A oscuras

Si las cosas siguen como van la Costa Atlántica empezará a quedarse sin luz el próximo 17 de diciembre. Así lo hicieron saber la semana pasada las empresas Electrocosta y Electricaribe, que distribuyen la energía eléctrica en esta zona del país. El problema del no pago de las facturas por parte de los clientes se ha agravado a tal punto que estas empresas acumulan una cartera morosa de 645.000 millones de pesos, cerca del 50 por ciento de su facturación anual.

Estas distribuidoras, a su vez, han empezado a colgarse en los pagos a sus proveedores. Están en mora con Corelca, una de las principales generadoras de propiedad estatal. Cuando ocurre esto se inicia un proceso de limitación de suministro, mediante el cual se les corta el servicio a las distribuidoras. Al principio se hace durante una hora diaria, pero si no pagan se amplía el corte.

Esto ha ocurrido antes en zonas del país como el Chocó, pero nunca en ciudades grandes. La posibilidad de que ocurra en la Costa dentro de dos semanas ha prendido todas las alarmas. El sector eléctrico, en general, está en una posición sumamente frágil. A este asunto se suman, en el caso de la Costa, otros problemas particulares que han vuelto la situación inmanejable.

La historia

En 1998 el Estado vendió por cerca de 800 millones de dólares las distribuidoras de la Costa Atlántica, que habían sido manejadas por la clase política durante décadas y tenían graves problemas de gestión. El comprador privado, Reliant Energies, no alcanzó a mejorar mucho las cosas pues tan sólo dos años después, en 2000, decidió vender ambas empresas al grupo español Unión Fenosa por casi 400 millones de dólares, la mitad de lo que había pagado por ellas.

Cuando entraron los españoles los problemas de cartera que tenían las empresas ya eran conocidos. Lo que no calculaban los nuevos dueños, sin embargo, era que el principal deudor moroso fuera el propio Estado colombiano. Las entidades oficiales de la región tienen facturas sin pagar por 61.000 millones de pesos. Abundan ejemplos, como el de la Escuela Naval en Cartagena, que no paga y le tuvieron que cortar la luz. El gobierno central, por su parte, les adeuda a las empresas 53.000 millones por concepto de subsidios al consumo de los estratos bajos.

El asunto es particularmente grave en los barrios marginales de las ciudades, donde suelen asentarse los desplazados. También en las denominadas zonas rojas, que comprenden unos 618 corregimientos en 110 municipios de la región. Las empresas afirman que en esos lugares no pueden cobrar, por razones de fuerza mayor y, en el fondo, de orden público. "Allí sólo se recauda el 15 por ciento de lo facturado", afirma Carlos Eduardo Sinisterra, vicepresidente operativo de Electrocosta y Electricaribe.

El problema del no pago viene de atrás, pero últimamente se ha complicado pues los cortes del servicio que ha hecho la empresa han generado protestas de las comunidades con el apoyo, en muchos casos, de políticos locales. Lo que al principio parecía un simple problema cultural, que se resolvería con una mejor gestión de cobro, terminó por convertirse en un conflicto social y un descalabro económico de grandes proporciones.

Pese a las complicaciones ha habido algunos avances. Para los barrios marginales el gobierno modificó la regulación de manera que las empresas puedan instalar contadores comunales y cobrar colectivamente. En algunas localidades el esquema ha funcionado, en otras, definitivamente, no. Pero así la gente no pague con los contadores comunales la empresa puede facturarle al gobierno los subsidios, que son el 50 por ciento del valor del servicio, aunque tarda mucho en girarlos.

Igualmente importante es la mejora en la gestión de las empresas. "Hemos logrado duplicar el recaudo, que ya se acerca al 75 por ciento de lo facturado, mientras que bordeaba el 40 por ciento cuando entramos. Así mismo, las pérdidas de energía han bajado del 45 a cerca del 25 por ciento, afirma Sinisterra. La otra cara de la moneda es que los inversionistas han tenido que inyectarles 350 millones de dólares a las empresas en los últimos dos años, para mantenerlas a flote", añade.

Pero estas mejoras no han bastado para normalizar la situación. El primero de noviembre pasado Electrocosta y Caribe le notificaron al gobierno que no seguirían comercializando la energía en las zonas rojas. Dejarían sus redes disponibles para que los alcaldes o alguien más la vendiera a través de ellas. Por esos días también dejaron de pagarle a Corelca, activando la limitación de suministro, que lleva al apagón.

Ante esta situación el ministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, ha planteado varias opciones de solución de corto plazo. La primera es capitalizar las empresas. El gobierno, que es dueño del 30 por ciento, aportaría 8.000 millones de pesos mensuales durante seis meses, y este aporte de capital se haría "en especie", con energía de Corelca, que es estatal. Los socios privados se comprometerían a inyectar el capital que se requiera para preservar la proporción accionaria. El Ministro de Minas también ha propuesto una solución paralela, que consiste en implantar en ciertas zonas un sistema de prepago para la energía similar al de los celulares. Esto se usa en otros países, donde también hay problemas de no pago. El inconveniente que las empresas le ven a este sistema es que vale plata, pues tendrían que invertir en la compra de nuevos contadores.

Es posible, aunque no seguro, que antes de diciembre se logre solucionar el problema de la cartera con Corelca, y de esa manera se evite la limitación de suministro. Pero tanto las empresas como el gobierno tienen claro que, además de los planes de corto plazo, hay que trabajar en las soluciones de fondo al problema. Esto pasa por mejorar las comunicaciones, la pedagogía y las relaciones con la comunidad, y también la situación fiscal, para que el Ministerio de Hacienda les pueda girar a las empresas los subsidios que les adeuda. No menos importante es perfeccionar el esquema regulatorio y tarifario actual, que es muy criticado por las empresas del sector. Más allá de esto, hay que tener en cuenta que, en el caso de las electrificadoras de la Costa, la solución pasa por aliviar dos de los problemas centrales del país: la violencia y la pobreza.