Martes, 17 de enero de 2017

| 1997/04/21 00:00

MAS IMPUESTOS?

La reforma tributaria que prepara el gobierno para enfrentar la caída de la emergencia económica empieza a generar polémica.

MAS IMPUESTOS?

Una de las promesas que más adeptos le significó en la campaña presidencial de 1994 al entonces candidato Ernesto Samper fue la de que no aumentaría los impuestos en caso de llegar al poder. Pero con el paso del tiempo el entusiasmo de los votantes terminó convertido en una profunda frustración.Y no es para menos. En 1995 el gobierno pasó una reforma tributaria que aumentó el Impuesto al Valor Agregado _IVA_ de 14 a 16 por ciento y el impuesto a la renta de 30 a 35 por ciento. De otro lado, el año pasado el Congreso aprobó los polémicos bonos de guerra para recolectar unos 440.000 millones de pesos. Si bien estos aportes no constituyen un impuesto sino una especie de 'préstamo' obligatorio de los contribuyentes al gobierno, las condiciones financieras del mismo terminan convirtiéndolo en un nuevo gravamen.Como si esto fuera poco, a comienzos de este año Samper sorprendió al país con la declaratoria de emergencia económica que planteaba nuevos tributos por un monto anual cercano a los 650.000 millones de pesos. Ahora que la emergencia se cayó por inconstitucional, el gobierno se apresta a presentar una nueva reforma tributaria al Congreso que le permita llenar el agujero que quedó.El huecoY es que la situación fiscal del país no está como para hacer fiestas. Según los estimativos del gobierno, la emergencia habría permitido reducir en este año el déficit fiscal del gobierno central de 4,5 por ciento del Producto Interno Bruto _PIB_ a 3,9 por ciento. De esta manera el desequilibrio de las finanzas de todo el sector público habría sido de 2,2 por ciento del PIB, y de 1,1 por ciento si se tienen en cuenta los ingresos esperados por concepto de privatizaciones para este año.Con la caída de la emergencia las cuentas oficiales se descuadraron y el déficit del gobierno central volvería a ser de 4,5 por ciento del PIB, mientras que el del sector público consolidado estaría cerca de 2,8 por ciento. Esa cifra se reduciría en más de un punto si se tuvieran en cuenta los ingresos esperados este año por privatizaciones. Sin embargo esos recursos provienen de la venta de unos activos de todos los colombianos y no deberían usarse para tapar el hueco de las finanzas públicas. En palabras de Sergio Clavijo, asesor de la Comisión para la Racionalización del Gasto Público, "eso sería como vender la casa para pagar el mercado".A pesar de que algunos analistas independientes desconfían de las cifras oficiales y estiman que el desequilibrio financiero podría ser aún mayor, todos coinciden en la gravedad de la situación. Semejante hueco fiscal implicaría unas necesidades de endeudamiento público interno y externo tan grandes que, sin duda, presionaría hacia arriba las tasas de interés e implicaría mayores niveles de revaluación del peso frente al dólar. De esa manera se irían al diablo las metas macroeconómicas del gobierno en materia de crecimiento e inflación para el presente año.Los observadores tienen claro que para conjurar esa situación sólo hay dos opciones: aumentar los impuestos o reducir el gasto público. En lo que las opiniones no coinciden es en cuál de las opciones escoger. Por el momento el gobierno parece haber optado por la primera alternativa. En palabras de José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, "con las condiciones actuales de la economía yo no veo mayores posibilidades de reducir más el gasto". De hecho, el gobierno está preparando varios proyectos de ley que presentaría en las próximas semanas al Congreso para restablecer algunos de los tributos que se cayeron con la emergencia económica, como es el caso del impuesto de timbre y la tarjeta fiscal. Por esta vía se podrían recaudar 180.000 millones de pesos de los 630.000 que se esfumaron con la caída de la emergencia.Por otra parte, las autoridades económicas aspiran a recaudar unos 65.000 millones de pesos adicionales, por trimestre, por concepto del aumento de tres puntos de los aranceles a las importaciones decretado hace dos semanas. Sin embargo esta opción tiene sus bemoles, pues muchos observadores consideran que la decisión va contra las normas del Grupo Andino y que por tanto la junta del Acuerdo de Cartagena podría tumbarla. En el mejor de los casos la medida no podría mantenerse por más de nueve meses, lo que llevaría a muchos importadores a preferir esperar ese lapso antes de traer sus mercancías al país. Por eso ni los más optimistas creen que el aumento arancelario pueda generar en total más de 120.000 millones de pesos.De esta manera el gobierno se estaría enfrentando a un faltante de recursos cercano a 350.000 millones de pesos, que hasta ahora nadie sabe de dónde saldrán. Por el momento se han barajado posibilidades como la de ampliar la base de recaudación del IVA, eliminando las exenciones que hoy en día existen para algunas actividades económicas y varios productos. Sin embargo la mayoría de esas exenciones tienen una razón de ser justificable que sería difícil de ignorar.Según Javier Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Compañías de Financiamiento Comercial _Afic_, "generalizar el cobro del IVA para tapar el hueco fiscal sería una locura, pues perjudicaría ante todo a los estratos más pobres de la poblaciòn". Las cosas son todavía más difíciles si se tiene en cuenta que de cada peso que se recaude por nuevos impuestos cerca de 45 centavos se van en transferencias del gobierno central a los departamentos y municipios. Así, si el gobierno quiere llenar un faltante de 350.000 millones de pesos, los nuevos tributos deberían garantizar recaudos por más de 750.000 millones de pesos.Medidas de fondoAnte estas circunstancias, muchos analistas creen que el gobierno no debería aumentar impuestos sino tomar drásticas medidas tendientes a reducir el gasto público. Para Pedro Nel Ospina, investigador asociado de Fedesarrollo, "no se puede tapar el hueco fiscal con nuevos impuestos. Lo que hay que hacer es darse la pela reduciendo gastos". Y es que los niveles de las tarifas tributarias del país ya están bastante altas para los parámetros internacionales y se están convirtiendo en un verdadero freno para la actividad económica (ver gráfico). En palabras de Armando Montenegro, presidente de Anif, "la cascada tributaria está disminuyendo la creación de empleo y el dinamismo de la actividad económica".En ese sentido, todos los analistas consultados por SEMANA coincidieron en afirmar que llegó la hora de seguir las recomendaciones de la Comisión para la Racionalización del Gasto Público para lograr así una solución de fondo y duradera al problema de las finanzas públicas del país (ver recuadro). Ante estos señalamientos las autoridades económicas aseguran que han reducido el gasto lo más que han podido, advirtiendo que buena parte de los rubros conflictivos están determinados por la ley o por la misma Constitución. Lo que muchos observadores se preguntan es por qué un gobierno que ha demostrado tener un control absoluto de las mayorías parlamentarias no asume el reto de impulsar una reforma legal que aleje de una vez por todas el fantasma del déficit.Como dijo un observador a SEMANA: "Para Samper y Ocampo sería mejor pasar a la historia por haber saneado de manera definitiva las finanzas públicas que por haber roto cuatro veces su promesa de no aumentar impuestos sin solucionar nada". nn De cada peso que se recauda, 45 centavos se van en transferenciasUn remedio efectivoLos analistas especializados coinciden en señalar que la mejor manera de darle una solución de fondo al problema fiscal es seguir las recomendaciones de la Comisión para la Racionalización del Gasto Público.Las siguientes son las principales:·Incluir a la fuerza pública, al magisterio y a Ecopetrol en el régimen pensional previsto por la Ley 100.·Evitar que las convenciones colectivas sigan siendo un mecanismo para eludir las disposiciones pensionales de la Ley 100.·Establecer los servicios efectivamente prestados como criterio para definir los montos de las transferencias para educación y salud del gobierno central a las regiones. Así las transferencias dependerían del número de estudiantes y de la cantidad de personas atendidas y no del número de docentes y de médicos.·Eliminar del todo los fondos de cofinanciación.·Congelar en los niveles de 1996 el monto real del gasto militar durante tres años.·Adoptar los mecanismos necesarios para que la fuerza pública opere con criterios de eficiencia y no de tamaño.·Congelar en los niveles de 1996 el monto real del gasto del sector justicia durante tres años. En ese período diseñar una estrategia que permita descongestionar la justicia y reducir drásticamente la tasa de impunidad.·Explorar nuevos desarrollos de la administración de justicia que signifiquen menores costos y mayor eficiencia.·Prohibir al gobierno central negociar acuerdos salariales que se terminan pagando a nivel regional.

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