Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1999/03/15 00:00

OPERACION TORTUGA

El sistema financiero sigue padeciendo una profunda crisis al tiempo que las trabas legales <BR>impiden poner en práctica las medidas de la emergencia económica.

OPERACION TORTUGA

El pasado 17 de noviembre, ante la difícil coyuntura por la que estaba atravesando el
sector financiero, el gobierno decidió decretar la emergencia económica. En ese momento la justificación
de la misma tenía que ver con que la cartera vencida y otros indicadores del sistema estaban empeorando
de manera acelerada y que si no se contenían rápidamente el efecto sobre la economía colombiana sería
nefasto. No obstante, tres meses después de decretada, son pocas las medidas de la emergencia que se han
puesto en práctica y hoy la situación estructural de las entidades financieras es similar o incluso peor a la de
hace unos meses.
Aunque la llegada de un experto en el tema financiero, como lo es Jorge Castellanos, a Fogafin, asegura
que el desarrollo de las medidas comenzará a ser más ágil y eficaz y los analistas del tema aseguran que la
emergencia será aceptada por la Corte Constitucional, todavía existen medidas del paquete que no se pueden
poner en marcha ante la falta de seguridad de que se produzca un fallo positivo por parte de este organismo.
En los últimos días las entidades financieras han empezado a sentir una mejoría superficial de su situación
debido al aumento de la liquidez en el mercado. Sin embargo esta situación no es fruto del éxito de la
emergencia sino de la política expansiva del Banco de la República, sumada a la fuerte recesión por la que
está atravesando la economía colombiana. A pesar de esto, como no se puede garantizar que esta liquidez
será permanente, es vital que entren a funcionar las medidas anunciadas para atacar los problemas de
fondo que han llevado al sector financiero a la crisis. De lo contrario las dificultades del mismo se seguirán
profundizando. Prueba de esto es que durante los últimos tres meses el porcentaje de cartera vencida se ha
incrementando en casi un punto y hoy sus niveles son alarmantes. Existe un agravante, y es que la cartera
del sector financiero al pasado mes de enero presentó una disminución del 6 por ciento anualizado en
términos reales, lo que indica que en las condiciones actuales y a las tasas que se encuentran hoy en el
mercado ni los bancos quieren desembolsar ni la gente quiere tomar prestado (ver gráfica).
De esta forma, en la medida que el comportamiento de la economía siga siendo precario y el desempleo se
mantenga con tendencia creciente, el indicador de calidad de cartera seguirá menoscabándose (ver gráfica).
En ese contexto, para una persona que no tiene empleo, no importa cuán generosos sean los alivios ya que
simplemente no tiene ningún flujo de dinero y es muy difícil que cumpla con sus obligaciones. Igualmente, a
pesar de que la tasa de interés de captación ha presentado una disminución de más del 5 por ciento, las
tasas de colocación siguen siendo muy elevadas bajo cualquier parámetro histórico y por ahora los pasivos
siguen aumentando a un ritmo superior al de los salarios, lo que resiente aún más la capacidad de pago de los
colombianos. Por otro lado, la emergencia ha producido algunos efectos negativos sobre la calidad de la
cartera a causa de lo que los economistas denominan "riesgo moral". Esto debido a que algunos deudores,
que están en capacidad de pagar sus créditos, han decidido no hacerlo a la espera de recibir alivios adicionales
por parte del gobierno.

Con las manos atadas
Sin embargo muchas de las medidas más importantes de la emergencia aún están en estado incipiente o
todavía no han sido reglamentadas. Una de éstas es la referente a alivios a los deudores, que solo fue
reglamentada por el Consejo de Estado la semana anterior. Adicionalmente, la realidad es que existe apatía
por parte de los deudores para acogerse a estos alivios, en unos casos porque no tienen claridad sobre lo
que se les está ofreciendo y en otros porque tienen desconfianza de las entidades financieras y creen que
a la larga terminarán pagando mayores cuotas, como ya les ocurrió con sus deudas en Upac. De esta forma
las corporaciones de ahorro y vivienda consultadas por SEMANA estiman que menos de un 10 por ciento de
los deudores que pueden utilizar estos alivios terminarán accediendo a ellos.
Las sociedades de inversión colectiva (SIC), con las que se buscaba una manera de absorber el exceso de
inventario de inmuebles que existía en el mercado, no están funcionando. Para los inversionistas sería
absurdo constituir una de estas sociedades hasta que no falle la Corte Constitucional y no se reglamenten
las condiciones de los préstamos que obtendrán de Fogafin. En ese orden de ideas, mientras la demanda de
vivienda siga paralizada y no se establezcan lasSIC, el precio de los inmuebles seguirá cayendo. Esto
contribuirá a agravar un problema que se viene presentando desde hace varios meses y es que las
propiedades que tienen los bancos ya no cubren el valor de la hipoteca, lo cual implica grandes pérdidas para
el sector financiero.
Como los dos casos anteriores existen otros, como el de las titularizaciones para estabilizar los flujos
de algunas entidades financieras y las capitalizaciones para resolver los problemas de solvencia de
otras. En estos dos aspectos no se ha podido avanzar ya que el Consejo de Estado no le quiere permitir
a Fogafin capitalizar las entidades con títulos sino en efectivo, lo que es complicado en este momento debido
a que este organismo no sabe a ciencia cierta con cuánto dinero va a contar finalmente para sus
operaciones.
Para concluir, lo que es increíble en este caso es que una situación de emergencia que requiere
medidas inaplazables tenga que esperar varios meses para ser reglamentada. En este sentido habría que
pensar qué tan oportuno es un esquema que permite a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado un
tiempo tan largo para definir y decretar la legalidad de la emergencia y reglamentar sus medidas. Si la ley
le otorga al gobierno la facultad de tomar acciones extraordinarias en momentos de crisis _atribuciones
cuya necesidad nadie disputa_ también debería limitar el plazo que tienen otros órganos del Estado para
aprobarlas y reglamentarlas. De lo contrario, las crisis serán más profundas y sus costos sociales mayores.

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