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El secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, y el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, Orlando Ramírez, lograron consensos para superar la protesta de los camioneros. | Foto: Ministerio de Transporte

TRANSPORTE

¿Cómo garantizar que en un año no haya otro paro?

El gobierno y los representantes de los camioneros pusieron fin a una protesta que se prolongó por 46 días. SEMANA le explica que tan sostenible es ese arreglo.

23 de julio de 2016

En la madrugada del viernes, luego de intensas negociaciones, el gobierno y los representantes de los camioneros llegaron a un arreglo para levantar el paro que dejó pérdidas estimadas en 2,6 billones de pesos, una persona muerta, elevados precios de los alimentos y traumatismos en el comercio exterior.

Si bien las partes destacaron los acuerdos, lo cierto es que estos se podrían haber alcanzado semanas atrás, porque los puntos aprobados son los mismos que se vienen discutiendo desde hace una década. Sin embargo, en los últimos días se lograron avances porque después de 46 días la presión de la opinión pública creció para que se llegara a una pronta solución. Al gobierno no le convenía prolongar por más tiempo esta protesta, menos ahora cuando todas sus baterías están enfocadas en sacar adelante el plebiscito por la paz y para ello necesita el respaldo de la ciudadanía.

Pero los camioneros también sintieron la presión con las fuertes medidas impuestas hace ocho días por el Ejecutivo, que incluían cancelaciones de matrículas de empresas y conductores – se cancelaron más de 1.300- y la extinción de dominio de los vehículos que bloquearan las vías. A ello se sumaron las caravanas custodiadas por el Ejército para movilizar las mercancías y los anuncios de la Fiscalía sobre posibles órdenes de captura para los involucrados con el cartel de la chatarrización.

Con este panorama no quedaba otra opción que llegar a una solución negociada. El gobierno se mantuvo firme y no permitió que se volviera a la tabla de fletes (como pedían los camioneros) y mantuvo el esquema de libertad vigilada. Los transportadores lograron que siguiera el esquema de chatarrización, conservando el principio de un vehículo desintegrado por uno nuevo que entra al mercado. Con este sistema se esperan desintegrar cerca de 14.000 vehículos, hasta agotar los 800.000 millones de pesos que hay en el fondo creado para tal fin o hasta que se equilibren las condiciones entre oferta y demanda, que tardará entre dos o tres años.

Adicionalmente, se lograron avances en otros puntos cruciales. El gobierno se comprometió a revisar el Sistema de Información de Costos Eficientes que determina los precios (fletes) de la carga, con el fin de actualizarlo. Además, se intervendrán temporalmente 21 rutas que son las de mayor movimiento de carga. En el tema laboral, el Ministerio de Trabajo verificará que se protejan los derechos de los conductores, que estén afiliados a seguridad social y les paguen las prestaciones económicas de rigor.

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, dice que este es un acuerdo equilibrado, y que las propuestas son cumplibles y sensatas, razón por la cual descarta que hacia el futuro se presente un nuevo paro. Sin embargo, los transportadores consideran que este es un punto de partida y que para garantizar que no haya nuevas jornadas de protesta en el corto y mediano plazo es necesario seguir concertando y cumplir con los compromisos adquiridos. Así lo considera Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, quien señala que una de las lecciones que deja esta jornada de protesta es que el único camino viable es el diálogo.

En efecto, el duro pulso entre gobierno y camioneros dejó más perdedores que ganadores porque el país se vio sometido a un gran estrés por la parálisis en el transporte de mercancías, por parte de un grupo de ellos que no representaba más del 15 por ciento del sector.

Sin embargo, hay coincidencia en que para evitar que se vuelvan a presentar episodios como el vivido en las últimas semanas, se necesita que esta vez sí se haga un cumplimiento estricto de todos los acuerdos. Y los camioneros, por su parte, deben entender que están sometidos a la libre competencia y que estas medidas adoptadas no pueden garantizar su supervivencia en el mercado si no son competitivos.