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PALABRAS DE AHOGADO

Ahora si, el último esfuerzo para salvar el Pacto Andino

5 de enero de 1987

Hacía tanto tiempo que en Colombia no se hablaba del Pacto Andino que cuando la semana pasada el director del Incomex, Samuel Alberto Yohai, anunció un nuevo replanteamiento del acuerdo subregional, mucha gente se preguntó si el gobierno estaba gastando pólvora en gallinazos. El sueño de la integración económica entre los países bolivarianos es, al cabo de 20 años, una larga cadena de incumplimientos y promesas olvidadas que han conducido a no pocas frustraciones. Pero esta vez parece que los socios del Pacto han decidido hacer borrón y cuenta nueva y reducir el acuerdo subregional a sus justas proporciones dentro del espíritu aquel que dice que "más vale poquito pero bien hecho". Esa es la concepción global de un protocolo modificatorio del Pacto que debe darse a conocer en Lima dentro de unos días, en el cual, dentro del mismo esquema general de la integración, se van a reducir los compromisos de cada país a sus justas proporciones.
Aunque parezca increíble, esa es quizás la única manera de salvarle la vida al Grupo Andino. La cadena de incumplimientos en una serie de áreas que iban desde la programación industrial hasta la adopción de arancel externo común, pasando por la liberación comercial, llevó el acuerdo subregional a un punto muerto. Esa circunstancia ha conducido a algunos observadores a proclamar el fracaso del Pacto y a pedir, de paso, su desmonte. La verdad, sin embargo, parece no ser tan triste. Aunque es cierto que lo conseguido está muy lejos del ideal de un comienzo, también es justo anotar que el Pacto ha acercado a los países bolivarianos no sólo en el terreno económico sino en el político.
Ahora es normal -para citar tan solo un caso- que en las cuestiones internacionales los miembros del Pacto se presenten como un bloque unido, mientras que hace veinte años cada cual hacía toldo aparte.
Dentro de ese nuevo esquema de pragmatismo, el cambio más llamativo para muchos observadores es el del desmonte de la decisión 24 que unifica el tratamiento a los capitales extranjeros dentro de las naciones de la subregión. Considerada por sus críticos como la causante de que a comienzos de la década pasada los capitales de los países desarrollados se fueran a montar industrias en el Lejano Oriente y no en Latinoamérica, la decisión 24 establece un marco rígido para la aprobación de nueva inversión extranjera, así como condiciones estrictas en lo que tiene que ver con repatriación de utilidades, acceso al crédito doméstico y transferencia de tecnología.
La presión de las multinacionales que protestaron por algunos de los apartes de la medida se volvió tan fuerte que todos los países integrantes del Pacto Andino, acabaron expidiendo normas desmontándola paulatinamente. Tal como anotara Félix Moreno, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Venezolana y uno de los más reconocidos expertos en el tema, "la verdad es que de la 24 ya casi no queda nada". Frente a ese hecho, la única salida razonable es cambiar o eliminar la norma. El nuevo clima existente en Latinoamérica en el sentido de que la inversión extranjera puede contribuir al desarrollo económico y que por tanto hay que establecer las condiciones para que esta llegue, es compartido plenamente en el Grupo Andino. En el caso de Colombia, por ejemplo, los ministros de Hacienda y Desarrollo presentaron hace unos días al Congreso un proyecto de ley solicitando facultades extraordinarias para que el Presidente de la República dicte las normas que crea necesarias para estimular la llegada de capitales al país.
El peligro, sin embargo, es el de quedarse con el pecado y sin el género. Especialistas como Moreno, dudan que con el desmonte de la 24, Colombia se convierta en mira de los inversionistas extranjeros. Es conocido que esta es una de las naciones con más riesgo político para los foráncos y que un sitio donde hay guerrilla, secuestros, boleteo y atentados dinamiteros constantes -entre otras dificultades- no va a ser el sitio preferido para levantar grandes industrias por más legislación favorable que haya. Tal como dijera alguien la semana pasada, "hace más cosas negativas el ELN en dos minutos volando el oleoducto de Caño Limón, que el gobierno positivas sacando decretos". Por ese motivo, se tiene la impresión de que el verdadero beneficio lo van a recibir los inversionistas que ya están en Colombia.
Aunque seguramente pasarán varios meses antes de que se acaben definiendo las nuevas condiciones, el gobierno necesita la reforma a la decisión 24 para no quedar en un aburrido entredicho legal. Ese objetivo seguramente se hará realidad en los próximos días. Tanto Colombia como Venezuela -los motores del Pacto Andino- se han identificado en la necesidad de cambiar el acuerdo original para que el Grupo siga adelante. Tal como dijera Yohai la semana pasada, la integración tiene que adaptarse a las nuevas condiciones de la economía mundial y el principio de todo es revisar el acuerdo para que esta vez ya no haya "Ni trampas ni mentiras".