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| 9/16/1996 12:00:00 AM

ORO GRIS

Una sentencia de la Corte Constitucional y las condiciones de un contrato de asociación ponen en juego los intereses de la BP en Colombia.

La semana pasada varios observadores económicos sintieron que los intereses de la empresa petrolera BP Exploration en Colombia estaban tambaleando. El motivo de tal percepción fue una decisión de la Corte Constitucional que, si bien no sorprendió a nadie, dejó preocupados a muchos. Aunque la decisión fue dividida, estaba cantada: seis de los nueve magistrados dejaron sin piso una cláusula de un acuerdo con el que Colombia le garantizaba a la Gran Bretaña que sus inversiones en el país no podrían ser expropiadas sin indemnización. En concepto de la Corte esa cláusula iba en contra del artículo 58 de la Constitución, que establece que, por motivos de utilidad pública o social, el gobierno puede expropiar bienes sin pagar indemnización. Lo que para muchos no pasó de ser un tecnicismo jurídico adquiere otras proporciones cuando se miran las cifras. Al terminar 1996 la BP, la principal empresa afectada por la decisión, habrá invertido 2.000 millones de dólares en Colombia, lo que equivale a más de dos terceras partes del déficit comercial del país. Pero, contra todos los pronósticos, la BP reaccionó con mucha calma. La empresa afirmó estar segura de que las autoridades buscarán la mejor manera de proteger la inversión, tanto extranjera como nacional. Y la petrolera sabía de qué estaba hablando. Según dijo a SEMANA el ministro de Minas y Energía, Rodrigo Villamizar, "siempre existieron dudas sobre la constitucionalidad de la norma. Ahora la única forma de mandar una señal clara a los inversionistas es hacer un cambio de fondo por la vía que sea necesaria". Y la vía ya parece estar clara: el gobierno incluyó el tema dentro del paquete de reformas constitucionales presentadas al Congreso y son pocos los que piensan que pueda presentarse alguna dificultad en el proceso. Pero mientras los observadores se sorprendían con la tranquilidad con que las partes tomaron la sentencia de la Corte, el verdadero movimiento estaba en otra parte. El miércoles pasado el Contralor General de la República invitó a desayunar a un selecto grupo de conocedores del tema petrolero. A pesar de que los asistentes discutieron distintos aspectos de la política del sector, todos sabían que en el aire flotaba el plato más delicado de la reunión: el contrato de asociación de Piedemonte fase 3, que abarca los campos de Volcanera, Pauto y Floreña. Desde hace algún tiempo la BP, como empresa asociada, ha adelantado conversaciones con Ecopetrol, señalando que las condiciones del contrato hacen económicamente inviable el proyecto, que tendría reservas de más de 600 millones de barriles, y de esta manera, la BP abandonaría la idea de explotar los campos. Pero, ¿qué ha cambiado en los últimos cuatro años para que un contrato que era bueno para la petrolera cuando se suscribió, en 1992, ya no lo sea? Según dijo a SEMANA una fuente de la BP, hay varios elementos: "Por un lado el impuesto de guerra, que originalmente no nos afectaba, terminó golpeándonos. Asimismo, se elevaron los impuestos de remesa. De otra parte, los costos de mantener la seguridad en la zona han aumentado. Pero lo más importante es que los costos de explotación resultaron ser bastante altos, mucho mayores que los de cualquier otra región petrolera en el país". Sobre el tema de los costos las dificultades parecen radicar en la compleja naturaleza geológica del suelo en la zona, que hace que haya que buscar el petróleo a más de cinco kilómetros de profundidad, lo que multiplica los riesgos y los gastos para cubrirlos. Pero el origen de los costos puede ir más allá. Un estudio de la Asociación Colombiana de Petróleos muestra que, para los estándares mundiales, los contratos de asociación de Colombia resultan bastante onerosos, y entre ellos el del Piedemonte es el que lleva la peor parte (ver cuadro). Ante los argumentos expuestos, Ecopetrol ha optado por ordenar dos estudios sobre el tema uno a Fedesarrollo y otro a la Universidad Nacional antes de pronunciarse al respecto. Sin embargo, por ahora el ambiente oficial para el diálogo parece ser positivo. Según dijo a SEMANA el presidente de la empresa estatal, Luis Bernardo Flórez, "Dependiendo de los resultados, habría que evaluar en qué forma pueden mantenerse unos niveles de rentabilidad para el asociado, preservando desde luego los intereses del país". Por su parte, el ministro Villamizar cree que "debemos encontrar alternativas para incentivar a BP a quedarse en la zona, manteniendo un beneficio neto para Ecopetrol". Por ahora los analistas esperan ansiosamente los resultados de los estudios contratados, los cuales deben salir en un par de semanas. En ese momento todos los ojos se concentrarán en la posición que en definitiva adopte la junta directiva de Ecopetrol, que es la que determina la política petrolera nacional, porque lo que está en juego en esta discusión no es cualquier cosa. Y el que no crea, que vuelva a leer la cifra: más de 600 millones de barriles de petróleo.
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