Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2002/05/06 00:00

Países en concordato

Cobra fuerza la propuesta de crear una ley internacional de quiebras, no ya para empresas sino para gobiernos.

Países en concordato

Si quedaba alguna duda de que un país entero puede literalmente quebrar basta con mirar el ejemplo reciente de Argentina, donde las finanzas del gobierno colapsaron y arrastraron en su caída a bancos y empresas. Para lidiar con crisis como ésta, que se ven en el mundo con cierta frecuencia, ha surgido una propuesta bastante novedosa. La idea, en pocas palabras, es que antes de declarar la cesación de pagos los gobiernos entren en una especie de concordato. Así como las compañías con problemas normalmente acuden a las leyes de bancarrota, como la de intervención económica que hay en Colombia o el Chapter 11 de Estados Unidos, los países utilizarían un mecanismo similar para llegar a un acuerdo de reestructuración con sus acreedores. Esta idea, que se había debatido antes en los círculos académicos, cobró fuerza hace una semana cuando Paul O’Neill, secretario del Tesoro de Estados Unidos, convenció al Grupo de los Siete, que reúne a las naciones más desarrolladas, de apoyar públicamente una reforma en ese sentido. La propuesta apunta a enfrentar un problema recurrente en los mercados financieros internacionales, y es la dificultad que tienen los gobiernos agobiados por la deuda externa para ponerse de acuerdo con los acreedores en un programa ordenado de reestructuración. Hoy en día les toca negociar por separado con cada una de las personas o instituciones que les han prestado plata, lo cual hace prácticamente imposible lograr acuerdos para aliviar la crisis. El debate comenzó con la publicación de un artículo de Anne Krueger, subdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que compara la bancarrota de los países y las compañías. Si los gobiernos endeudados pudieran hacer lo mismo que las empresas en concordato, argumenta en el artículo, las crisis de los países serían más manejables y menos traumáticas. No obstante la solución no es tan sencilla como copiar las leyes de reestructuración empresarial y aplicarlas a países. Hay diferencias importantes. La más obvia es que un gobierno no se puede cerrar o liquidar. Si los acreedores de una empresa no creen que ésta sea viable en el futuro pueden optar por liquidarla y así recuperar aunque sea parte de lo que invirtieron en ella. Cuando se trata de países esta opción no se puede considerar. Otra diferencia importante es que en el caso de los gobiernos no se puede intercambiar deuda por acciones, algo que se hace con alguna frecuencia en el mundo empresarial. Pero hay tres cosas que sí se podrían copiar. La primera es congelar los embargos temporalmente para que la compañía (o el país, en este caso) pueda seguir funcionando mientras renegocia sus obligaciones. La segunda es fijar un plazo perentorio para llegar a un acuerdo con los acreedores. Y la tercera es proveer incentivos para que los gobiernos en reestructuración obtengan recursos frescos para seguir adelante. Además de estos tres puntos la propuesta de la funcionaria del FMI busca que los acreedores voten para aprobar o rechazar los acuerdos de reestructuración y que la decisión de la mayoría sea obligatoria para todos. Esto facilitaría mucho los acuerdos pues en la actualidad se requiere una unanimidad casi imposible de lograr. La polemica Aunque suena bien en el papel la idea del concordato para gobiernos no es fácil de llevar a la práctica. Anne Krueger propone una reforma a fondo de los estatutos del FMI que vincularía a todos los países miembros a la nueva figura legislativa. Por su parte Paul O’Neill propone una solución menos reglamentarista. Sugiere que en los bonos de deuda que vayan a emitir los países emergentes se incluyan unas cláusulas especiales para establecer los pasos a seguir en caso de incumplimiento de los pagos. Los gobernantes de los países deudores, sin embargo, tienen objeciones de tipo práctico frente a la propuesta de O’Neill. Si al momento de buscar recursos prestados se discute también la forma de lidiar con un eventual incumplimiento se estaría enviando la señal a los inversionistas de que el país no piensa pagar. Por esta sola razón le prestarían a una tasa más cara. Ningún gobierno de un país emergente se le mide a ser el primero en incluir cláusulas de reestructuración en sus nuevos créditos por temor a que le salga muy caro. A los inversionistas que destinan sus recursos a las economías emergentes, por su parte, no les gusta para nada el esquema propuesto. Aseguran que si se adopta la idea de Krueger los acreedores quedarían maniatados para recuperar su plata. Dicen que estarían cediendo todos sus derechos a cambio de nada, pues no tendrían ninguna garantía de que el país deudor se volverá “juicioso” en sus pagos. “La historia de las moratorias de los gobiernos está llena de promesas que no se cumplieron”, dice una carta que escribieron los representantes de varios gremios de inversionistas manifestando su oposición a la propuesta de Krueger. Pero la posición de la subdirectora del FMI, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, y ahora del Grupo de los Siete, tiene una razón de ser. En el pasado las instituciones oficiales de crédito, y en particular el FMI, han terminado pagando los platos rotos de las crisis. En México en 1995 este organismo hizo multimillonarios desembolsos durante ‘el tequilazo’. También en Asia en 1997, en Rusia en 1998 y en Turquía dos años más tarde. Incluso a Argentina el FMI le prestó 48.000 millones de dólares el año pasado “para evitar la crisis”. La efectividad de estos créditos ha sido muy cuestionada. Más aún, se ha criticado el hecho de que los únicos que salen ganando con esos desembolsos son los inversionistas privados, que les prestan a los países emergentes a tasas muy elevadas (por el mayor riesgo), pero cuando ocurre un desastre recuperan su dinero (o buena parte de él) gracias a los programas de ayuda del FMI y otros organismos multilaterales. La expectativa de que éstos saldrán al rescate de los países ha fomentado, según algunos, la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos y la imprudencia de los inversionistas, que se sienten de alguna manera asegurados. Pero esto está empezando a cambiar. Ante el reciente descalabro argentino los países desarrollados se han mantenido firmes, como nunca antes, en su posición de salir al rescate mientras no se vislumbre una salida creíble a la crisis. La situación del país austral está marcando un precedente en la actitud de la comunidad internacional frente a los países endeudados y podría, además, desembocar en una reforma de fondo en la arquitectura del sistema financiero internacional.

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