A ORDENAR LA CASA

A POSIBILIDAD DE QUE las alcaldías sean cerradas, que los funcionarios municipales se queden desempleados y que las oficinas permanezcan vacías por falta de quien despache, aún desvela a los mandatarios locales. Y. es que los traumas ocasionados por el fallo de la Corte Constitucional, que tumbó la autorización que tenían las administraciones de utilizar durante un período de transición porcentajes decrecientes de las transferencias de la Nación para costear gastos de funcionamiento, todavía no han sido superados.
El problema se originó en 1986, cuando se inició la descentralización, y tocó fondo con la nueva Constitución. La Carta establece claramente que las transferencias de la Nación a los municipios deben ser destinadas únicamente a la inversión, mientras que los gastos de funcionamiento debían correr por cuenta de los recaudos propios. El propósito es que el dinero que el gobierno central le entregue a las localidades no se despilfarre en burocracia. Pero el problema radica justamente en que, según cifras de Planeación Nacional, el esfuerzo de los municipios por organizar sus finanzas desde 1986 arroja un resultado negativo. En este período han crecido con mayor rapidez los gastos corrientes que las rentas propias.
Los casos más patéticos son los de localidades con más de 100.000 habitantes y con niveles de necesidades básicas insatisfechas inferiores al 55 por ciento, como lo son Montería, Pasto, Villavicencio, Dosquebradas, Florencia, Cartago, Buga y Magangué. En estos municipios los gastos de funcionamiento no alcanzan a ser cubiertos con los recursos corrientes. Esto puede explicarse desde dos ángulos: el municipio recauda pocos impuestos porque presta malos servicios y porque sus habitantes tienen poca capacidad de pago, y por otra parte, el gobierno local es el mayor empleador y tiene demasiados compromisos para actuar con autonomía.
Pero no se puede excusar la mala administración por la pobreza. Prueba de ello son localidades como Santa Sofía y Confines, que a pesar de tener cerca del 70 por ciento de su población con necesidades básicas insatisfechas, logran con sus rentas propias generar excedentes para inversión.
La solución propuesta por la administración central, que consiste en que la Nación gestione créditos puente para que los municipios obtengan recursos para financiar su funcionamiento, únicamente sirvió para apagar el incendio y evitar que los alcaldes montaran su sindicato en plena plaza de Bolívar. Hoy por hoy los mandatarios no saben a ciencia cierta de dónde va a salir la plata para pagar las obligaciones que les acarreará la deuda.
Esta inquietud ha sido expresada por los críticos del acuerdo, entre quienes se encuentra el ex ministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien desde su columna de El Tiempo alertó a las entidades crediticias: "Los bancos y la Superintendencia Bancaria deben tomarnota de esta circunstancia -el aval para los empréstitos son las mismas transferencias de la Nación- porque los créditos que están otorgando para gastos de funcionamiento no van a tener cómo ser pagados".
Frente a este panorama, resulta difícil pensar que los municipios van a empezar a asumir la descentralización con responsabilidad. Pero ese es el compromiso que tienen con el gobierno nacional: modernizar su gestión financiera y lograr que en el mediano plazo puedan autofinanciar su funcionamiento.
Los esfuerzos políticos están encaminados a que las alcaldías no tengan que ser cerradas mientras sus mandatarios aprenden a ordenar la casa. El mismo gobierno central parece convencido de que los créditos puente resultan incosteables y no son más que paños de agua tibia. Según fuentes oficiales, hay cerca de 300 municipios que son incapaces de subsistir sin las transferencias de la Nación. Por esa razón la administración central no descarta la posibilidad de plantear una solución a largo plazo, que consistiría en una modificación a la ley 60 de 1993, o en una reforma constitucional que levante la prohibición de destinar las transferencias a los gastos de funcionamiento.
Lo absurdo del asunto es que mientras este debate adquiere cada vez más importancia, el Congreso modificó las condiciones para la creación de municipios. De la exigencia de que la localidad generara por lo menos 5.000 salarios mínimos se pasó a que sea de sólo 50. Esto podría disparar en poco tiempo el número de municipios del país y ahondar aún más la crisis.