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| 9/15/2012 12:00:00 AM

Lupa minera

El gobierno está mirando al milímetro más de 9.000 contratos de concesión y títulos mineros para ver si los contratistas están cumpliendo lo pactado. Consultó el caso de Cerro Matoso al Consejo de Estado.

Los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional Minera están acuartelados revisando el contrato de la minera Cerro Matoso, que vence el próximo 30 de septiembre y cuya posible prórroga ha levantado una gran polémica en el país. Ante las dudas el gobierno elevó consulta al Consejo de Estado que dará luces sobre qué camino tomar, y su concepto se conocerá en los próximos días.

Cualquier decisión que adopte el gobierno tendrá un alto impacto no solo porque se trata de la mina de níquel más grande del continente, sino por el mensaje que le enviará a los inversionistas nacionales y extranjeros interesados en invertir en el sector o que tienen contratos próximos a vencerse.

La expectativa en el sector privado es grande. Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi), en una carta enviada al gobierno dice que es muy importante que el Estado cumpla con su tradición de honrar los pactos acordados y los contratos suscritos y señala que la definición del caso de Cerro Matoso no solo le interesa a dicha empresa sino a todos los inversionistas privados.

Claudia Jiménez, directora ejecutiva del Sector de Minería a Gran Escala (SMGE), sostiene, por su parte, que "el debate de fondo gira en torno a cuál es el modelo de desarrollo que queremos para la Nación". Enfatiza que lo más importante es tener normas claras y una institucionalidad estable, eficaz y transparente.

Lo que está en juego en el sector minero tiene dimensiones gigantescas por los millonarios recursos que le aporta al país pero también por la polémica en torno a los impactos sociales y mediombientales. Actualmente hay 9.073 contratos de concesión y títulos mineros, muchos de ellos adjudicados en las últimas dos décadas para explotar carbón, níquel, oro, cobre y plata, entre otros. El gobierno decidió mirar con lupa estos contratos, especialmente los miles de títulos adjudicados a particulares, teniendo en cuenta que en los últimos años se realizó una verdadera feria con la entrega de cerca del 10 por ciento del territorio nacional. La intención es saber en qué manos se encuentran y en qué estado están los proyectos.

Como esta es una labor titánica porque significa revisar millones de documentos y hacer visitas sobre el terreno, la Agencia Nacional Minera (ANM) contrató la fiscalización de concesiones y títulos con los consorcios HGC y Bureau Veritas, que verificarán si están cumpliendo con todas las normas técnicas, ambientales, de seguridad y con el pago de regalías. Al frente de esta tarea está María Constanza García, quien venía de ser viceministra de Transporte. Aunque el de Cerro Matoso es el de más próximo vencimiento, no es el único cuya prórroga tendrá que decidir la funcionaria. El contrato con Paz del Río, de propiedad de la brasileña Votorantim, tiene un título que venció el 1 de julio de este año y que comprende 73.944 hectáreas para la explotación de hierro y calizas en Boyacá.

Para Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio, una organización dedicada a estudiar los temas de la minería, esta es una buena oportunidad para poner fin a la feria de títulos del pasado y para que el Estado se reserve una parte de esos recursos naturales y no los siga entregando a las multinacionales extranjeras.

Una vez se conozca la decisión del gobierno y los condicionamientos, en caso de que se prorroguen los contratos de Cerro Matoso, se despejarán muchas dudas sobre el camino que escogerá Colombia para manejar sus recursos mineros.
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