Manos a la obra

La semana pasada tomo impulso el debate sobre la legislación laboral. Después de que el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, reviviera la propuesta del gobierno de flexibilizar las normas laborales, pero esta vez por decreto, se inició un proceso de concertación entre las autoridades y las centrales obreras, orientado a buscarle salidas al problema del desempleo.

La propuesta parte del diagnóstico de que la rigidez de los salarios y las prestaciones y los altos costos de despido han obligado a muchos empresarios a limitar el enganche de personal con tal de evitar pagos adicionales en el futuro, derivados de las condiciones de contratación.

Y es que, para el gobierno, los altos costos laborales han significado una pérdida de competitividad frente a otros países. Mientras que Perú y Brasil pagan como nocturno el trabajo realizado después de las 10 de la noche en Colombia es desde las 6 de la tarde. Los días festivos, que en el país se remuneran con un sobrecargo del 200 por ciento, en naciones como Argentina, Ecuador o México se pagan apenas por la mitad.

Por eso la propuesta oficial contempla la posibilidad de compensar el trabajo de sábados y domingos con días de descanso en lugar de dinero. Extiende la jornada diurna hasta las 8 de la noche pero sin exceder las ocho horas diarias ni las 48 semanales. Esto les permite a empresas del sector comercio ajustar el tiempo de trabajo a sus necesidades ya que la mayoría de las ventas se hacen en horas de la noche. La propuesta también incluye la reducción de la tabla de indemnización a los trabajadores cuando son despedidos injustamente. Actualmente la indemnización es de 45 días por el primer año laborado y una tabla ascendente según la antigüedad por cada año adicional de vigencia. Según la fórmula, por terminación unilateral del contrato sin justa causa se pagaría una indemnización equivalente a 25 días de salario por cada año de servicio. Estas medidas se aplicarían sólo por dos años y únicamente a los nuevos empleados que sean enganchados en este período. La idea es que, con las nuevas condiciones laborales, los empresarios se animen a contratar más personal. La meta oficial es generar 600.000 nuevos puestos de trabajo.

Sin embargo las opiniones sobre la efectividad del nuevo paquete están divididas. Las medidas suponen que las leyes laborales se cumplen, lo cual no siempre es cierto, al menos en los sectores donde predomina la informalidad. De otro lado, algunos expertos señalan que aunque la flexibilización ayuda no basta por sí sola para bajar el desempleo puesto que también hay un problema de demanda.

La mayor oposición proviene de las centrales obreras. Uno de los temores que tienen es que la medida se convierta en algo permanente, como ocurrió con el impuesto a las transacciones financieras. “El 2 por mil se volvió 3”, dice Héctor Fajardo, secretario general de la CUT. “Además, el cuento de que los empresarios no van a echar gente sino que van a contratar personas que no necesitan es poco creíble”, añade.

Los sindicatos pronto presentarán una contrapropuesta. Falta ver cuáles serán las propuestas concretas, más allá de los planteamientos generales sobre el modelo económico. “En todo caso esta concertación es una oportunidad única para darles un empujón a los cientos de colombianos que desde hace tiempo no encuentran trabajo”, afirma el ministro de Trabajo, Angelino Garzón.

La propuesta del gobierno indica que el gobierno ha caído en cuenta de que no se puede quedar esperando que la economía despegue para aliviar el desempleo. Aunque el efecto pueda ser limitado la flexibilización laboral ataca la desocupación en una de sus causas estructurales. Es una propuesta concreta, que está sobre la mesa, y en la que los Ministros de Trabajo y Hacienda están trabajando —quizá por primera vez— en la misma dirección.