Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2006/10/21 00:00

¡Llevaron del bulto!

El gobierno tiene listo el decreto para intervenir los precios del cemento esta semana. ¿Qué hay detrás de tan radical decisión?

“No habrá más aumentos en los precios del cemento durante un tiempo que comprenderá buena parte del año entrante”, dijo a SEMANA el ministro de Vivienda, Juan Lozano

Hacía mucho tiempo no se veía un enfrentamiento de ese calibre entre el gobierno y el sector empresarial. Mucho menos en la administración del presidente Álvaro Uribe, que si por algo se ha caracterizado en estos cuatro años es por ser proempresa privada y amiga de los industriales. Por eso sorprendió tanto la orden que le dio la semana pasada el Presidente a su ministro de Vivienda, Juan Lozano: "Llame a los señores productores de cemento y logre un acuerdo de precios con ellos, o los intervenimos".

El ultimátum del Presidente dejó con los pelos de punta a los cementeros. Con tan mala suerte para ellos, que coincidió con una multa por 2.300 millones de pesos que les clavó la Superintendencia de Industria por incumplir un pacto sobre información de modificación de precios, al que se habían comprometido en diciembre pasado. La cosa es tan grave, que al cierre de esta edición el ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero, ultimaba los detalles del decreto para intervenir los precios del cemento.

¿Qué es lo que está pasando con los precios de este material? ¿Amerita una intervención estatal que haría revolcarse en su tumba al propio Adam Smith, padre de la economía de mercado? ?

La guerra del cemento

La pelea por el precio del cemento comenzó a principios de 2005, cuando los precios de este material comenzaron a bajar dramáticamente. En cuestión de meses, el bulto del producto llegó a 7.000 pesos, luego de estar por encima de los 20.000. Cementos Andino, una de las cementeras afectadas por la caída en la cotización, pidió a la Superindustria una investigación para determinar si se estaba dando un pacto de precios entre los grandes productores, con el fin de sacarla del mercado.

La Superintendencia abrió entonces investigación formal por presunto acuerdo de precios entre tres compañías -Argos, Holcim y Cemex-. La idea, en últimas, era determinar si se habían puesto de acuerdo para vender por debajo del costo, una práctica que en el mundo de los negocios se conoce con el nombre de dumping. Frente a ese presunto cartel, en el mes de diciembre de 2005 los tres investigados le ofrecieron a la Superintendencia un trato: concluir la investigación a cambio de asumir ciertos compromisos.

Y así fue. La Superintendencia cerró la investigación por prácticas restrictivas y las tres cementeras se comprometieron a dos cosas. Una, a no vender por debajo de los costos variables medios. Y dos, a que en el evento de modificar los precios, mantendrían a disposición de la Superintendencia toda la información al respecto. Es decir, le mostrarían los soportes documentales y los criterios para el respectivo cambio de cotizaciones. Pero en caso de que no lo hicieran, pagarían unas pólizas de incumplimiento, cada una por 816 millones de pesos.

Para verificar si Holcim, Cemex y Argos estaban cumpliendo con este pacto, en mayo de este año la Superintendencia realizó una visita a las tres compañías. En esa investigación encontró que Holcim y Cemex aumentaron los precios entre el primero de enero y el 23 de mayo. El problema, según la Superintendencia, es que no tenían los soportes documentales al respecto. Y por eso, el pasado 11 de octubre les clavó una multa, o mejor, les hizo efectivas las pólizas por incumplimiento: una de 816 millones de pesos para Cemex, y otra de 1.526 millones de pesos para Holcim (que además de la investigación de Cementos Andino, tenía otra de Cementos Oriente).

Los problemas con las cementeras no terminan ahí. Hay otra investigación en curso de la Superintendencia también por un presunto acuerdo de precios. Sólo que esta vez, ya no es porque los precios hayan caído abruptamente, sino por todo lo contrario: porque están subiendo endemoniados.

Resulta que desde cuando Cementos Andino fue adquirido por Cementos Argos, en noviembre del año pasado, los precios del cemento no han parado de subir. Como por arte de magia, el precio del bulto de cemento comenzó a repuntar. Sólo en el mes de diciembre este aumentó en un 40 por ciento y ahora se mueve en los 16.000 pesos, después de que hace un año estaba en los 7.000. Esa repentina alza hizo pensar a la Superintendencia que se trata presuntamente de un acuerdo de precios y no fruto de las reglas del mercado. Por esa razón, les abrió investigación formal y les formuló pliegos de cargos.

La etapa probatoria de ese proceso termina en diciembre. Sólo en ese momento se sabrá si existió o no una concertación entre las tres compañías cementeras para subir los precios. En cualquiera de los dos casos, la Superintendencia de Industria no les puede ordenar bajar el precio. Lo máximo que puede hacer en caso de encontrar una irregularidad es imponer una multa. Y esta, si mucho, es de 820 millones de pesos. ¿Qué son 800 millones de pesos para tres empresas multinacionales que facturan miles de millones de dólares al año?

Sin embargo, el gobierno no parece estar dispuesto a quedarse con los brazos cruzados mientras sigue subiendo el precio del cemento. Y por una simple razón: su precio equivale al 8 por ciento de los costos de la Vivienda de Interés Social (VIS). Y un 8 por ciento para un pobre es mucha plata. Y lo es también para los constructores de vivienda social, cuyo negocio les deja un margen de ganancia del 2 por ciento, en el caso de la VIS tipo I, según cálculos del Ministerio de Vivienda.

Por eso la decisión gubernamental de intervenir los precios del cemento. Al cierre de esta edición, el Ministro de Comercio e Industria se encontraba determinando el tope máximo en que se fijarán los precios para el bulto de cemento.

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia del país. Los únicos mercados en los que el gobierno ha metido la mano son el de los medicamentos, por ser un producto esencial, y el de la leche, aunque en ese caso fue en el precio a los productores. Que un gobierno intervenga mediante un decreto los precios al consumidor de un mercado en teoría perfecto es algo excepcional.

Hay quienes dicen que sería un pésimo precedente y una desafortunada señal de intervencionismo estatal que sería mal recibida por la comunidad empresarial, tanto nacional como extranjera. Además, que se trata de una cortina de humo para ocultar los otros problemas de la vivienda social, como la escasez de subsidios, la falta de tierras y la misma tramitomanía en los créditos.

En parte tienen razón. Es preciso revisar el acceso a la tierra y la voluntad política de alcaldes y de banqueros con el fin de quitarle trabas a la VIS. Pero también es un hecho que el alza del cemento sí está afectando este tipo de construcción. Y las ínfimas sanciones económicas de la Superindustria no van a espantar a nadie para no seguir haciéndolo. Por eso el Ministerio de Comercio trabaja en un proyecto de ley que presentará al Congreso en los próximos días para subir las multas a las empresas . La propuesta busca subir el tope de 800 millones a 800.000 millones de pesos.

La pelea entre gobierno y cementeras va a estar al rojo vivo. En cuanto a la sanción de la Superintendencia, las dos compañías multadas van a tomar cartas en el asunto. La holandesa Holcim ha dicho en un comunicado de prensa que apelará la decisión pues, a su juicio, la Superintendencia se "abstuvo de aplicar el debido proceso, pruebas y argumentos". La mexicana Cemex, por su parte, ha manifestado que aún no le han notificado esa decisión y prefiere esperar a leer la resolución. "De todas formas, si no estamos de acuerdo, interpondremos un recurso de reposición. Y si el superintendente lo revoca, lo demandamos ante el contencioso administrativo", dice Camilo González, director jurídico de Cemex.

En cuanto a la decisión del gobierno de intervenir los precios, las cosas van a estar complicadas. El presidente de Argos, José Alberto Vélez, ha dicho que si el gobierno interviene los precios, se afectaría la inversión en esa industria. Hace unos días, Vélez advirtió que una fijación de los precios por decreto echaría a perder las inversiones programadas en la industria cementera en Colombia. ¿Significa eso que Argos ya no construirá una planta de 350 millones de dólares en la Costa colombiana?

Nadie lo sabe. Lo único cierto, por el momento, es que no será la mano invisible de Adam Smith sino la mano fuerte del Estado la que le ponga remedio a la situación. n

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