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| 1/6/2007 12:00:00 AM

Novela sin fin

La medida de aseguramiento contra Jorge Londoño y Federico Ochoa es un triunfo para los Gilinski. Pero la verdadera pelea apenas comienza.

En la historia reciente del sector financiero colombiano no se había visto algo semejante: uno de los banqueros más poderosos del país es llamado a juicio por los delitos de estafa, utilización indebida de fondos captados del público y autopréstamos, palabras alrededor de las cuales existe un gran tabú en Colombia. Es el caso de Jorge Londoño Saldarriaga, actual presidente de Bancolombia y uno de los directivos del Sindicato Antioqueño, a quien el jueves pasado la Fiscalía ordenó detener en su domicilio por el negocio que hizo al frente del Banco Industrial Colombiano (BIC) hace 10 años con la familia Gilinski: la fusión del Banco de Colombia y el BIC.

La noticia tomó por sorpresa a todo el mundo. De un lado, porque media humanidad pensaba que ese capítulo de la historia empresarial colombiana ya estaba cerrado. En el frente civil, porque después de ocho años de contrademandas y demandas, en mayo del año pasado un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá le puso punto final a esa discusión. Y en el frente penal, porque la Fiscalía General de la Nación, bajo la administración de Luis Camilo Osorio, ya había absuelto a los banqueros paisas de todas esas imputaciones y precluyó la investigación.

De ahí que la decisión de la Fiscalía de reabrir el proceso penal tuviera repercusiones inmediatas en los mercados financieros: en la Bolsa de Nueva York, la acción de Bancolombia cayó 6 por ciento en un solo día; y en la de Colombia, las empresas del Sindicato Antioqueño tuvieron que salir a comprar acciones de su banco para contener la caída, que al finalizar el viernes cerró con una pérdida del 4,6 por ciento. Teniendo en cuenta que prevenir es mejor que lamentar, Bancolombia dejó de desembolsar créditos el viernes pasado y sus administradores salieron a vender títulos de deuda pública (TES) de largo plazo para tener liquidez, según dijeron a SEMANA fuentes del sector financiero. Esto se hizo con el fin de neutralizar cualquier impacto que hubiera podido tener la noticia. Afortunadamente no hubo repercusiones y el banco sigue tan sólido como siempre.

¿Hasta dónde puede llegar el efecto de esta bola de nieve? ¿Qué fue lo que encontró el actual fiscal, Mario Iguarán, que su predecesor no encontró? ¿Acabarán en la cárcel el presidente y el vicepresidente del banco más grande del país? ¿Qué repercusiones tiene esta providencia sobre el proceso que llevan los Gilinski ante las autoridades estadounidenses?

Primero la fusión...

Todo se remonta a finales de agosto de 1997, cuando Jaime Gilinski, dueño del Banco de Colombia, y Jorge Londoño, presidente del BIC, firmaron un compromiso para unir ambos bancos en una sola institución: Bancolombia.

Los Gilinski, propietarios en ese entonces del 60 por ciento del Banco de Colombia, le venderían el 51 por ciento de éste al Sindicato. El precio: 418 millones de dólares. Esa plata, según informó el Sindicato a la Superintendencia Bancaria, saldría de dos fuentes de financiación: un préstamo del banco JP Morgan por 265 millones de dólares y una capitalización del BIC, mediante una emisión primaria de acciones, por 150 millones de dólares.

Como los Gilinski quedaban todavía con un saldo a favor del 9 por ciento de las acciones, se acordó reemplazarles ese paquete con acciones del nuevo banco. Lo mismo se hizo con los otros 8.000 accionistas minoritarios del Banco de Colombia, a quienes se les entregarían acciones de la nueva entidad, llamada Bancolombia.

El problema radicaba en valorar esas acciones. Es decir, establecer cuántas acciones del nuevo banco debían entregarles a cambio de la entidad absorbida. Al final de cuentas, se optó por la siguiente relación de intercambio: una acción de la nueva entidad fusionada por cerca de nueve acciones del antiguo Banco de Colombia. Para llegar a esa conclusión se tomó como referencia el valor de unos papeles del BIC que cotizaban en la Bolsa de Nueva York desde el año 95. Se trataba de los American Depositary Receipts (ADR). Cada uno de ellos valía 18 dólares en ese momento y estaba compuesto de cuatro acciones. Eso significaba que cada acción del BIC costaba 4,5 dólares. Con base en ese cálculo se llegó a la salomónica relación de intercambio, según la cual el paquete accionario con el que quedaron los Gilinski equivalía a 100 millones de dólares de acciones del nuevo Bancolombia. El del resto de minoritarios equivalía a 145 millones de dólares.

...Y luego la confusión

Así se acordó el negocio y así lo aprobaron las Superintendencias Bancaria y de Valores. Sindicato y Gilinski creían haber hecho el negocio de sus vidas. Pero la luna de miel duró poco tiempo. Los problemas empezaron a finales del año 98, cuando estalló la crisis financiera de Asia, que contribuyó a desencadenar la peor crisis económica del siglo en Colombia. Las acciones del Bancolombia, al igual que las de la mayoría de empresas del país, se vinieron a pique. Los ADR que cotizaban en la Bolsa de Nueva York cayeron de precio y el valor de las acciones se desplomó. Así, los 100 millones de dólares que tenían los Gilinski en agosto de 1997, en octubre de 1998 iban en 20 millones. Es decir que los 245 millones de dólares que debían recibir los 8.000 accionistas del Banco de Colombia se habían convertido en cerca de 50 millones de dólares, según consta en el expediente de la Fiscalía del 4 de enero de este año.

Y ahí empezaron los problemas. Los Gilinski se sintieron estafados. Para ellos, el Sindicato mantuvo altas las acciones que tenía el BIC en la Bolsa de Nueva York hasta el día de la firma del contrato. Es decir que las infló artificialmente para que pareciera que valían mucha más plata en el momento de la fusión.

Las cosas se complicaron más cuando por esos días el Sindicato les exigió a los Gilinski una garantía de 30 millones de dólares que estos se habían comprometido a dejar en una fiducia del Lloyds Trust. Con tan mala suerte que esta garantía, al estar representada en acciones del banco, había perdido todo su valor. Cuando el Bancolombia le pidió a Gilinski que repusiera el dinero, los socios se enfrentaron.

Al principio trataron de solucionar en privado sus diferencias con el Sindicato. En una de las reuniones, Gilinski le propuso al Sindicato que le comprara su participación en el banco, eso sí, al valor que tenían cuando hicieron el negocio. Es decir, le pidió cuatro veces el valor que tenían las acciones en ese momento en el mercado. Los apoderados de Gilinski hablaban de que ese era "el precio justo".

Ese fue el florero de Llorente. Jorge Londoño vio la oferta de las acciones como un chantaje. Su respuesta fue tajante: mientras los Gilinski siguieran con sus acusaciones, no habría negociación posible. Fue en ese momento cuando los Gilinski armaron lo que en el Sindicato consideran una "emboscada". Hicieron públicas sus denuncias en una asamblea que tuvo lugar el 23 de marzo de 1999. Y al día siguiente interpusieron una demanda por supuestos perjuicios económicos en una corte de Nueva York, ciudad donde se realizó parte de la operación de fusión.

La demanda interpuesta en Nueva York por los Gilinski no prosperó, pues el juez ordenó, en junio de 1999, que se convocara un tribunal de arbitramento en Colombia. Este Tribunal emitió un fallo a favor de los Gilinski en mayo del año pasado, por medio de cual Bancolombia tenía que indemnizarlos en 18 millones de dólares. Poco tiempo antes, otro tribunal había condenado a los Gilinski a pagarle al Sindicato 29 millones de dólares. Se pensó que esos dos fallos eran el punto final sobre toda esta telenovela y que el veredicto había sido un empate.

No fue así. La pelea ya había trascendido al campo penal. A comienzos de 2004 los Gilinski instauraron una demanda contra el banco por estafa, concierto para delinquir y falsedad. En junio de ese año, la Fiscalía colombiana abrió investigación formal sobre las operaciones ligadas a la fusión y tanto Jorge Londoño como el vicepresidente del Bancolombia, Federico Ochoa, rindieron indagatoria. Pero un fiscal encargado del caso, bajo la administración de Luis Camilo Osorio, precluyó esa investigación. A su juicio, no hubo nada punible en la conducta de estos ejecutivos paisas.

Los abogados penales de los Gilinski -la artillería jurídica más pesada que se haya visto en el país en mucho tiempo- no se quedaron quietos. Este dream team, del que forman parte Antonio José Cancino, Francisco José Sintura, Néstor Humberto Martínez y Alex Vernot, tomó la decisión de entutelar a la Fiscalía General de la Nación por no haber tenido en cuenta las pruebas aportadas al proceso desde Estados Unidos.

En dos ocasiones, la Corte Suprema de Justicia votó negativamente la tutela. La pelota recayó entonces sobre la Corte Constitucional. El ponente fue el magistrado Álvaro Tafur, pero su ponencia obtuvo una votación negativa de 2-1.

Fue entonces cuando la magistrada de la misma Corte Constitucional, Clara Inés Vargas, retomó el caso y en sentencia T-171 de 2006, ordenó a la Fiscalía incluir dentro del expediente las pruebas que se debían practicar en el exterior. Precisamente con base en estas pruebas, la Fiscalía decidió reabrir el proceso y dictó medida de aseguramiento contra Londoño y su lugarteniente la semana pasada.

¿Cuáles fueron esas pruebas que llegaron de Estados Unidos? Básicamente, los resultados de las diligencias de inspección adelantadas en Nueva York por la Securities Exchange Comisión (SEC), el órgano encargado de la supervisión bursátil en Estados Unidos. Cuando estas pruebas llegaron a Colombia, a mediados de 2004, la Fiscalía ya había archivado la investigación. El abogado judicial adjunto de la Embajada de Estados Unidos, Jean Faulkner, dejó constancia por escrito de que se habían enviado dichas pruebas, pedidas expresamente por el Procurador General de la Nación.

La otra prueba que echaba de menos la tutela -los testimonios de Roberto Gray y Marín Fariña, los dos funcionarios de JP Morgan que estructuraron el crédito de 265 millones de dólares al Sindicato- no se pudieron recaudar. Ni antes, ni ahora, estos señores han comparecido a declarar ante las instancias que los han citado.

Los cargos

Las imputaciones que hizo el Fiscal octavo delegado de la Unidad Especializada de Delitos contra la Administración Pública, Diógenes Villa Delgado, son básicamente tres: estafa, utilización indebida de fondos captados del público y operaciones no autorizadas con accionistas.

El delito de estafa hace referencia a la supuesta manipulación de las acciones del antiguo BIC inscritas en las Bolsas de Nueva York y Medellín durante la negociación para inflar el precio de estas, con el fin de lograr una mejor razón de intercambio. Esto habría ocasionado un detrimento patrimonial a los Gilinski. En todos los casos, las autoridades determinaron que la caída en el precio de las acciones obedecía a las condiciones del mercado y no a una manipulación. En esta ocasión, sin embargo, la Fiscalía cree que ese fue el acto primario de la fabricación de la misse en scène, o, como quien dice, la primera maniobra para la fabricación del engaño. Se pregunta el Fiscal del caso "¿qué hace un banco tan pequeño como el BIC para la época cotizando sus acciones en la Bolsa de Nueva York?", y se responde: "lógicamente, con ello lo que pretendía era sobrevaluar sus acciones".

Lo cierto del caso es que en la providencia no se cita ninguna prueba nueva al respecto. El único hecho que se relata es que mientras el promedio diario de transacciones de ADR del BIC en el año 97 fue de menos de 50.000 ADR diarios, para el mes de junio (dos meses antes de la fusión), había saltado a volúmenes de 243.800. Como resultado de ello, dice, la cotización aumentó hasta alcanzar un máximo de 18 dólares.

En otras palabras, se argumenta en la providencia que los Gilinski fueron engañados al hacérseles creer que cada acción en la Bolsa de Nueva York tenía un valor de 4,5 dólares. Sin embargo, en ninguna parte se dice quiénes ni cuándo hicieron esas transacciones extraordinarias en la Bolsa de Nueva York, que supuestamente hicieron que el precio saltara a esos niveles. Y esos detalles, sobre quién compraba y quién vendía, eran lo que todo el mundo estaba esperando como pruebas de los Estados Unidos, para entender por qué subió la acción. Por razones no aclaradas, esa información no llegó.

El otro engaño, según el Fiscal octavo delegado, fue que el Sindicato jamás hizo la capitalización por 150 millones de dólares a la que se había comprometido y que la Superintendencia Bancaria había aprobado en septiembre de 1997. Efectivamente, la capitalización acabó siendo de sólo 92 millones de dólares, 58 menos de lo pactado, faltante que el banco explicó con el argumento de que el mercado no respondió a la emisión de acciones tal como se esperaba. Fue entonces cuando el BIC decidió suplir ese faltante con un crédito que tomó de su filial en Panamá.

Sobre este punto hay varios problemas. Uno, que el BIC jamás reportó ese hecho como "información eventual", ni ante la Superintendencia Bancaria, ni ante la Superintendencia de Valores. Por esto, el Fiscal considera que el Sindicato "ocultó a las demás partes" la existencia de ese crédito externo, lo que constituye otro elemento para la Fiscalía en la configuración del delito de estafa.

Otra cosa muy diferente pensaba la anterior Fiscalía. Para ésta, la operación entre el BIC Panamá y el BIC Colombia no se hizo de manera clandestina, sino anunciada con el registro correspondiente en los estados financieros de una y otra entidad y reportada ante el Banco de la República. Según la providencia de julio 8 de 2004, el crédito del BIC Panamá "no había obligación de reportarlo automáticamente en cuanto el mismo hacía parte del rubro de recursos propios avisados como fuente de financiación de la compra, que no iba por demás a generar un incremento del pasivo del BIC".

Las consecuencias de este último hecho no tienen discusión. Al no poderse completar la capitalización tal y como se esperaba, los socios minoritarios del banco acabaron teniendo que cargar con la deuda con que los estaban comprando. Esto además produjo una reducción en su participación en la nueva sociedad. Los Gilinski y el resto de accionistas minoritarios del Banco de Colombia se vieron perjudicados y justamente por eso el laudo arbitral de mayo del año pasado conceptuó que han debido quedar con más acciones de la nueva sociedad. En el caso concreto de los Gilinski, con un 3 por ciento adicional, cifra nada insignificante si se tiene en cuenta que el banco puede hoy tener un valor superior a los 2.000 millones de dólares

Si bien el perjuicio económico para los minoritarios no es discutible, lo que no es tan automático es que las circunstancias que condujeron a este constituyan una acción delictiva. El mismo Tribunal reconoce que al respecto que "no hubo acciones dolosas ni maquinaciones fraudulentas por parte del banco ni de sus administradores".

Otra denuncia de carácter penal tiene que ver con la figura de los autopréstamos. En el país, a partir de la crisis de 1982 está prohibido tomar prestados recursos de un banco para adquirir el control de otro. Además, existe una norma -el Decreto 1886 de 1994- que prohíbe a quien adquiera más del 10 por ciento de la propiedad de un banco recibir préstamos de éste durante el primer año después de la transacción. Esta norma, según el Fiscal, se incumplió particularmente en dos casos. El primero fue un crédito por 21.445 millones de pesos que el Banco de Colombia le otorgó al BIC cuando éste, según la Fiscalía, ya era dueño de más del 10 por ciento del Banco de Colombia. El segundo, cuando el Banco de Colombia le vendió al BIC inmuebles por 40.000 millones de pesos, que no fueron cancelados de contado sino que quedaron como una deuda, lo cual equivale, según los demandantes, a una operación de crédito. Los abogados defensores del Bancolombia argumentan que cuando tiene lugar una fusión, no es posible determinar la participación accionaria de cada una de las partes que lo conformaron, pues ya son un solo ente.

El tercer autopréstamo -y quizás el más grave de todos- es una supuesta triangulación de 33.000 millones de pesos para completar los recursos de la compra. Esa suma se la habría prestado el Banco de Colombia antes de la fusión a una sociedad del Sindicato Antioqueño llamada Portafolio de Inversiones Suramericana. Esta, a su turno, habría invertido esa plata en la suscripción pública de acciones del BIC. Y esta suscripción aportó parte de los recursos que el BIC destinó para la compra del Banco de Colombia.

Tanto la Fiscalía anterior como la Superintendencia Bancaria encontraron que no existieron tales autopréstamos, que no se violaron los topes permitidos ni se usaron ahorros del público. Sin embargo, el Fiscal que reabrió el caso ahora considera que esas conductas sí vulneran el bien jurídico del orden económico y social y constituyen una conducta punible que se conoce con el nombre de operaciones no autorizadas con accionistas.

Otra denuncia del Fiscal es que el crédito que se contrató con JP Morgan para financiar la compra del Banco de Colombia fue contratado por el mismo BIC y no por el Sindicato. La consecuencia de esto es que con la fusión, esta deuda, que había sido contraída por el banco comprador, terminó siendo pagada por los accionistas de ambos. Sin embargo, según la providencia anterior de la Fiscalía, "esa era la consecuencia legal de la fusión y no el resultado de una maniobra engañosa del comprador".

¿Cuento viejo?

Lo curioso de todo lo anterior es que dos Fiscalías, con base en la misma evidencia, llegaron a conclusiones diametralmente opuestas, pues si algo se desprende de la última providencia es que prácticamente no hay ningún elemento nuevo en relación con lo que ya era de conocimiento público, y había sido la base de las denuncias de los abogados de los Gilinski hace tres años Las supuestas pruebas que se esperaban de los Estados Unidos acabaron no teniendo mayor valor probatorio

De hecho, todo el mundo está de acuerdo sobre los hechos anteriores y en lo único que difieren es en cuanto a sus consecuencias jurídicas. Más que un asalto a un banco, el caso gira alrededor de interpretaciones jurídicas encontradas. La Fiscalía acaba de darle la razón a la familia Gilinski, y esto representa una reivindicación a una cruzada que lleva casi nueve años, que ha costado en abogados muchos millones de dólares y que en material económica no ha tenido mayores triunfos hasta el momento. La acusación de la semana pasada les abre la esperanza de que la justicia norteamericana, donde hay pleitos pendientes por cientos de millones de dólares, falle a su favor. También se pueden volver a barajar las cartas en materia de indemnización de perjuicios en el evento de que la acusación desemboque en una condena definitiva.

Sin embargo, esto no es seguro aún. Bancolombia estaba tan tranquilo en este pleito, que no se había preocupado por montar una artillería jurídica correspondiente a la de su contraparte. Lo está haciendo ahora, y para interponer los recursos a que tiene derecho se vienen con todo. Jorge Londoño y su vicepresidente, Federico Ochoa, se encuentran ahora frente al pelotón de fusilamiento, pero todavía no han sido fusilados.
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