NARCOGUERRILLA ¿OTRO EMBUCHADO?

Si "autopréstamo" había sido durante los últimos dos años la palabra de moda en el país, los hechos de las semanas pasadas parecían indicar que el término "narcoguerrilla" estaba llamado a reemplazarla. El primero en utilizar la novedosa expresión había sido el ministro de la Defensa, General Gustavo Matamoros, en declaraciones a la radio, pocos días después de los primeros hallazgos de laboratorios para el procesamiento de cocaína en el Yarí, en las selvas del Caquetá. A partir de ese momento, la palabra comenzó a pasar de boca en boca y el fenómeno que representaba fue comentado por altos mandos militares, funcionarios del gobierno, dirigentes gremiales, el embajador americano e incluso mereció una página ilustrada en una de las más prestigiosas publicaciones norteamericanas.
La historia había comenzado en la madrugada del sábado 10 de marzo, víspera de las elecciones, cuando dos helicópteros artillados de la Policia Nacional, con los 16 mejor calificados agentes del Grupo de Operaciones Especiales, GOES, despegaron de Bogotá rumbo a San José del Guaviare. Comandados por el General Pineda, el único que conocía a ciencia cierta el objetivo de la misión, los agentes, entrenados durante años para la lucha contra el secuestro y la guerrilla urbana, tenían la orden de "disparar y después preguntar", según relató a SEMANA un testigo presencial del operativo. Días antes, un avión-radar, prestado por la embajada americana, había detectado en la zona una pista de aterrizaje con gran movimiento de aviones, que hacía presumir la existencia de un centro de procesamiento y distribución de coca en la región. Con base en ésa y otras informaciones, el Grupo Antinarcóticos había preparado la operación, con la asesoría y colaboración de los efectivos del GOES. Intencionalmente, habían escogido el fin de semana electoral, pues en esas fechas la atención de la gente estaría centrada en los comicios y la misión encontraría menos obstáculos que nunca. Los dos helicópteros llegaron a San José del Guaviare a las diez y media de la mañana y tanquearon combustible. Entonces volvieron a elevarse y comenzaron a recorrer las 150 millas que separan a esa población de la zona del Yarí. Apenas hacia las tres de la tarde, lograron localizar una pista, pero no divisaron movimiento alguno. Pudieron darse cuenta de que estaba bloqueada con tambores y canecas, para evitar cualquier eventual aterrizaje de un avión.
Sin embargo, los helicópteros no tuvieron dificultad para descender. El primero en tocar tierra abrió sus puertas para pemitir que saltaran 8 agentes disparando sus ametralladoras: a diestra y siniestra, mientras la segunda nave artillada los cubría a pocos metros de altura. A los disparos de los comandos del GOES, nadie respondió. Un minuto pasó antes de que descendiera el otro helicóptero, cuyos 8 agentes, al igual que sus compañeros de la primera nave, sólo encontraron el río y la selva; cerca a la pista. Diez minutos duraron los disparos, sin que se vieran señales de vida.
Media hora después, los comandos del GOES comprendieron que el enemigo no había presentado resistencia.
En efecto, mientras los helicópteros bajaban a tierra y sus ocupantes comenzaban a disparar, un avión Hughes 500 y un DC-3 despegaban desde otra pista cercana y en ellos huían decenas de hombres. Otros 45 contaron con menos suerte: no alcanzaron a llegar a los aviones y debieron buscar refugio en el monte, de donde habrían de regresar poco después del atardecer, para entregarse á los agentes, ante la imposibilidad de huir por la selva, sin ropa y sin alimentos. SEMANA establecio en otras fuentes que, pese a su superioridad numérica, los hombres que trabajaban en esa base de narcotráfico habían optada por huir, pues la orden dada por sus "jefes" era la de no enfrentarse ni la Policía ni al Ejército. De ahí que la operación de los 16 comandos, que podía parecer suicida en un principio, haya culminado con todo éxito. Entre los que pudieron huir en los dos aviones, se encontraban todos los pilotos de las aeronaves incautadas luego. "Debían ser muchos", comentó a SEMANA uno de los testigos de operativo, "pues una de las construcciones que se encontraron allí, estaba dividida en dos secciones: en la primera, un letrero anunciaba que era la de los "pilotos permanentes", y en la segunda, otro letrero decía "pilotos en tránsito".
Durante las primeras horas después del aterrizaje, una gran tensión reinaba en el grupo de comandos. Al parecer, el General Pineda creyó que el silencio del enemigo indicaba que se estaba preparando un contraataque de grandes proporciones. Por esa razón, pidió por radio el apoyo de unidades del Ejército, argumentando la posible presencia de elementos de uno de los frentes de las FARC, que tradicionalmente ha operado en la región. Era ésta la única manera de obtener un inmediato respaldo del Ejército, cuyas unidades llegaron a la mañana del domingo.
La prensa del lunes debió ceder un espacio en sus primeras planas, dedicadas casi exclusivamente a los resultados electorales, al hallazgo del Yarí.
Los colombianos pudieron enterarse esa semana de las dimensiones de lo encontrado allí. "Es la mayor operación realizada en el mundo contra las drogas", habría de informar a Washington el embajador Tambs. Y no le faltaba razón: se habían decomisado cinco aviones, 15 vehículos, entre ellos algunos tractores y palas mecánicas, varios mililones de pesos en efectivo para el pago de los jornales, 19 laboratorios en 6 centros de procesamiento de coca y, sin duda lo más espectacular de todo, 12 mil 500 kilos de coca de la mejor calidad que fueron quemados,y por los cuales los ditribuidores del mercado de Nueva York hubieran pagado más de mil 300 millónes de dólares, unos 130 mil millónes de pesos, una suma más que suficiente para enjugar el déficit fiscal del país y 4 veces la inversión necesa ria para reconstruir a Popayán. Aún quienes reconocían que el narcotráfico era el mayor negocio de Colombia, se sorprendieron ante los datos y cifras revelados por la Policía. Ni siquiera los 45 "lavaperros" detenidos en el lugar habían tenido nunca una idea clara de la magnitud de la industria para la cual estaban trabajando. Ellos mismos dijeron al enviado especial de SEMANA a Florencia: "casi todos fuimos contratados en un café de Medellín. En la esquina de la avenida De Greiff con Calibío, se bajó un tipo de una Ranger y le preguntó a todos los vagos que nos encontrábamos allí si queríamos trabajar en una finca del llano ganando $ 3.000.oo diarios. ¿Quién iba a decir que no? De allí salimos como 50 hacia el Yarí".
Pero para los colombianos, las noticias reveladas durante esos días reservaban aún una sorpresa mayor, de seguro más interesante y espectacular: los altos mandos militares aseguraban poseer evidencia según la cual la guerrilla protegía los laboratorios del Yarí. De este modo, los dos grandes fenómenos que habían sacudido al país en las últimas décadas, el narcotráfico y la guerrilla, durante mucho tiempo considerados como independientes el uno del otro y casi que enfrentados, estaban aliados. La teoría planteada parecía perfecta: las dos actividades tenían un enemigo común, el Ejército y demás fuerzas de seguridad, e incluso el imperialismo norteamericano. Unidos, se presta ban un doble servicio que permitía a las guerrillas obtener armamento y a la mafia del narcotráfico, protección para sus plantaciones y centros de procesamiento, como el hallado en el Yarí. Numerosas declaraciones de altos funcionarios civiles y militares, confirmaban al país que el gobierno estaba convencido de la existencia de esa alianza. Para el General Matamoros, "La narcoguerrilla es una nueva amenaza para la democracia y si no actuamos rápido y con energía, podría estar poniendo en peligro nuestro sistema democrático y constitucional". El Ministro aseguraba que las brigadas que habían descubierto los laboratorios del Yarí se habían topado con guerrilleros de las FARC.
Por su parte, el embajador Tambs no se quedaba atrás y en su informe a Washington, aseguraba que la planta procesadora del Yarí contaba con "protección comunista". Pero si las declaraciones de Matamoros y Tambs podían resultar poco sorprendentes viniendo de ellos, los que aún no creían en la tan mentada alianza de la narcoguerrilla debieron quedar boquiabiertos cuando el propio ministro de Gobierno, Alfonso Gómez Gómez, pareció avalar esa teoría al presentar la justificación del establecimiento del Estado de Sitio en 4 departamentos, diciendo que esta medida se tomaba "por el crecimiento de la acción delictiva de los narcotraficantes y por los hechos de indudable gravedad como los ocurridos en la ciudad de Florencia, Caquetá, ambos perturbadores de la paz pública".
Ante estas declaraciones, los gremios de la producción decidieron no quedarse callados, y algunos, como Camacol, llegaron a asegurar que "la guerrilla y el narcotráfico le están restando productividad a más de 170 municipios y están trabajando mancomunadamente para alterar el orden y la paz ciudadana". La propiedad con que estas declaraciones eran dadas a la prensa llevaron a muchos a dar por hecho que la guerrilla y los narcotraficantes estaban unidos y perseguian un mismo "interés oscuro", como lo había dicho Matamoros. La convicción de que esta alianza era una realidad llegó a tal grado, que se hizo internacional, no sólo por intermedio de las agencias de prensa, sino de la propia revista Newsweek, que tan pocas veces se ocupa de Colombia. El semanario norteamericano dedicó en el número del 26 de marzo, una página, con foto y todo, para tratar el tema, otorgando toda la credibilidad a la teoria. Luego, en su último número, en la sección Periscope que recoge informaciones confidenciales, aseguraba que la vinculación de narcotraficantes y grupos guerrilleros era un hecho, no sólo en Colombia, sino en Perú y Bolivia, según informaciones de un funcionario de la DEA.
Pero, detrás de todo este alud de informaciones, ¿Qué evidencia existía? ¿Qué pruebas de la alianza mafia-guerrilla habían sido aportadas ante la opinión pública? ¿Hasta dónde llegaba la vinculación de esas dos actividades?. Existía un antecedente, hasta ahora falto de pruebas contundentes de la supuesta vinculación de la droga con gobiernos y movimientos revolucionarios. A fines de 1982, se había promovido desde los Estados Unidos un escándalo que pretendía ligar al gobierno cubano con el traficante de armas colombiano Jaime Guillot Lara, en negocios de narcotráfico con destino a la Florida y de venta de armas para el M-19.SEMANA investigó los expedientes del Congreso norteamericano sobre el caso y estableció las endebles bases de las acusaciones (Ver recuadro). El escándalo de la narcoguerrilla parecía ser una extensión hacia las FARC, de lo que la conexión cubana y el caso Guillot Lara habían sido para el M-19.
Sin embargo, una investigación realizada por SEMANA indicaba que una serie de elementos parecían desvirtuar la nueva teoría. En primer lugar, la guerrilla se había declarado indignada ante la acusación y fuentes de las FARC aseguraron a SEMANA que incluso, se habían dado enfrentamientos en Antioquia entre uno de los frentes de ese grupo guerrillero y mercenarios de la mafia del narcotráfico, en hechos sucedidos hace pocos meses. Uno de los argumentos más fuertes de la guerrilla para desmentir la alianza con la mafia era la lucha entre el MAS, creado por el narcotraficante Carlos Lehder, y distintos grupos guerrilleros. Además, las FARC alegaban que en su séptima conferencia, realizada recientemente, la declaración final había condenado cualquier tipo de alianza con el narcotráfico.
Lo más curioso de todo es que si la guerrilla estaba indignada, la mafia no parecía estarlo menos. Pablo Escobar Gaviria, varias veces acusado de ser traficante de drogas, fue entrevistado por un redactor de SEMANA, a quien dijo: "Que me acusen de ser narcotraficante, vaya y venga, pues estoy acostumbrado a que lo hagan y nada prueben. Pero que pretendan presentarme como socio de la guerrilla, eso sí que no lo acepto, pues lesiona mi dignidad personal". En una carta dirigida al embajador Tambs, Escobar decía que pese a compartir con la guerrilla el deseo "de una Colombia con mayor igualdad social para todos... no me identifico con su propósito de alcanzar el poder por medio de las armas, porque para ello existe el sistema democrático que nos rige, fielmente tutelado por nuestro Ejército, guardián de la Constitución y de las Leyes de la República". El propio Carlos Lehder, en una reciente entrevista concedida a SEMANA había asegurado tener "más amigos en el Ejército que entre los guerrilleros". En su periódico, Quindío Libre, aparecía permanentemente una columna titulada: "Somos y seremos siempre anticomunistas".
Para Escobar, "yo soy un hombre de inversiones y por ello no puedo estar de acuerdo con los guerrilleros que luchan contra la propiedad privada".
Otras fuentes dijeron a SEMANA que entre los muchos enfrentamientos que se habrían dado entre la FARC y grupos de la mafia, murió el comandante Argemiro, en represalia por haber dirigido él un secuestro de un avión peruano, con 27 personas a bordo, todas vinculadas al narcotráfico. Ese secuestro se llevó a cabo a mediados de 1982 en la zona del Yarí y habría sido desbaratado por unidades del Ejército, en una operación que no logró la captura del comandante Argemiro, muerto por la mafia meses después.
Pero no sólo los socios de la supuesta alianza narcoguerrillera se refirieron a enfrentamientos armados entre ellos. El General Luis Enrique Rodríguez Botiva, comandante de la Cuarta Division del Ejército, en declaraciones que pasaron casi inadvertidas y que fueron publicadas por El Espectador el domingo 18, revelaba que se habían llevado a cabo dos incursiones de las FARC en sendos laboratorios de procesamiento de coca en el Guaviare. El primero, según el informe del General Rodríguez Botiva, se efectuó a principios de noviembre de 1983, cuando 70 guerrilleros asaltaron un laboratorio en la serranía de Chiribiquete, en el Guaviare, y robaron 15 armas de corto y largo alcance, medio millón de dólares y 280 kilogramos de coca. El 23 de enero pasado, en una segunda incursión al mismo lugar, las FARC sustrajeron otras 15 armas, 80 mil dólares en efectivo y 80 kilos de coca.
Si estos enfrentamientos se habían dado, como lo testificaban las FARC, la mafia e incluso un alto mando del Ejército, ¿cómo era posible que se estuviera hablando de narcoguerrilla?
¿Acaso el origen de esa información se limitaba al hecho de que el General Pineda, comandante del operativo del Yarí, se había visto obligado a hablar de presencia de la guerrilla en la zona para obtener apoyo del Ejército?.Una alta fuente del gobierno dijo a SEMANA que no existía ninguna prueba concreta de una vinculación institucional entre mafia y guerrilla. Agregó que la tan mentada alianza no consitía en nada distinto que en el cobro de un "tributo" por parte de grupos guerrilleros a sembradores, procesadores y comerciantes de droga en distintas zonas del país, del mismo modo que se había dado con ganaderos y agricultores, por medio de la famosa "vacuna". De cualquier manera, no se le podía exigir a la guerrilla que, para evitar vincularse con la mafia, la exonerara del cobro de ese tributo, dando lo que sería un trato preferencial frente a ganaderos y agricultores.
Decir que el cobro de este tributo implicaba una alianza entre guerrilla y mafia, equivalía a afirmar que los ganaderos que habían pagado su tributo a la guerrilla, eran también socios de ella, o inclusive a aseverar que un secuestrado que pagaba su rescate a un grupo guerrillero, se convertía por ello en su cómplice.
Si la vinculación entre los dos fenómenos se limitaba a ese proceso de tributación, o, como lo sostienen otras fuentes, a esporádicas ventas de armas de la mafia a la guerrilla, ¿por qué se habían inflado tanto las informaciones?. Las versiones habían surgido de dos fuentes iniciales. Por un lado, las categóricas declaraciones de Matamoros y por el otro, las del embajador Tambs, un extrovertido y polémico diplomático que no se limitó a acusar a las FARC de estar vinculadas al narcotráfico, sino que fue más lejos y mencionó al propio Partido Comunista, lo que le mereció de parte de éste una violenta carta de respuesta, que incluía un tirón de orejas por haber Tambs interferido en problemas de política interna.
Para algunos observadores, como el politólogo Fernando Cepeda Ulloa, el hecho de que el gobierno colombiano hubiera aceptado la existencia de la narcoguerrilla, tenía aún más implicaciones de las que saltaban a la vista era primera instancia. Significaba que, por primera vez, Colombia admitía que el problema del narcotráfico hacía peligrar las instituciones democráticas, lo cual además le permitía a los Estados Unidos sacar grandes ventajas, pues ese reconocimiento le otorgaba legitimidad a la injerencia norteamericana en el problema de la subversión, que habría dejado de ser interno, para convertirse en internacional, al quedar vinculado al narcotráfico.
Implicaba ese reconocimiento también,que la posición colombiana ante el problema del narcotráfico variaba, pues ya no era más un problema principalmente de los Estados Unidos, como se había sostenido siempre, sino un asunto de seguridad del Estado. Era ésta una victoria del embajador Tambs, un gran triunfo político y diplomático suyo. Por otra parte, el Ejército también resultaba beneficiado con el establecimiento de la vinculación: los guerrilleros ya no eran más los nobles luchadores que se guiaban por una serie de ideales, sino los socios y cómplices de una actividad que moralmente había resultado siempre inaceptable.
Y la gran perjudicada con todo este escándalo era sin duda la paz, cuya consecución se hacía más difícil, al prosperar el escándalo, como lo reconoció a SEMANA un miembro de la Comisión de Paz. No era lo mismo firmar una tregua con guerrilleros tradicionales que hacerlo con el nuevo híbrido que rayaba en hampa. Por fortuna para el proceso de paz, la falta de solidez de la teoría y las pruebas aportadas en su contra por distintos sectores entre ellos los propios socios de la alianza, parecían determinar que el término narcoguerrilla tendría una existencia efímera. A mediados de la semana pasada, el tono de la prensa al referirse a ella había bajado y el interés había vuelto a ser el de la dimensión del operativo del Yarí, en tanto que golpe al narcotráfico. Todo indicaba que el escándalo de la narcoguerrilla no era más que otro embuchado, como el de la retención de los aviones libios en Brasil o el complot del ELN para asesinar a Luis Carlos Galán -
LA CONEXION CUBANA
Según el gobierno de los Estados Unidos, el régimen de Fidel Castro está vinculado a la industria del tráfico de estupefacientes. Por este caso, conocido en ese país como "la conexión cubana", han sido sindicados 4 altos miembros del gobierno de La Habana: René Rodríguez Cruz, veterano oficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba e integrante del Comité Central del Partido Comunista; Aldo Santamaría Cuadrado, vicealmirante de la Armada de Cuba, también miembro del Comité Central del PC; Fernando Ravelo Renedo, exembajador cubano en Colombia y su primer secretario y córisul, Gónzalo Bassols Suárez. Los 4 están acusados generalmente en Estados Unidos de haber servido de enlace en un intercambio de servicios entre el M-19 y el traficante de drogas y armas, Jaime Guillot Lara. La acusación concreta está compuesta por dos elementos: por una parte, los funcionarios cubanos habrían servido de intermediarios en un negocio de trafico de armas para el M-19 yi por otra, habrían facilitado actividades de narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, a través de aguas territoriales cubanas. En esta acusación se ha basado el Presidente Ronald Reagan para decir: "Tenemos evidencia irrefutable de que funcionarios del alto gobierno cubano están envueltos en contrabando de drogas hacia los Estados Unidos". La evidencia está sin embargo muy lejos de ser irrefutable. Los principales documentos y declaraciones sobre el caso están contenidos en un libro publicado por una fundación anticastrista titulado "Castro y la conexión de los narcóticos", que recoge numerosos artículos de prensa de los últimos tres años y actas de las sesiones de diferentes comités del Senado norteameriano en las cuales se ha tratado el tema. Las pruebas aportadas en esta recopilación se distinguen por su fragilidad: están basadas en declaraciones de testigos cuya veracidad no es osado poner en duda: Johnny Crump, narcotraficante costeño quien, gracias a esas declaraciones en las cuales vinculó al gobierno cubano con el narcotráfico, obtuvo la conmutación de su pena para convertirse en un protegido del gobierno norteamericano; David Pérez, narcotraficante radicado en Florida, quien también resultó beneficiado por sus "confesiones" y Mario Estévez González, ex miembro del servicio de inteligencia cubano, quien habría participado a nombre del gobierno de Castro en el transporte de droga a través de aguas territoriales de la isla, capturado por las autoridades norteamericanas que también le otorgaron beneficios judiciales tras su declaración. Estos testigos aseguraron que fueron cómplices o participaron directamente en actividades de narcotráfico en puertos y aguas cubanas.
Estévez llegó a decir ante un comité del Senado en abril de 1983, que el propio Fidel Castro se encargaba de establecer el precio que debía cobrarse a los narcotraficantes por cada kilogramo de coca que atravesara las aguas, de su país. Pero aparte de estos testimonios, las investigaciones del Congreso norteamericano no aportaron prueba alguna de los vínculos de Cuba con el contrabando de drogas.
Por el contrario, ante un subcomité del Senado, dos agentes de la DEA reconocieron durante una sesión del 23 de abril de 1982, que esa organización sólo tiene "algunos indicios" sobre ese vínculo.
¿Acaso "la conexión cubana" no es más que un invento de la propaganda anticomunista norteamericana, sin fundamento alguno? No del todo.
De los distintos componentes de la acusación de Estados Unidos contra Cuba, hay algunos elementos ciertos y otros falsos. Es un hecho que sí existió vínculo entre Jaime Bateman y Jaime Guillot, cuyos barcos fueron utilizados para el transporte de armas con destino al M-19. Uno de esos barcos, el "Karina" fue capturado por las autoridades colombianas en 1981.
Es indudable además que Castro conocía este vínculo. SEMANA pudo establecer que, amparados por el gobierno cubano, Bateman y Guillot se entrevistaron en La Habana en 1980.
Paradójicamente, este encuentro que podría ser dramatizado como el sello de una unión entre mafia y guerrilla, no fue más que la reunión de dos viejos compañeros de colegio, que habían estudiado juntos en Santa Marta. Guillot fue siempre considerado por la misma mafia, más como un guajiro aventurero traficante de armas, que como un narcotraficante profesional. Su encuentro con Bateman permitió al M-19 resolver un problema de transporte de armas, antes que un problema de suministro. Guillot fue arrestado posteriormente en México, acusado de narcotráfico. SEMANA se ha enterado de que el gobierno cubano, a solicitud de Bateman, llegó a interceder por su liberación, ante el gobierno de López Portillo. Hasta ahora, la razón de la liberación de Guillot ha sido siempre un misterio, pero lo cierto es que los cubanos habrían actuado motivados más por el deseo de ayudar a un amigo de Bateman que por defender a un mafioso.
El gobierno norteamericano ha tratado, por medio de toda clase de investigaciones de la DEA y de comités y subcomités del Congreso de convencer a la opinión pública de que la cosa no para en el negocio de armas. En sus declaraciones, testigos. congresistas y funcionarios han sostenido que había una contraprestación de los cubanos al negocio de las armas, que consistía en que Cuba se convertía en escala para el tráfico de drogas de Colombia a Estados Unidos. En otras palabras, Cuba había cargado los barcos de Guillot en puertos de la isla, con armas destinadas al M-19 y, posteriorrnente, había permitido que esos mismos barcos pasaran por ese país cargados de droga con destino a las Bahamas y la Florida. El gobierno cubano, que no ha querido pronunciarse sobre el negocio de las armas, niega en cambio, categóricamente, su complicidad en el tráfico de estupefacientes, alegando, entre otras cosas, -que sus cárceles están llenas de tripulaciones de barcos detenidos en aguas cubanas por transportar droga. Sostiene el gobierno de Fidel Castro que esos presos no estarían ahí si Cuba fuera socio del negocio.
Aparte de estas acusaciones, los riorteamericanos han llegado a sostener, sin presentar prueba alguna, que hay plantaciones de marihuana en Cuba.
Según conocedores de la materia, el gobierno de Reagan lo que ha hecho es utilizar elementos fragmentarios, uniéndolos hábilmente para configurar un panorama de droga y comunismo aliados, que sin duda alguna produce grandes beneficios propagandísticos y que se ha constituído en la semilla de la misma conexión a nivel nacional, denominada la "narcoguerrilla".