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| 6/24/2002 12:00:00 AM

Nuevo 'round'

Una movida diplomática de Estados Unidos revive el pulso entre los laboratorios nacionales y extranjeros por los medicamentos genéricos.

Por estos dias se vive en el pais un nuevo capítulo del enfrentamiento por los genéricos. Se discute un cambio en las reglas de juego de la industria farmacéutica que ha revivido la lucha entre las compañías multinacionales productoras de medicinas y sus competidoras colombianas. El asunto es espinoso por donde se le mire, pues lo que se decida en esta materia no sólo podría afectar el bolsillo de los colombianos y su capacidad de acceder a las medicinas. Detrás de la decisión también hay un pulso diplomático de marca mayor pues el gobierno de Estados Unidos no es neutral frente al tema.

La discusión esta vez no tiene que ver con las patentes de los nuevos medicamentos ya que Colombia de hecho las otorga y las respeta. La disputa tiene que ver con el llamado secreto empresarial, que consiste en lo siguiente: cuando una firma quiere obtener un registro sanitario para sacar al mercado un medicamento innovador tiene que ir al Invima y adjuntar una serie de estudios que demuestren la eficacia y seguridad de la sustancia. Después, cuando un competidor quiere sacar un genérico del medicamento, no tiene que repetir todos los estudios. Basta con que certifique que su sustancia es igual a la original, pues la autoridad sanitaria ya sabe que el medicamento es eficaz y seguro. Esto es lo que se conoce desde siempre como el proceso sumario en el Invima.

Pues bien. Lo que quieren las multinacionales, entonces, es que durante los primeros cinco años después de registrado un medicamento innovador no haya proceso sumario, de manera que al competidor le toque repetir todos los estudios. Como éstos son costosos y tardan mucho, lo que ocurriría en la práctica es que nadie sacaría genéricos al mercado durante cinco años.

¿De qué serviría esto si en el país ya se respetan las patentes, que son la forma usual de garantizarle el monopolio a la compañía innovadora? Para las multinacionales es un asunto de equidad en la competencia. Los laboratorios nacionales, en cambio, lo ven de otra manera. Argumentan que si se aplicara retroactivamente la eliminación del proceso sumario habría que retirar del mercado muchos genéricos que hay actualmente en el mercado, que son lo suficientemente viejos para no estar cobijados por patentes. También, en el futuro, podría haber medicamentos que no cumplan los requisitos para merecer una patente pero sí quedarían protegidos por el secreto empresarial.

¿Qué implica para Colombia extender el alcance del famoso secreto empresarial? Un golpe para la industria nacional puesto que las compañías locales tienden a especializarse en la fabricación de genéricos y las foráneas traen los inventos de sus países de origen. Y un encarecimiento de la salud, ya que habría más medicinas en condición de monopolio. Fedesarrollo calculó en 777 millones de dólares la pérdida de bienestar de los consumidores por los mayores precios. No obstante, las multinacionales farmacéuticas no comparten estos cálculos y afirman que el impacto sobre el mercado sería muchísimo menor. Citan un estudio de Anif, según el cual sólo se retirarían del mercado 32 medicamentos, cuyas ventas equivalen al 1 por ciento del total del sector.



Pros y contras

El principal argumento a favor de fortalecer la protección de los innovadores es la inversión. "Las compañías invierten millones de dólares para desarrollar nuevas medicinas", afirma Margarita Villate, presidenta de Afidro, el gremio de las multinacionales farmacéuticas. La lógica del argumento es que si no fuera por el incentivo de un mercado protegido no habría investigación y desarrollo.

Pero esta discusión tiene sus matices. El primero es que el grueso de la investigación se lleva a cabo en los países de origen de las multinacionales. En estos mercados es donde se recupera la inversión, pues tan sólo el 7 por ciento de los ingresos de las farmacéuticas proviene de los países en desarrollo, según la revista The Economist.

Y en cuanto a la producción de los medicamentos como tal, la tendencia es que las multinacionales concentren sus operaciones en unos pocos lugares. De acuerdo con datos de Asinfar, el gremio de los laboratorios colombianos, sólo quedan 12 internacionales con planta de producción en el país, cuando hace unos años había 32. Los 20 restantes, o se han fusionado, o han trasladado su producción a otras partes, dejando en Colombia únicamente la distribución. Entre tanto, la balanza comercial del sector (exportaciones menos importaciones) pasó de un saldo negativo de 49 millones de dólares en 1992, un año antes de que se adoptaran las patentes, a 416 millones en 2001, según un informe de Misión Salud, una ONG creada por varios organismos vinculados a la Iglesia.

Esto se ha dado pese a que Colombia ha sido más juicioso que varios de sus vecinos (como Brasil y Argentina) en adoptar rápido y respetar los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMC) en materia de propiedad intelectual. Este organismo obliga a los países a respetar patentes, mas no a eliminar el proceso sumario en los registros sanitarios. Pero aún los estándares de la OMC están en discusión pues los países en desarrollo los consideran demasiado estrictos.

En la última reunión ministerial de Doha, en diciembre pasado, se emitió una declaración según la cual el acuerdo de la OMC sobre propiedad intelectual "puede y debe ser interpretado e implementado de forma tal que soporte el derecho de cada país de proteger la salud pública y, en particular, para promover el acceso de toda la población a los medicamentos".

Pero en Colombia el asunto no sólo se discute en el contexto de la OMC sino también de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Así quedó en evidencia el 30 de abril pasado cuando el Ustr, que es la autoridad estadounidense en materia de comercio, rebajó a Colombia de categoría en una certificación que hace anualmente para evaluar las normas de propiedad intelectual de los demás países. Este informe dice que "el gobierno estadounidense está decepcionado por acciones tomadas por Colombia para debilitar la protección de datos y prohibir las patentes de segundo uso en la Comunidad Andina".

Este informe, que salió a la luz pública justo en momentos en que se está discutiendo la letra menuda del Atpa, tomó por sorpresa al gobierno colombiano, entre otras cosas porque no ha habido 'acciones' o cambios normativos recientes en torno al tema. Por eso la categoría en que quedó Colombia en la lista del Ustr, aunque no implica sanciones comerciales, de todas maneras se ha interpretado como un mecanismo de presión.

El jueves pasado se realizó la primera de una serie de reuniones entre técnicos de ambos gobiernos para discutir el tema. Los colombianos quieren que los estadounidenses les expliquen concretamente sus argumentos para así poder dar una respuesta. En ocasiones anteriores, cuando ha habido intentos de modificar las normas sobre el tema, las autoridades colombianas se han negado a las modificaciones. La posición del gobierno nacional, expresada por la ministra de Comercio Exterior, Angela María Orozco, es que este no es un tema que se deba evaluar únicamente desde la óptica de las negociaciones comerciales. También es un problema de salud pública. El reto del gobierno, entonces, será poner sobre la balanza todas las variables económicas en juego, la más importante de las cuales es el bienestar de los consumidores, y tomar la decisión que más convenga al país.
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