar un proyecto tan costoso, con largos plazos de ejecución y con altos riesgos. Sin embargo, Cóndor fue la única compañía que se le midió y expidió las pólizas de cumplimiento a cerca de 12 empresas que hacían parte de la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC) que se ganó la licitación.

Lo que muchos temen es que ahora por cuenta de los seguros, el túnel sufra otro retraso. Desde que comenzaron las obras, el cronograma se ha modificado en tres ocasiones. Se estimaba que estaría listo para mediados del año pasado, tanto el túnel como las obras complementarias, sin embargo, todo indica que solo estará listo para finales de 2014. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, le dijo recientemente al periódico El Colombiano que se espera utilizar el túnel al terminar el primer semestre de 2015.

El gobierno asegura que estas grandes obras que estaban amparadas por Cóndor no se quedarán en el aire, porque tendrán que encontrar una salida. Pero más allá de que se solucione este problema, la verdad es que lo sucedido es un campanazo para todos. Para los contratistas que deben cuidarse más a la hora de buscar quién los asegura y para el gobierno que debe ser más exigente cuando da el visto bueno a los requisitos que presentan los contratistas.
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