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| 1/21/1991 12:00:00 AM

PAQUETAZO LEGISLATIVO

En ocho días, el Congreso de la Republica dio luz verde al más amplio conjunto de reformas económicas aprobado en el país en los últimos años.

Razón tenía el presidente César Gaviria de estar tan contento el día en que se clausuraron las sesiones del Congreso. En menos de ocho días, las cámaras legislativas aprobaron casi todas las reformas propuestas por el Ejecutivo para darle un impulso al "revolcón" general del país que prometió el Primer Mandatario en su discurso de posesión.

Aguijoneados por el reto que para ellos significa la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y envalentonados por la gran diferencia en el número de votos depositados por los colombianos en las elecciones de marzo y de diciembre -ocho millones en las parlamentarias frente a menos de cuatro millones en la última votación-, senadores y representantes parecieron ponerse de acuerdo para demostrarle al país no solo la incuestionable legitimidad de su mandato, sino su capacidad de respuesta a los grandes problemas del país.

En últimas, el gran beneficiado fue el Gobierno que, en menos de cinco meses, pudo sacar adelante la mayor parte de su paquete legislativo, logrando significativos avances en materias tan importantes como la reforma de la administración de justicia y el proceso de internacionalización de la economía. No en vano las elogiosas palabras de Gaviria para los parlamentarios al clausurar las sesiones del Congreso: "Ustedes -les dijo han sacado adelante la columna vertebral del revolcón.
Esta legislatura ha sido un gran paso en la construcción del futuro".

En materia económica, el éxito del Gobierno fue casi total. Con muy contadas excepciones -como la reforma de la seguridad social los proyectos del Ejecutivo fueron aprobados por el Congreso, sin mayores modificaciones. Con las normas aprobadas en materia laboral, financiera, cambiaria, tributaria y de comercio exterior, se garantiza la continuidad y profundización del proceso de apertura económica, esencial para enfrentar a Colombia con los retos del nuevo siglo.

Todos los proyectos sacados adelante por el Congreso son fundamentales para el programa de modernización de la economía. Pero si hubiera que hacer alguna jerarquización, el más importante sería probablemente el que tiene que ver con la reforma laboral.

Tal como lo manifestó el presidente Gaviria en su discurso ante las cámaras, "la legislación laboral que venía rigiendo era al mismo tiempo una camisa de fuerza para la protección de los trabajadores y para la generación de empleo". En Colombia, hay 880 mil trabajadores sindicalizados, que gozan de los privilegios que otorga la ley; pero hay simultáneamente cinco millones de trabajadores laborando en condiciones de informalidad, un millón vinculados con agencias temporales de empleo y un millón adicional sin ninguna ocupación.

La reforma del Gobierno, de corte desarrollista, busca flexibilizar el régimen laboral y crear los mecanismos necesarios para incrementar la generación de empleo, con el fin de favorecer a esa gran mayoría de trabajadores que hasta hoy no han gozado de ninguna protección. La nueva normatividad, en efecto, suprime varios de los obstáculos presentes en la legislación actual para la creación de nuevos empleos por parte de las empresas, como la retroactividad de las cesantías y la pensión-sanción, que impedía o hacía supremamente costoso despedir a un trabajador después de diez años de vinculación a la entidad.

La eliminación de la retroactividad de las cesantías -que cobijará en principio únicamente a los trabajadores nuevos estará acompañada de la creación de un moderno sistema de ahorro, conformado por unas "Sociedades Administradoras de Fondos de Cesantías", que serán entidades de derecho privado y tendrán bajo su responsabilidad el manejo de las cesantías de los trabajadores. La importancia de dicho sistema radica en el hecho de que, de acuerdo con los autores del proyecto, el volumen de ahorro que moverán los "Fondos de Cesantías" será superior, a la vuelta de muy pocos años, al que manejan en la actualidad las Corporaciones de Ahorro y Vivienda vinculadas al sistema Upac.

Aparte de los cambios mencionados, la reforma laboral introdujo también el salario integral -para empleados con ingresos mensuales superiores a los diez salarios mínimos-; creó una nueva jornada laboral de 36 horas para las llamadas empresas de producción continua -aquellas que no pueden parar sus máquinas y tienen que laborar por lo tanto durante 24 horas-; amplió la licencia de maternidad de ocho a 12 semanas, para adecuar la legislación nacional en esta materia a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y fortaleció la legislación en materia de empresas de empleo temporal.

UNA NUEVA CARTERA
La reforma laboral ha sido considerada como uno de los pilares del proceso de apertura, por lo que significa desde el punto de vista de estímulo a la inversión. Pero todo el mundo tiene claro que su impacto solo será todo lo benéfico que se espera si el país logra penetrar agresivamente los mercados internacionales. De allí la importancia de los otros proyectos aprobados por el Congreso.

El más llamativo de ellos es el que crea el Ministerio de Comercio Exterior, con el fin de reunir en una sola cabeza todas las entidades que tienen que ver con las operaciones de intercambio internacional que se realizan en el país.
En ese sentido, el nuevo ministerio no será una entidad burocrática más, ni ampliará la nómina de trabajadores al servicio del Estado. El proyecto aprobado le otorga facultades al Gobierno para organizar la nueva cartera con los 3.300 empleados de la Dirección General de Aduanas y el Fondo Rotatorio de la misma entidad, los 670 empleados del Incomex y los 160 de la división portuaria de Dimar.

El mismo proyecto convierte al Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo) en un banco de comercio exterior, vinculado al ministerio, y le concede al Gobierno facultades para reorganizar las zonas francas.
Fundamental, igualmente, para apoyar el proceso de apertura económica, es el proyecto de reforma del Estatuto Cambiario o Decreto 444 de 1967. El proyecto aprobado por el Congreso contempla la supresión de la licencia de cambio que debía otorgar el Banco de la República a toda persona que tuviera que realizar cualquier tipo de transacción en dólares o en otra divisa; la autorización de tenencia de divisas para situaciones diferentes a las estrictamente ligadas con la condición de exportador; la descentralización del manejo cambiario -en el sentido de permitir a los bancos el manejo de moneda extranjera para las operaciones de sus clientes-, y una mayor libertad en el comercio del oro.

La reforma cambiaria se convirtió en el más polémico de todos los temas de la refomma, cuando de manera sorpresiva el Banco de la República dio a conocer unas notas editoriales en las cuales señalaba el peligro de que la autorización de tenencia de divisas no relacionada directamente con las operaciones comerciales pudiera producir una "dolarización" de la economía. El pronunciamiento del Banco cayó como una bomba en el Congreso de la República, donde el propio ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, tuvo que aclarar que no había sido consultado en ningún momento por el Emisor y apartarse de sus criterios, calificándolos incluso de "falaces". La discrepancia, inesperada entre dos miembros del equipo económico que siempre habían hecho llave, llevó a intervenir al mismo Presidente, con el fin de calmar los ánimos. "quiero dejar en claro que las modificaciones al régimen cambiario no implican una completa eliminación del control de cambios...Tampoco se trata de "dolarizar" la economía o permitir una suplantación de la moneda legal por las divisas extranjeras", aseguró Gaviria en la clausura del Congreso.
Otra de las reformas, la tributaria, tuvo la oposición de los conservadores y recibió fuertes críticas de la Contraloría. Aún así, el Congreso terminó aprobando una aumento del IVA del 10 al 12 por ciento, ampliándolo a sectores anteriormente exentos. Entre estos estaban los medios de comunicación, que al final de las sesiones recibieron una andanada de críticas de algunos parlamentarios, molestos por la supuesta campaña de desprestigio que habían emprendido contra ellos.

Las otras reformas tuvieron un trámite más sencillo. Tal es el caso, por ejemplo, de la reforma financiera, que buscaba crear más competencia en el sector y corregir el "enanismo" de sus instituciones, permitiendo, entre otras cosas, un aumento de la inversión extranjera. Y de los proyectos dirigidos a crear el llamado Sistema Nacional de Vivienda y a permitir la liquidación de Colpuertos.

Con este "paquetazo navideño", el Congreso le dio un empujón inmenso al programa de apertura económica. Tan grande, que ya no habrá lugar a disculpas institucionales. El Gobierno se la jugó y tiene todas las cartas. Gane o pierda, la historia tendrá que registrar el resultado. Para bien del país, ojalá que le salga una escalera flor.
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