Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1980/12/11 00:00

Los elegidos

Por primera vez se conoce lo que le cuestan al país las exenciones de impuestos. Muchos huecos se han abierto en el fisco para favorecer a distintos grupos de privilegiados.

Los elegidos

Mientras mas advierten desde el Ministerio de Hacienda y desde el Congreso que la plata de la Nación no alcanza y más el Contralor dice que la deuda pública está creciendo a un ritmo peligroso, más comienzan a quedar en evidencia los sectores privilegiados que hoy están exentos parcial o totalmente de pagar impuestos a la renta.

Desde los colegios y las universidades privadas hasta las empresas editoriales o los ganaderos hacen parte de los grupos que han sido beneficiados por la ley.

Lo que dejará de recibir el fisco en 2004 por cuenta de estos tratamientos especiales en el impuesto de renta, según cálculos que por primera vez hace la Dian, es de 4,7 billones de pesos. Esto equivale a lo que planea pagar el gobierno en salarios a todos los soldados, policías y funcionarios que trabajan en el sector de seguridad y defensa durante el próximo año. Y es la primera vez que se conoce públicamente la cifra porque así lo exigió la nueva ley de responsabilidad fiscal: que con cada presupuesto el gobierno mostrara cuánto le cuesta mantener las exenciones que se han dado a lo largo de las sucesivas reformas tributarias. La última de ellas, aprobada en diciembre de 2002, por ejemplo, dispuso eliminar gradualmente o limitar algunos beneficios, pero creó otros 10. ¿Cuáles han sido los sectores 'elegidos'?

En primer lugar la Dian agrupa, bajo la categoría de 'Otros Servicios' a infinidad de sectores que incluyen desde entidades públicas hasta cajas de compensación familiar. Los beneficios en el pago del impuesto de renta otorgados a este amplio grupo, en el que están clasificados más de 115.000 personas o entidades, le cuestan al país 1,2 billones de pesos. De estos, casi la mitad están concentrados en 10.900 casos que le dicen a la Dian cuánto ganan pero que la ley los exime de pagar impuesto de renta.

Una parte importante de quienes reciben beneficios en esta categoría son las universidades y hospitales sin ánimo de lucro. Si bien el gobierno dice que estos reemplazan al Estado en sus funciones y por lo tanto está bien que no se les cobre impuesto de renta, algunos expertos y funcionarios consultados por SEMANA sostienen que los casos de las universidades y clínicas privadas merecerían al menos un debate. Citan, por ejemplo, el argumento de que por el alto precio que cobran por sus servicios, es un hecho que pocos colombianos pueden acceder a ellos y, entonces, cabría preguntarse si no es una forma de privilegiar aún más a los más ricos. Los defensores de estas exenciones sostienen que si tuvieran que pagar impuestos tendrían que cobrar sus servicios tan caros que ahí sí sólo unos pocos muy ricos podrían acceder a ellos y, la sociedad en general, podría quedarse sin los beneficios de sus aportes científicos y culturales.

El segundo grupo es el de las entidades financieras y aquellas personas que viven de los intereses y rendimientos de sus inversiones. Aquí pesa mucho el Banco de la República, cuyas utilidades están exentas porque, de cualquier forma, van a parar el gobierno. El costo de estos beneficios asciende a 1,1 billones de pesos, la mayoría correspondientes a ganancias que se restan antes de calcular el pago del impuesto de renta. En el caso de los bancos, sin embargo, este tipo de beneficios es mínimo en comparación, por ejemplo, con lo que deducen de sus ingresos por cuenta de los deudores morosos. Es decir, a la postre, los bancos terminan pagando más impuesto de renta cuando logran cobrarles a los deudores incumplidos.

Los asalariados son el tercer grupo de colombianos que gozan de beneficios especiales. La ley dice que 25 por ciento del salario no debe tenerse en cuenta para pagar impuesto de renta y por esta razón los empleados dejan de pagar 793.000 millones de pesos. Este beneficio parece bastante justo, pero no lo es tanto cuando se mira quiénes son los que gozan de él. Según datos del Dane sólo 4 por ciento de los colombianos formalmente empleados ganan más de dos millones de pesos y, por tanto, comienzan a pagar retención en la fuente -que equivale a pagar poco a poco el impuesto de renta. Además, por simple aritmética, quien gana 15 millones de pesos deja de pagar sobre una mayor parte de sus ingresos que quien gana dos millones. Aunque la última reforma tributaria puso un límite a los ingresos laborares exentos, todavía es cierto que este beneficio cobija a un grupo de colombianos que, en comparación con la mayoría, está en una situación privilegiada.

Los privilegios que la ley le ha dado a universidades, algunas cooperativas o los asalariados pueden ser discutibles, pero nadie niega que benefician a grupos amplios de población. Hay, en cambio, beneficios tributarios dirigidos a sectores económicos muy específicos o a regiones que han tenido catástrofes naturales, que son blanco de mayores críticas.

Los beneficios de la Ley Páez, que se otorgaron como un alivio tras la avalancha que afectó a nueve municipios del Cauca en junio de 1994, se fue ampliando poco a poco hasta cubrir una región de 47 municipios del Huila y del Cauca, según un estudio de la Contraloría. Este estudio señala además que la extensión de los beneficios a los socios de las empresas radicadas en esa región ha hecho muy difícil ejercer control sobre quienes en realidad estaban dejando de pagar impuestos. Y los resultados, en términos de generación de empleo o reactivación en la zona, no han sido tan significativos. Otra ley muy parecida, aunque enfocada en la zona del desastre, es la del Eje Cafetero o Ley Quimbaya. Expertos en el tema, como el ex ministro Juan Camilo Restrepo o el ex contralor Carlos Ossa Escobar, insisten en que el Estado, en lugar de correr a expedir este tipo de leyes cuando ocurre una tragedia, debería invertir directamente en la zona, pues esto permite más transparencia y control sobre si se cumple o no con los objetivos propuestos. Lo que dejará de recaudar la Dian en impuesto de renta para el próximo año por estas dos leyes suma 86.000 millones de pesos.

Lo más reciente en materia de exenciones estuvo a cargo del actual gobierno. Los hoteles, los cultivadores de palma de aceite, cacao, caucho y frutales para exportar son algunos de los nuevos 'elegidos'.

No sólo es materia de discusión si se han debido otorgar estos privilegios a grupos tan pequeños, en plena crisis fiscal, sino también cuánto valen. Determinarlo depende de lo que se considere por fuera de lo normal, es decir, aquellas rentas sobre las que el gobierno podría cobrar impuestos pero no lo hace. Más aún, algunas exenciones se otorgan para evitar que se pague impuesto dos veces sobre lo mismo, como es el caso de los dividendos que reciben los socios que ya han sido gravados como utilidades de las empresas. Esta práctica, sin embargo, es permitida por la legislación de algunos países

Detrás de cada beneficio hay una razón. Unas perfectamente válidas, como no poner a pagar impuestos a quienes menos ganan o la decisión estratégica de fortalecer determinado sector económico o región o de estimular la ciencia o la cultura. Otras menos justificables, y más bien producto del cabildeo que pueden ejercer ciertos grupos, a última hora, cuando el Congreso se alista a aprobar los artículos finales de una nueva reforma tributaria. El problema está en que no es fácil determinar cuándo una exención cumple con un propósito social que responde al interés público y cuándo a uno particular. Tampoco es fácil evaluar el impacto sobre el sector o la actividad que pretendía estimular o proteger, y casi nunca se hace. Y no hay que olvidar, en todos los casos, que lo que dejan de pagar los 'elegidos' lo terminan pagando el resto de colombianos.

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