Más problemas en el túnel de la Línea

La semana pasada, el gobierno cumplió su ultimátum y decidió caducar el contrato con el consorcio Unión Temporal Segundo Centenario, que ejecutaba las obras del túnel de La Línea, proyecto crucial para facilitar el comercio exterior, desde el centro del país al puerto de Buenaventura.

Aunque es posible entender las razones que llevaron al Instituto Nacional de Vías (Invías) a tomar esta decisión, el problema ahora es que el gobierno no solo tendrá que desembolsar más recursos para que el proyecto por fin vea la luz, sino que su ejecución tardará mucho más de lo previsto. En el mejor de los casos los trabajos culminarán en dos años. Así lo reconoció la ministra de Transporte, Natalia Abello, durante un recorrido por las obras el mismo día en que en Bogotá se llevaba a cabo la audiencia que dio por terminado el contrato por incumplimiento: el contratista tenía que haberlo entregado el 30 de noviembre pasado.

A pesar de que el proyecto ha avanzado en un 75 por ciento, falta terminar la excavación del túnel, que tiene 8,6 kilómetros, pavimentarlo, hacer el revestimiento, instalar los sistemas de iluminación y ventilación y terminar las obras anexas. Estas últimas contemplan construir 23 puentes y 18 túneles que están a medio camino. En total, el proyecto abarca 27 kilómetros entre Cajamarca (Tolima) y Calarcá (Quindío).

Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), dice que con la nueva demora el país pierde competitividad en el corto plazo y los transportadores se verán afectados si se tiene en cuenta que el túnel ahorraría costos y hasta una hora de viaje a las tractomulas.

Pero el ‘efecto Collins’ va más allá. Con la caducidad se podrían venir millonarias demandas contra el Estado. El ingeniero Carlos Collins, representante de la Unión Temporal Segundo Centenario, anunció que interpondrá los recursos necesarios. Su situación es crítica, pues además el Invías le impuso una multa de 60.300 millones de pesos. Collins tiene demandado al instituto en más de 300.000 millones de pesos, porque según él esta entidad no le reconoció las obras adicionales que realizó en el túnel.

A partir del momento en que quede en firme la caducidad —lo que sucedería en los próximos días— lo que sigue es abrir una nueva licitación pública, proceso que tardaría entre cuatro o cinco meses. Para terminar el proyecto se invertirán otros 400.000 millones de pesos. Es decir, el túnel de La Línea terminará costando más de un billón de pesos si se tiene en cuenta que el contrato inicial estaba pactado a precio fijo por 629.000 millones de pesos.

Es importante aclarar que mientras se surten los tiempos para una licitación, el gobierno cederá las obras más urgentes —muy posiblemente al consorcio Conlínea que actualmente adelanta varias de las obras anexas— para evitar una mayor parálisis.

Frente a la caducidad en firme, el ingeniero Collins tiene la posibilidad de recurrir ante el Consejo de Estado, que demoraría 60 días en resolver el asunto. Para este ingeniero, la decisión del Invías implica su muerte comercial o la imposibilidad de contratar con el Estado, por cinco años. Con este efecto, también se verán afectadas las firmas que hacen parte del consorcio: Promotora Montecarlo Díaz, Túneles de Colombia, Gayco, Tecniciviles, Construirte, HH Arquitectura, Condux (México) y Constructora Herreña Fonteca (España), entre otras. Además, alrededor de 1.000 trabajadores quedarán en el aire.

Lo peor es que las obras en las que estaba Collins también resultarán afectadas. Entre ellas la doble calzada Bogotá-Girardot; la reparación del túnel del Sumapaz; la doble calzada Floridablanca-Piedecuesta y la construcción de una variante en Zipaquirá.

La caducidad del contrato deja grandes lecciones ya que como lo dijo la ministra de Transporte “el túnel de La Línea es el ejemplo de lo que no tiene que pasar en el país”.