Jueves, 27 de noviembre de 2014

| 2013/09/14 02:00

No hay fórmula mágica para la gasolina

El gobierno y el Congreso tendrán que definir una fórmula para establecer el precio de la gasolina. Una rebaja sustancial le quitaría recursos al presupuesto y sería un golpe a la inversión social. ¿Cómo resolver este problema?

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el de Minas, Amylkar Acosta, tienen posiciones divergentes sobre la reducción en el precio de los combustibles. Foto: Juan Carlos Sierra / Semana

El fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles volvió a encender el debate sobre el precio de la gasolina en Colombia.

La polémica, que viene de tiempo atrás, ha sido abanderada por el Partido Liberal, que propone disminuir sustancialmente el precio del galón de combustible porque considera que los colombianos están pagando mucho más de lo que cobran en otros países. Esto es parcialmente cierto.

Comparado con Estados Unidos, los colombianos pagan alrededor de 2.000 pesos más, pero frente a otros de América Latina, como Brasil, Chile y Uruguay, en Colombia la gasolina es más barata.

Los críticos de la fórmula que usa el gobierno para calcular el precio afirman que esta se viene usando como una herramienta para cobrarles más impuestos a los consumidores, pero por la puerta de atrás.

En esta ocasión el debate tiene un ingrediente adicional. Los dos ministros encargados del tema tienen opiniones divergentes. El de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a cargo de cuidar la plata, afirma que disminuir en 1.000 pesos el precio del galón de gasolina, como proponen algunos congresistas, le significaría a la Nación dejar de recibir 2,7 billones de pesos. 

Pero el recién posesionado ministro de Minas, Amylkar Acosta, es partidario de revisar la fórmula con el fin de aliviarles el bolsillo a millones de colombianos. Curiosamente, el viceministro de Minas, Orlando Cabrales, apoya a Cárdenas, pues afirma que bajar el precio sería irresponsable.

 

Aunque todavía no se conoce el texto del fallo de la Corte, lo cierto es que tumbar el Fondo de Estabilización es muy grave, porque este servía de colchón para suavizar las alzas bruscas en el precio de la gasolina en la eventualidad de que se dispararan las cotizaciones internacionales.

Pero el fondo del debate es que los recursos se necesitan y alguien terminará pagando el costo de reducir el precio de la gasolina. Por los impuestos que se cobran sobre los combustibles, que representan el 27 por ciento del valor de un galón de gasolina, la Nación, los municipios y los departamentos reciben alrededor de 6 billones de pesos cada año. Es decir, que de los 8.700 pesos que en promedio vale un galón, los consumidores pagan en impuestos cerca de 2.350 pesos. 


La Nación se queda con la mitad de estos recursos y, según el ministro de Hacienda, esa plata financia programas sociales, entre ellos Familias en Acción. La otra mitad de los recursos se va para los municipios que se quedan con la sobretasa del 25 por ciento. Ese dinero se destina a reparar la malla vial y a los sistemas de transporte masivo, mientras que para los departamentos va la tajada restante. 

Por eso no es tan sencillo encontrar la fórmula mágica que permita bajar el precio de los combustibles y, al mismo tiempo, seguir financiando los programas de la Nación y las regiones, menos ahora que diversos sectores le piden más recursos al gobierno. No hay que olvidar que al sector agropecuario se le darán 3 billones de pesos más el año entrante y todavía no se sabe de dónde saldrán.

El dilema sigue siendo el mismo, si se recortan recursos de un lado hay que acudir a otra fuente de ingresos, en últimas por la vía tributaria. En economía se dice que la mejor forma de distribuir la riqueza es crear impuestos, por lo tanto no tiene mucho sentido pensar en eliminar los de los combustibles, pues en últimas la inversión social recibe el golpe.

La decisión de la Corte dejó abierta la puerta para que el Congreso, no el Ministerio de Minas, fije la fórmula del precio. Y ahora el gobierno deberá presentarle una propuesta al legislativo. Ya un grupo de senadores, liderado por Luis Fernando Velasco, radicó un proyecto de ley para que el precio final se fije con base en los costos reales más las utilidades de las petroleras y no a partir del precio internacional. Habrá que esperar si esta fórmula le funciona al gobierno.

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