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| 9/22/2012 12:00:00 AM

"Más del 60 por ciento de los contratos públicos están amañados"

El superintendente de Industria y Comercio, José Miguel de la Calle, deja su cargo como entró, pisando duro. Anuncia millonarias multas por manipulación en la contratación pública, nuevas investigaciones contra la publicidad engañosa y mayor apretón para las compañías de telefonía celular. Sector azucarero en la mira.

SEMANA: ¿Por qué se va?

José Miguel de la Calle:
Me voy porque ya cumplí un ciclo y logré lo que me propuse hacer en la entidad. Estoy muy satisfecho porque tuve la posibilidad de hacer cosas por el país.

SEMANA: ¿Influyó en su renuncia el nombramiento de su papá como vocero en los diálogos de paz?

J.M.C.:
Sí, influyó de dos maneras. Por una parte, la incorporación de mi padre al grupo negociador del gobierno implica su retiro de la oficina de abogados, nuestro patrimonio familiar de toda una vida, y eso me obliga a llenar el vacío que él deja. Y por otra parte, teniendo en cuenta que cumplí un ciclo me parece un poco indelicado la presencia de padre e hijo en funciones de alta dirección en el gobierno.

SEMANA: ¿Cuáles son para usted los principales logros en estos dos años de gestión?

J.M.C.:
El logro más importante fue proteger los derechos de los consumidores con el nuevo Estatuto del Consumidor. En un país donde la justicia no funciona bien es importante amparar ese último eslabón de la economía. Creamos una plataforma en internet para recibir reclamos y otra para hacer una mediación virtual de conflictos. Por esta vía estamos arreglando el 40 por ciento de los problemas. Este año recibiremos 40.000 reclamos de consumidores, una cifra sin precedentes teniendo en cuenta que el año pasado apenas fueron 8.000. Un proceso por competencia desleal duraba, en promedio, más de cinco años y hoy dura nueve meses, y uno para hacer valer la garantía de un producto defectuoso se demoraba 14 meses y hoy no supera los cuatro meses.

SEMANA: Usted combatió duro la publicidad engañosa. ¿Cuántas investigaciones llevaron a cabo?

J.M.C.:
Tenemos más de 2.000 casos al año. Este es un tema muy grave que en el país no se ve con la seriedad que toca. Miles de consumidores son asaltados en su buena fe con propagandas engañosas. Vamos a crear una sala de medios para hacer un monitoreo estricto en todos los medios de comunicación para detectar la publicidad engañosa.

SEMANA: ¿Pero cómo van a saber los medios si la publicidad es engañosa? ¿Cómo van a probar que hubo dolo o culpa? ¿No van a meter la pata en este punto?

J.M.C.:
Lo primero que tengo que aclarar es que la primera responsabilidad es del anunciante, que tendrá que asesorarse jurídicamente antes de incorporar un producto al mercado. Sin embargo, en el Estatuto del Consumidor se estableció que también hay responsabilidad del medio de comunicación por culpa grave o dolo. Pero solo si se llega a establecer que el medio sabía que la publicidad era engañosa o no tomó las precauciones necesarias, responderá solidariamente por los daños que ocasiona esa publicidad y podría ser vinculado a una investigación. El problema también es de los centros comerciales, de los establecimientos y de las plazas de mercado cuando ofrecen promociones engañosas.

SEMANA: ¿Qué opina de los rumores de que usted renunciaba al cargo por la investigación que supuestamente le abrió la Procuraduría sobre el caso Revertrex?

J.M.C.:
Esa es una información fantasiosa y de mala fe. Yo no he recibido ninguna notificación pero si la recibo estoy en plena disposición de atender ese asunto.

SEMANA: Ustedes también han sancionado los productos 'milagrosos'. ¿Qué investigaciones están en camino?

J.M.C.:
Estamos investigando a muchos laboratorios y compañías que producen cremas y maquillajes antiarrugas y productos con mensajes extraordinariamente favorables. Este año sancionamos la Cruz del Gólgota y la pulsera de Power Balance. Estamos investigando cremas y productos adelgazantes como el del señor Jorge Hané (Reduct Fat Fast). El mensaje es que la gente puede comercializar sus productos como quiera pero debe probar los beneficios que ofrece.

SEMANA: Usted pisó callos de grupos poderosos. ¿Lo presionaron mucho para que bajara la guardia?

J.M.C.:
Sí, pero nunca hubo presiones indebidas sino respetuosas, y nunca de parte del gobierno que, por el contrario, me dio todo el respaldo. Fuimos firmes, independientes y estrictos pero justos a la hora de aplicar la ley, para sancionar a los que vigilamos. El último año el valor de las multas pasó de 50.000 a más de 100.000 millones de pesos.

SEMANA: Están imponiendo multas en contratación pública. ¿Qué han encontrado?

J.M.C.:
En colusión en licitaciones de contratos públicos, que consiste en que varias firmas se ponen de acuerdo para que les adjudiquen los contratos, en solo año y medio que lleva trabajando el grupo anticolusiones de la entidad hay investigaciones por más de 1,3 billones de pesos. En un contrato de seguridad carcelaria con el Ministerio de Justicia por más de 53.000 millones de pesos encontramos que se presentó una oferta para descalificar a otros proponentes y lograr la adjudicación a un tercero, a cambio del pago de dinero. Al Inpec le impusimos una sanción por 710 millones en un contrato de raciones alimentarias porque comprobamos que tres personas naturales manipularon la licitación.

SEMANA: ¿Hay mucha manipulación en la contratación pública?

J.M.C.:
En Colombia los cálculos señalan que más del 60 por ciento de los contratos públicos se adjudican previa manipulación para ganar una licitación. Este es un tema grave no solo por la corrupción, sino porque mata la competencia. ¿Qué persona decente de una industria siente que puede ganarse un contrato público a sabiendas que en el 60 por ciento de las veces hay corruptos o están amañados? O usted se vuelve corrupto o prefiere cerrar su empresa. Es muy difícil competir así. Es devastador el impacto económico porque los que amañan los contratos normalmente no tienen la mejor calidad del producto y presentan sobreprecios en sus ofertas.

SEMANA: ¿Cuántos contratos investigados?

J.M.C.:
Son 152 en todos los sectores, especialmente en infraestructura. Hubo un caso donde Conconcreto se quejó contra unos consorcios que ya sancionamos. De las 25 investigaciones que hay fallamos 4 y vienen otras en camino.

SEMANA: ¿Cuál fue la pelea más dura que tuvo que dar en la Superintendencia?

J.M.C.:
El caso de Ibope por la medición de audiencias en televisión, las investigaciones del azúcar, la de Phillips Morris por la integración con Coltabaco, la investigación al sector financiero, y las de las cámaras de comercio.

SEMANA: ¿En qué van las investigaciones al sector azucarero?

J.M.C.:
Estamos investigando por dos casos. A través del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar se está investigando si los ingenios y las agencias de comercialización excedieron este mecanismo, ocasionando restricciones a la competencia. El segundo caso es por una supuesta obstaculización de importaciones de azúcar en Colombia. Esta investigación está en prácticas de pruebas. El sector solicitó garantías, es decir la terminación anticipada de la investigación a cambio de ciertos comportamientos, pero se la negamos.

SEMANA: Otro tema sensible fue con los operadores de telefonía celular. ¿Por qué es tan difícil el sector?

J.M.C.:
Por varias razones. La telefonía tiene una alta penetración con más de 51 millones de celulares, tiene una concentración alta porque hay un gran jugador que se llama Claro y porque la dependencia del servicio es muy alta y la posibilidad de sustituirlo es muy baja. Además, puedo afirmar, con elementos de juicio, que la calidad del servicio es muy mala. Por eso a partir del 1 de octubre tomamos unas medidas revolucionarias porque los operadores tendrán que grabar todas las llamadas y todas las quejas de los usuarios y enviarnos esa información. De los reportes que los operadores mandan solo aparecen 19.000 quejas cada trimestre y nuestros cálculos revelan que debe haber más de 16 millones de reclamos al mes.

SEMANA: ¿Cuál es la posición de la entidad en el debate sobre la millonaria y polémica licitación de la tecnología 4G?

J.M.C.:
Nosotros somos asesores técnicos del Ministerio de Tecnologías de la Información, que es el que decide. Nuestro análisis, teniendo en cuenta que este es un mercado altamente concentrado, es que es mejor que haya mercados muy competidos, con varios jugadores y que cada uno tenga capacidad de pugna. Este es uno de los contratos de concesión más grandes que va a celebrar el país en toda su historia y es una oportunidad para tomar acciones en favor de la competencia.

SEMANA: ¿Recomienda dejar a Claro por fuera?

J.M.C.:
Los sistemas de medición de la competencia dicen que el mercado de la telefonía móvil en Colombia está en una situación crítica porque tiene un nivel muy bajo de competencia. Esta licitación puede ser una gran oportunidad de comenzar a rebalancear el mercado o un gran riesgo si la situación actual se mantiene o se acentúa. La decisión de si se debe o no excluir total o parcialmente a alguno de los jugadores se debe tomar hasta donde la Constitución y las leyes colombianas lo permitan. De los seis escenarios que tiene el Ministerio para adjudicar la subasta, la mayoría no fomentan la competencia.
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