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| 7/9/1990 12:00:00 AM

LOS TRAPOS SUCIOS

Los Estados Unidos "sugieren" a Colombia criminalizar el lavado de dólares.

Mientras Colombia sufría un nuevo revés comercial al no tener el respaldo de los Estados Unidos en sus aspiraciones de ingresar al Código de Subsidios del GATT y el canciller Julio Londoño se quejaba ante la OEA de la escasa ayuda de ese país a la guerra contra el narcotráfico, una delegación de la agencia norteamericana antidrogas, DEA, visitaba a Bogotá "sugiriendo" que el lavado de dólares se sume a los delitos involucrados en el Código Penal.

Los banqueros e investigadores colombianos fueron contactados durante una semana por David Wilson, jefe de Operaciones Financieras de la DEA, y Charles Morley, consultor de bancos y autoridades sobre operaciones de blanqueo de divisas. Wilson, encargado de la oficina que rastrea y localiza los activos provenientes del negocio de la droga, considera que la nueva regla de oro para de la DEA dice: "donde está el dinero, está el jefe". Aplicando esa directriz han sido confiscadas multimillonarias inversiones de los narcotraficantes y cincuenta bancos norteamericanos han resultado convictos por manejar esos dineros. La primera institución en recibir sentencia fue el Chemical en 1977. Luego siguieron, entre otros, el Boston, el New England y el Security Pacific. Recientemente el turno le tocó al Banco de Occidente.

Wilson, el "zar" de las operaciones contra lavado, lleva veinticinco años en las actividades de investigación, las que inició como agente de aduana, luego como agregado de la DEA en Vancouver, Canadá, y después, desde 1978, como résponsable de la recolección de pruebas relacionadas con casos de lavado de dólares y homicidios en el área de Miami. Entre 1984 y 1987 fue el supervisor de operaciones que alentaron a los traficantes para el lavado en Nueva York, dejando al descubierto la información básica sobre el funcionamiento de los carteles.

Ahora, como jefe de Operaciones Financieras de la DEA en Washington, presta asesorías en el exterior explicando la legislación norteamericana sobre dineros lavados por narcotraficantes y exhortando a los demás países a incorporar en sus legislaciones controles a las divisas. También implementa tratados de asistencia legal mutua en lo que tiene que ver con investigaciones financieras.

La más reciente de las operaciones contra el lavado de dólares, la "Capa Polar", tuvo éxito gracias al intercambio de información bancaria que coordinó Wilson durante dos años. El origen real fueron los golpes propiciados durante los procesos "Piscis" y "Sea Chase". En ellos se descubrió que buena parte del dinero, tras recorrer Colombia, Panamá, Uruguay, Luxemburgo, Suiza, Reino Unido, Canadá y Austria, regresaba a los Estados Unidos y estaba localizado en 759 cuentas corrientes en 173 instituciones financieras.

Cuando se decidió esculcar esas cuentas se cambió la metodología de intervención. Antes se lograba que un juez ordenara a los bancos la entrega de los registros. Con ese procedimiento, el gerente del establecimiento financiero avisaba a su cliente y el dinero desaparecía casi de inmediato. Ahora no se corrió el riesgo. Los jueces dieron órdenes de restricción temporal. Así pudieron estudiarse los registros y se aclararon sus movimientos durante un lapso de diez días.

Finalmente, se concluyó que más de quinientas cuentas eran inocentes.
Los jueces profirieron entonces autos de confiscación sobre unas doscientas en las cuales había suficiente evidencia de narcomovimientos. Las leyes norteamericanas consideran que cuando hay de por medio un negocio de narcóticos, el dinero pertenece al gobierno, independientemente de por cuántas manos pase.

Pero como dentro de esa ley se considera la exoneración de inocentes que tengan que ver con ese dinero, éstos deben presentarse ante los tribunales y tienen la oportunidad de explicar sobre su propiedad. El gobierno reclama la propiedad del dinero y no acusa a los cuentahabientes.
De las cuentas confiscadas, por unos treinta millones de dólares, la mayoría de titulares son norteamericanos, pero muchas tienen que ver con compañías. Hay algunos colombianos.

Gran parte de la información fue obtenida gracias a la colaboración del presidente Endara y el procurador general de Panamá Arturo Cruz. La reserva bancaria dejó de amparar en el Canal lo que tiene que ver con el narcotráfico. Esa concepción se hizo extensiva a Hong Kong, Luxemburgo y Suiza, antiguos muros de información.

La DEA asegura que el caso que abrió la senda para detectar las redes de blanqueo fue el de Isaac Kattan Kassim, quien llevó a Suiza el dinero malhabido del hondureño Suan Ramón Matta Ballesteros. Kattan paga una pena de treinta años de prisión en California. Como ciudadano colombiano, sus operaciones eran realizadas en una especie de casa de cambios que tenía como fachada Viajes Pacífico de Cali, Valle del Cauca.

La "Operación Capa Polar" fue el epicentro de las charlas a los banqueros colombianos. La principal lección que enseñan estos casos es la de que "si se les quita el dinero a los narcos, se les quita el poder de comprar", aseguró Wilson en diálogo exclusivo con SEMANA. La principal petición de la DEA es el intercambio de información financiera.

Similar cruzada culminaron por Europa Wilson y Morley. Su principal labor fue la de cooperar con los investigadores del Viejo Continente en la identificación de los principales personajes que mueven el dinero allí:
Pablo Escobar Gaviria y su primo Gustavo Gaviria. El próximo mes se realizará en Aruba una nueva cumbre antilavado de dólares a la que posiblemente asistirá el presidente Virgilio Barco. El encuentro fue solicitado por las autoridades de Antillas Holandesas, lugar en donde se esconde la mayor parte de compañías que en el papel manejan las cuentas corrientes que mueven el dinero de los narcotraficantes.

La DEA insistió en que los banqueros colombianos deberían dar aplicación a los cuarenta puntos contenidos en la Declaración de París, del 7 de febrero de 1990, en la cual sobresalen cosas como "Tomar las medidas que sean necesarias, incluso las legislativas, que permitan criminalizar el lavado de dinero de la droga". Un delito que no sólo involucraría a los narcotraficantes sino que "debería aplicarse al menos al conocimiento de la actividad, incluyendo el concepto de que ese conocimiento pueda ser inferido de circunstancias de hecho objetivas".

Por extensión, las recomendaciones de acción contra el lavado piden que "donde sea posible, las compañías en sí mismas -no sólo sus empleados deberán ser sujetas a responsabilidad penal". Además de la confiscación y de las sanciones criminales, las medidas de combate deberían considerar castigos monetarios y civiles. Las reformas judiciales involucrarían además la exigencia a las instituciones financieras para que no acepten cuentas cifradas o nombres ficticios entre sus depositantes.

Los bancos y demás entidades afines deben conservar en sus archivos los registros de movimientos y transacciones de sus cuentahabientes, por lo menos de los anteriores cinco años. Y como métodos de operación, se pide que las autoridades sean revestidas de capacidad para: "I) Identificar, investigar y evaluar la propiedad que está sujeta a la confiscación; 2) Llevar a cabo medidas provisionales tales como congelación y embargo, para evitar cualquier negocio y transferencia o disposición de tal propiedad; y 3) Tomar todas las medidas investigativas apropiadas".

Pero como siempre, en esta clase de guerras hay controversia. Una de las preguntas que más hicieron los banqueros fue la de ¿por qué al llamado "Cartel de Cali" se le da un tratamiento particularmente distinto al de Medellín? Wilson tiene una explicación gráfica sobre la creencia:
"¿A quién le pondra usted más cuidado, si estando en la mitad del Amazonas de pronto lo atrapa una anaconda y lo empieza a asfixiar, pero de pronto llega un felino y comienza a destrozarlo?".-
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