"Los nacionales no deben perder el control de las empresas"

SEMANA: En el pasado, los empresarios se movieron entre lo público y lo privado, pero ahora esta cercanía trae riesgos de corrupción. ¿Usted lo cree así?

NICANOR RESTREPO SANTAMARÍA: Yo creo que proximidad, cercanía o cooperación no significa corrupción, de ninguna manera. Es un colombianismo pensar que estar cerca de lo público es tratar de corromperlo. Para que haya corrupción no hace falta estar cerca o lejos del sector público

Muchos de los empresarios antioqueños ocuparon cargos públicos y de los puestos públicos pasaron a los privados. Eso no tiene nada que ver con la corrupción.

En el mundo entero es común y corriente que personas pasen del sector público al privado. Es el caso de Europa, se da todos los días, y eso no quiere decir que haya necesariamente colusión.

El empresariado antioqueño, hasta finales de los años 60 jugó un papel importante tanto en lo privado como en lo público. Pero hay que decir que, entonces, el Estado tenía menos instrumentos para el trazado de la política económica. El empresariado antioqueño en particular –que era muy influyente en el movimiento empresarial nacional– estuvo muy cerca del Estado, no solo contribuyendo con sus opiniones, comentarios y críticas, sino que ayudó a fortalecer la democracia y a establecer unas políticas públicas que permitieran que el país transitara por una senda de desarrollo económico.

Lo que pasa es que a partir de los años 70, el papel político de los empresarios en general, especialmente los antiqueños, se hizo más tenue y se ausentaron fundamentalmente de los puestos de elección popular nacional, o sea el Congreso de la República.

La tarea de gobernar y sacar un país adelante e impulsar el desarrollo económico no compete exclusivamente a los gobiernos nacional y local, sino que es una responsabilidad de los ciudadanos, y los empresarios son unas de las instituciones, no la única, que están llamadas a cooperar en la búsqueda de un modelo de desarrollo económico justo, equitativo y dinámico.

SEMANA: Hay crítica a la llamada puerta giratoria –funcionarios que salen de sus cargos y de inmediato se vinculan al sector privado–. Usted, en su libro, dice que hay tantas asociaciones cuantos exministros necesitan puestos al terminar sus períodos. ¿Hay que poner límites?

N.R.S.: La Constitución puso límites ya. En el ejercicio de ciertas dignidades hay unas incompatibilidades. Una persona que ocupa una posición en una agencia del Estado o un ministro tiene unas incompatibilidades para litigar, trabajar o contratar y tener relaciones con la entidad donde trabajó.

Me parece que el pasar de lo público a lo privado o de lo privado a lo público no conlleva necesariamente compromisos ni contrapartidas. Hay evidentemente limitaciones que son de caracteres normativo y ético. Trabajar con quien se controla no lo encuentro yo bien, por lo menos en el corto plazo. Pero ese paso de lo público a lo privado es normal en la sociedad capitalista actual, no solamente en Colombia.

SEMANA: A propósito de esta relación, ¿cómo ve el tema de la financiación de las campañas políticas por parte de los privados? Muchas veces terminan pagándose favores, como el carrusel de la contratación en Bogotá.

N.R.S.: En el apoyo financiero a las campañas políticas, la ley tiene ya limitaciones que se han venido endureciendo para evitar, justamente, la colisión. Seguramente pueden ser más severas. Yo creo que como en muchas otras sociedades, la financiación de la actividad política casi que va a ser de cuenta del Estado para evitar que haya intromisión de los intereses privados o particulares. Fíjese lo que cuesta hoy la elección para el Senado de la República. Son cifras tan grandes, que quien tenga esa cifra de sus recursos propios, pues felicitaciones, pero si las ha conseguido con alguien son sumas tan grandes y generosas para apoyar a un simple legislador, que despierta dudas. Yo creo que se debe endurecer más la norma de financiación de campañas políticas en general.

SEMANA: Usted menciona en su tesis que, en el pasado, la falta de capacidad del Estado para coordinar la política económica y social motivó la creación de múltiples asociaciones patronales (gremios). ¿Lo sigue viendo así?

N.R.S.: Yo veo desde hace unos años que el Estado tiene mucha más fuerzas de interlocución en la definición de políticas económicas. Recordemos cómo surgió la Andique: se fundó por instancias del presidente Alfonso López Pumarejo en el año 1944. Fue el Gobierno el que le pidió al sector privado que hicieran una asociación que sirviera de interlocutor. Y durante muchos años –como lo digo en el texto–, el Estado era muy raquítico desde el punto de vista humano y el técnico para determinar algunas funciones. Pero el Estado –lo digo allí– se vino fortaleciendo. Por ejemplo, en las instituciones públicas hay muchos más doctores que en las privadas. De tal manera que la interlocución hoy es mucho más sofisticada; los argumentos tienen que ser mucho más sólidos; la convicción tiene que estar sustentada en argumentos más técnicos. Hoy el Estado tiene muchas más fuerza y capacidad para trazar sus políticas. Antes de los 70 era un Estado muy raquítico.

SEMANA: ¿Cómo ve la interlocución entre los empresarios y el Gobierno? ¿El Consejo Gremial Nacional es una buena representación del empresariado?

N.R.S.: Primero que todo, el Consejo Gremial Nacional (CGN) es una figura, no una institución. Se compone de una suma de gremios y asociaciones que es más activa o menos activa dependiendo de las relaciones que tengan con los gobiernos. Fue muy activo en el gobierno Samper, bastante modesto en el gobierno que terminó. No hay una estructura de asociación cúpula como existe por ejemplo en Francia, en Perú, en España o en Venezuela. En varios países hay asociaciones cúpula que representan a todo el sector para efectos de negociaciones, como tema de salario mínimo o discusiones con los sindicatos. Aquí hay unos gremios que son más robustos que otros y tienen una voz más fuerte en la medida en que tienen una afiliación más representativa de su participción en la economía. Por ejemplo, la Andi, que a su alrededor congrega empresas que generan cerca del 50 por ciento del PIB. Una institución que tenga empresas que aporten esa riqueza a la economía tiene más voz que una asociación muy particular de algún sector que no tiene una contribución mayor.
Yo creo que la interlocución del Estado y las asociaciones se ha vuelto más fluida y de más fácil colaboración. También se han mantenido la autonomía y la libertad de expresión que deben primar para apartarse y cuestionar posiciones del Gobierno. Pero tengo la impresión de que a pesar de que no existe una organización cúpula en Colombia, a través de las diferentes asociaciones que a veces se agrupan para determinados comentarios o posiciones o frente a una coyuntura a través del CGN, se logra la representatividad.

SEMANA: ¿Cree que hace falta un gremio cúpula?

N.R.S.: En países como Francia existe el Medef, que es el movimiento empresarial nacional que reúne empresas agricultura, industriales grandes y pequeños. Cuando hay negociaciones salariales, el Medef representa a todo el empresariado. En Colombia no se ha llegado nunca a eso. Hay asociaciones más robustas, al no darse una sola que represente a todo el sector, eso dificultad la comunicación empresarial y estatal. En España existe el CEOE; en Perú, Confiep; en Venezuela, Fedecámara.

SEMANA: Con la globalización, parece que el poder se ha concentrado en las administraciones de las compañías, es decir, en los gerentes o presidentes. Muchos lo critican, ¿usted cómo lo ve?

N.R.S.: No tengo la menor duda de que las administraciones en general en el sistema societario moderno tienen una fuerza muy grande y por eso es muy importante morigerar su poder, a través de los códigos de buen gobierno corporativo que les dan obligaciones a los administradores de rendir cuentas y que haya representatividad de externos en las juntas directivas, entre otros. Se ha tenido que crear mecanismos para moderar el poder creciente de las administraciones, que es normal en el proceso de concentración de las sociedades accionarias en el mundo entero. Cuando hablo de concentración no se entienda que se han quedado en manos de dos ricos o tres. En el caso de Colombia ha habido un fenómeno interesantísimo y es el aumento de la participación de los fondos de pensiones en las sociedades. Eso es una extraordinaria forma de democratización porque tienen millones de propietarios, que son los ahorradores de los fondos. Entonces concentración no es sinónimo de oprobio, este es más bien un caso de democratización de la propiedad a través de los fondos de pensiones.

Pero como eso les crea poder adicional a las administraciones, es necesario que se busquen mecanismos que limiten y que exijan que ese control se tenga que hacer público, a través de actos que demanden la presencia de directores externos en las juntas de auditores independientes con rotación permanente. El proceso de concentración de poder en la administración ha tenido que ser moderado a través de normas de gobierno corporativo.

SEMANA: Dentro de las iniciativas que nacieron del empresariado están el sistema de subsidio familiar –cajas de compensación– y también el Sena. Hoy hay gran preocupación porque esto se ha convertido en una carga muy pesada para la nómina. ¿Cree que es hora de desmontarlo?

N.R.S.: Hay una discusión muy grande sobre los costos de los parafiscales y también el aporte de las empresas en la construcción de la seguridad social y el bajísimo aporte de los empleados. En las cotizaciones, lo que aporta la empresa es la mayoría. Los costos indirectos en las nóminas en Colombia son muy altos y parte de eso está relacionado con esas instituciones como Bienestar Familiar, el Sena o las cajas de compensación y otros parafiscales que les han ido colgando. Hay una discusión sobre la bondad de esos costos indirectos de la nómina que ponen a muchas empresas en posición no competitiva internacional.

De lo que no hay duda es que alguien tiene que financiar la seguridad social. Una des-financiación de la seguridad social sería un caos. Seguramente se tendrá que dar esa discusión, pero veo que será muy difícil que se disminuyan dramáticamente las cargas. Hay tentaciones a cambiar la destinación de esas cargas parafiscales. Por ejemplo, se han planteado dirigir las platas de las cajas a otros temas como vivienda. El asunto es que hay tentaciones permanentes. Pero yo creo que no será fácil en el país, con una estructura de informalidad tan grande como la que tiene, bajar los costos indirectos. En el corto y el mediano plazo no lo veo yo posible.

No hay duda de que el sistema de subsidio familiar, independientemente de muchas cosas, sigue siendo un instrumento de redistribución muy importante. Es un elemento que genera equidad y que tiene ventajas de inclusión social muy grandes. Fíjese cuántos son los beneficiarios de las cajas, y no solo en el subsidio monetario, sino en todos los temas que tienen que ver con capacitación, recreación, cultura, de formación, de financiación de proyectos pequeños. Hay muchas cosas importantes. Seguramente hay excesos que hay que corregir, pero yo creo que el sistema de cajas es un instrumento con un alto sentido de redistribución y equidad.

SEMANA: Usted dice en su tesis de doctorado que el papel del sector patronal en la solución del conflicto armado en Colombia ha sido muy bajo. ¿El balance es frustrante?

N.R.S.: Yo pienso que sí. En otras palabras, creo que el sector privado estuvo en algunos de los procesos parcialmente comprometido, en otros episódicamente y en otros definitivamente por fuera. Pero no hay duda de que la participación del sector privado no es que haya cambiado los resultados, ni que haya tenido la capacidad de influir en que se encuentre una solución certera en el conflicto. Creo que no hay por qué descartar que el sector privado juegue un papel más importante, en la medida en que se llegue verdaderamente a una probable negociación política.

SEMANA: En este momento del conflicto, ¿usted ve posible una negociación?

N.R.S.: No tengo la menor duda de que el conflicto armado en Colombia terminará en una mesa. Cuándo o cómo, no tengo la respuesta. Lo otro es pensar en el exterminio y eso no es posible. El conflicto se va desarrollando, infortunadamente, con una dinámica que tiene una parte muy compleja y es que el verdadero nutriente del conflicto es el narcotráfico. Mientras la economía de la droga siga teniendo la fuerza y la pujanza que tiene, habrá nutrientes para los actores armados en la ilegalidad.

SEMANA: Con el crecimiento de la economía de la droga, se está agitando la tesis de que la penalización no resuelve el problema. ¿Usted comparte esta posición?

N.R.S.: Mientras se mantenga el mundo de la economía de la droga dentro de la ilegalidad y la clandestinidad habrá siempre una generación de excedentes que son de tal envergadura, que son suficientemente fuertes para oponerse a todos los Estados y no sólo al colombiano. Somos una Nación que infortunadamente participa dentro de una cadena de la droga, con un eslabón muy pequeño que es la producción –y parcial, tampoco completa–. Pero el valor de la economía de la droga en los países de consumo supera por muchísimas veces lo que recibe un país como Colombia. Yo pienso que es un problema de armonizar internacionalmente las políticas.

Tengo la lamentable creencia de que tardará un buen rato para que se llegue a darle un tratamiento a las sustancias alucinógenas y los psicoactivos similar al que se le da al tabaco o al alcohol, que es advertirle a la sociedad que son sustancias peligrosas, dañinas y nocivas para la salud y que como tal hay que controlarlas.

Que haya educación y formación para que la sociedad evite caer en sus riesgos. Que haya instrumentos del Estado para recuperar a los adictos y a personas que caen en sus influencias y que finalmente los precios se parezcan a los del alcohol. A las drogas hay que darles un tratamiento similar al que se les da al tabaco y al alcohol. De la persecución contra ellos no quedó nada. Quedaron frustraciones, muertos, daños, y los consumos siguieron. Mientras la droga siga siendo un negocio ilegal genera unos márgenes tan extraordinariamente jugosos que permiten armar ejércitos; corromper políticos, empresas, aduanas, bancos, todos los instrumentos que se requieren para mantener a flote una economía clandestina.

En la medida en que sea un negocio común y corriente. El rey del whisky yo me imagino que debe ser un señor muy rico, pero no debe tener grandes fortunas como las que amasan en los carteles.

Yo creo entonces que la humanidad tiene que cambiar hacia un proceso de despenalización acompañada de educación, formación y rehabilitación... Ojalá la humanidad sea capaz de dar ese debate. Yo pienso que el debate es mucho más trabajoso en los países consumidores que en los productores, porque allá es donde están acumuladas las enormes ganancias de la economía de la droga.

SEMANA: Hay un tema que siempre le ha preocupado al empresariado: la infraestructura. Hoy el asunto es más crítico que nunca. ¿Nos quedó grande este problema?

N.R.S.: La elite patronal siempre vio la infraestructura como un instrumento de integración nacional y así la apoyó. En este tema, Colombia es pobre y fuera de eso el conflicto armado nos demanda demasiado dinero en materia seguridad. Tenemos un país que tienen unas enormes necesidades. Ojalá que hubiera más recursos, pero a pesar de las limitaciones, creo que sí hay posibilidades de aumentar las inversiones, sobre todo a través de un régimen de coparticipación del sector privado como un sistema moderno y sofisticado de concesiones y con obras que sean de envergadura. Lo más triste es que estamos haciendo unos esfuerzos muy grandes que se quedan cortos. Mire el aeropuerto El Dorado, donde nos gastamos un dinero fenomenal y cuando termine, quedará corto. O la doble calzada, que se convierte en una. En lugar de hacer un túnel o un puente, exponemos los taludes a unos esfuerzos erosionales que nos dejan sin carreteras cada que llueve.

De tal manera que yo creo que a Colombia si le ha faltado una visión de la infraestructura mucho más moderna. Más sofisticada y agresiva. Una buena infraestructura es un elemento de desarrollo que fortalece la economía, porque los sobrecostos de una deficiente infraestructura son gigantescos en general para la sociedad. Le doy un ejemplo: En los Llanos altos de Tolima hay un excelente reservorio para producir arroz con la mayor eficiencia del mundo, igual a las más eficientes de Tailandia, pero sacar una tonelada de arroz de Ibagué a Buenaventura cuesta más que el arroz.

¿Qué nos ganamos con tener tenacidad, tierras, buena voluntad, si la infraestructura es mala? Claro que esa misma infraestructura también nos protege, también al que entra una tonelada por Buenaventura le cuesta más que el arroz. Yo creo que frente a la infraestructura el país necesita tener una visión más moderna y ambiciosa y acudir a formas de financiación que le permitan superar su déficit y su pobreza a través del sector internacional en materia de infraestructura.

SEMANA: Usted dice que en Colombia no ha existido voluntad política para controlar y sancionar el fraude fiscal. Ahora cuando se alista una reforma tributaria, ¿esto debería ser prioridad?

N.R.S.: Colombia nunca ha sido capaz de penalizar la evasión y el fraude fiscal, y ha habido muchos proyectos que llegan al Congreso y salen de allí con toda la discreción. Yo creo que en Colombia hace falta hacer un ejercicio de penalizar el fraude y de tener un sistema de recaudo que obligue a pagar impuestos a muchos colombianos que los evaden o los eluden. Espero que se pueda tener una reforma fiscal bien hecha que apunte a limitar y perseguir el fraude y todo lo que lleva a una baja captación de impuestos. Y creo que llegará el día en que haya que penalizar el fraude fiscal como otro delito. Porque es dinero de la sociedad del que se están apropiando los evasores.

SEMANA: El empresariado está preocupado por la revaluación del peso que afecta la competitividad, pero con la lucha de monedas que hay es poco lo que se puede hacer localmente…

N.R.S.: En el caso colombiano yo diría que es imposible buscar un sistema mientras tengamos un flujo de divisas como el que tenemos, por ser un país atractivo a la inversión internacional. Mire que este año ya serán 13.000 millones de dólares o más. Pero además mire que nosotros tenemos una paridad que está asociada al dólar, uno de los actores que están en la jungla monetaria internacional. Entones no creo que los gobiernos tengan herramientas para cambiar la tendencia de devaluación de monedas.

SEMANA.: ¿Le gusta la llegada del capital extranjero a comprar compañías locales?

N.R.S.: La contribución de las compañías multinacionales en el PIB va creciendo, pero su influencia en las políticas públicas es muy baja. Esto porque los extranjeros tienen limitaciones para actuar. En la medida en que el capital nacional, no solo de familias, sino de pequeños accionistas, de fondos de colombianos, mantenga el control de las empresas y que estas sean fuertes y robustas en la economía, la capacidad de influencia de esas empresas en la economía del país y en la sociedad va a seguir. Pero si se va deteriorando, serán decisiones que se toman yo no sé en qué país europeo, en qué capital americana o asiática. Si las empresas colombianas quieren seguir jugando su papel como socios de progresos y desarrollo del país, la propiedad se debe conservar en manos de nacionales. Eso no quiere decir que no haya posibilidades de accionistas internacionales, bienvenido, siempre y cuando el control se mantenga en Colombia.

SEMANA.: La inequidad en Colombia sigue siendo enorme. ¿Cómo romper esta trampa?

N.R.S.: El problema de equidad y distribución del ingreso tiene que ver con varias cosas y una fundamental es una política fiscal. Tiene que haber más recaudo para que haya más recursos para hacer políticas más inclusivas en términos de educación, asistencia a las personas más pobres, que incorpore, como lo está haciendo con subsidios transitorios, a muchos colombianos a través de planes como Familias en acción y otros. Como se están aplicando en Brasil. Encuentro que este gobierno es más claro en este sentido y tiene más compromisos con una política de incorporar más ciudadanos al bienestar al arrebatárselos a la pobreza y eso se tiene que hacer con recursos. Tiene que haber un recaudo de impuestos muy eficiente y eficaz. Además tiene que haber un compromiso de brindarle oportunidad de educación, vivienda, salud a la gente, que más lo requiere y entregarles subsidios para tener una vida con nivel de dignidad.

SEMANA.: ¿Cómo está viendo el gobierno del presidente Santos?

N.R.S.: Estoy viendo un gobierno muy interesado en acertar. Muy cuidadoso y prudente en decidir y en opinar. Muy comprometido a encontrar un espacio de reconocimiento internacional para Colombia. Tengo la convicción de que el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande por cumplir los compromisos que redundarán en un beneficio colectivo, con mas inclusión, menor pobreza, mayor equidad y al mismo tiempo con formas de desarrollo que generen en el futuro mayores oportunidades de bienestar y trabajo. Yo, en otras palabras, soy muy optimista frente al o que está haciendo el Gobierno.

SEMANA.: ¿Cómo está viendo esta etapa de expansión de las empresas del GEA?

N.R.S.: Están haciendo una tarea muy importante. El espacio en el mercado colombiano se les va limitando. Cuando usted pasa del 25 por ciento en un mercado hay muchos controles y barreras. Hay que buscar opciones para seguir creciendo de manera ordenada. Están haciendo unos grandes esfuerzos. Lo veo muy bien.