NO LLORES POR MI ARGENTINA

Desde principio de año ya se hablaba sobre el fracaso del Plan austral. El audaz plan económico que salvara a la Argentina de caer en el abismo hiperinflacionario en junio de 1985, comenzó entonces a enfrentar los primeros obstáculos: una inflación que excedía los límites esperados y una reactivación que se demoraba demasiado en empezar.
Hoy las dificultades se han agravado y el plan parece estar aún más lejos de su objetivo de "crecer con estabilidad".
Entre los problemas que ha generado el plan del equipo encabezado por el economista de Harvard Juan Sourrouille es el de un profundo malestar social.
Los salarios han sido precisamente la variable de ajuste. El salario real cayó un 30% desde la implementación del nuevo modelo según datos oficiales, mientras que economistas de la Central General de Trabajadores (CGT) aseguran que la cifra está más cerca al 50%.
"La democracia no puede edificarse sobre una planificación de la miseria que condiciona la vida de los argentinos a las exigencias de la usura internacional", declaró en un comunicado la CGT, días antes del último paro general.
Desde que asumió el gobierno de Raúl Alfonsín, los trabajadores han realizado siete paros generales, algunos con más éxito que otros. Pero el del pasado 9 de octubre, a pesar de no tener el respaldo del poderoso gremio de las 62 organizaciones peronistas tuvo una adhesión mayoritaria y casi 100 mil personas salieron a la calle para exigirle al gobierno un cambio en la política económica.
Desde entonces las protestas, huelgas y movilizaciones en busca de mejoras salariales se han multiplicado en todos los sectores de la economía. Sólo en la última semana pararon los obreros ferroviarios, maestros, jueces y trabajadores de la salud, de los teléfonos y del correo. También agricultores--curiosamente muchos de ellos dueños de grandes fincas--, campesinos y pescadores han reclamado con marchas y paros medidas más favorables a la producción agropecuaria.
"No hay disponibilidad social para hacer de la vida política una mera manifestación de fuerza, aunque todavía no lo hayan entendido del todo ciertos dirigentes que con gritos expresan los estertores del país faccioso y vetusto que agoniza", contestó a los huelguistas el Presidente argentino cuando lanzó su propuesta de convergencia democrática a principios de octubre. Alfonsín invitó a las fuerzas sociales a participar en un programa de reformas institucionales económicas y sociales, que constituyan la base de la "refundación de la República". No obstante, el Primer Mandatario mantuvo su total respaldo a la gestión económica.
La negativa del gobierno a cambiar una política que está trayendo serias consecuencias sociales, ha deteriorado la base misma del éxito del plan que en un principio hizo posible que se redujera la tasa inflacionaria del 30% al 3% mensual: el actual control de precios.
Así, la caída en la popularidad del austral--65% lo apoyaba en enero y sólo el 35% lo apoya hoy, según una encuesta de Socmerc--se tradujo rápidamente en el alza de precios al consumidor. En julio, estos subieron 6.8% y en agosto casi 9%.
Ante la posibilidad de volver a los niveles inflacionarios de antes, el gobierno redujo drásticamente el crédito para contraer la demanda y las tasas de interés subieron a más del 10% mensual; prohibió los aumentos salariales sobre los niveles pactados; dispuso la importación de alimentos durante temporadas de escasez para prevenir alzas estacionales y estableció un programa de control de precios industriales y de tarifas de servicios públicos hasta fin de año.
Las medidas ya están dando sus frutos: en septiembre, el índice inflacionario bajó a un 7% y en octubre se calcula descenderá a un 6%. Sin embargo, varios economistas han advertido que esta política de compás monetario podría desembocar, si no en una recesión, sí en un freno al crecimiento que se estaba logrando desde mediados del año. Durante el segundo cuatrimestre, el producto bruto interno aumentó 5.7% con respecto al mismo período del año anterior, pero las altas tasas de interés desestimulan la inversión productiva y, por tanto, se cree que la reactivación no podrá sostenerse.
"La clave para lograr un crecimiento económico a largo plazo está en la inversión", dijo en Buenos Aires, Rudgier Dornbusch, un economista del MIT, quien brindó apoyo teórico al Plan austral y al modelo similar implementado en Brasil, conocido como Plan cruzado. El gobierno, no obstante sus esfuerzos por atraer inversores, continúa teniendo tasas de inversión cero o negativas como en los últimos seis años, agregó Dornbusch.
En efecto, han sido varios los proyectos del gobierno para captar la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Entre ellas están la promoción de nuevas industrias, la promoción a las exportaciones industriales, un acuerdo de integración economica con Brasil que amplía el mercado para los bienes de capital argentinos y una política petrolera de apertura conocida como Plan Houston.
Infortunadamente, los planes promocionales se han prestado para muchas trampas. La Dirección Nacional de Impositiva investigó 2 mil empresas que gozaban de los beneficios promocionales y encontró que una cuarta parte de estas no existía. Otro ejemplo es el del caso del Banco Alas, en el cual directivos recibieron del Banco Central financiación por 100 millones de dólares por exportaciones que jamás se realizaron.
En busca de otras fuentes de dineros frescos que ayuden a la Argentina a salir del estancamiento y al mismo tiempo queriendo llevar a cabo la reestructuración de un Estado sobredimensionado y despilfarrador, el gobierno ha propuesto varios proyectos de ley, los cuales están ahora siendo estudiados por el Congreso. Estos contemplan la privatización de varias empresas estatales, una amplia reforma financiera, el blanqueo de deudas impositivas y la capitalización de parte de la deuda externa--que permitiría convertir dos mil millones de dólares de deuda en capital para nuevas empresas.
La oposición--en su mayoría peronista--ha criticado las propuestas gubernamentales por considerarlas más una respuesta a los requerimientos del Fondo Monetario Internacional que una salida a la crisis productiva que sufre el país.
Pero lo cierto es que el Plan austral sigue y su posible éxito tiene implicaciones que van más allá del campo económico. Bien sea porque los acreedores de una deuda que ya roza los 50 mil millones de dólares así lo demandan, o porque el gobierno cree que este ajuste es el único modo de modernizarse, lo cierto es que del resultado del Plan austral--por ahora bastante incierto--depende, en gran medida, la supervivencia de la democracia argentina que hace poco cumplió apenas mil días de vida.

María Teresa Ronderos, corresponsal de SEMANA en Buenos Aires