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| 11/21/2004 12:00:00 AM

A paso de tortuga

Las reformas económicas avanzan a trancazos en el Congreso, en medio de un pulso político que podría salirle caro al país.

Operación tortuga en el Congreso? Aunque suene exagerado, las demoras en el trámite de los proyectos de ley en materia económica confirman la sospecha. A menos de un mes de que los congresistas salgan a vacaciones, el próximo 16 de diciembre, algunas iniciativas corren el riesgo de hundirse o aplazarse y otras de terminar aprobándose a última hora y con la vieja técnica del pupitrazo.

La reforma tributaria, que fue radicada el 15 de septiembre, aún no ha tenido su primer debate y cuando se suponía que iba a arrancar la discusión, a comienzos de la semana pasada, algunos congresistas no asistieron a las sesiones, que debieron levantarse por falta de quórum. Un calvario similar ha recorrido la reforma al régimen de pensiones, que avanza a trancazos, o el proyecto para mejorar el diseño del presupuesto nacional, una propuesta que a pesar de ser considerada vital por críticos y defensores del gobierno, espera su segundo debate en la Cámara de Representantes desde hace más de cinco meses. Otro proyecto en fila es el de la ley del mercado de valores, pendiente de entrar a discusión en la plenaria del Senado.

Es cierto que los debates tradicionalmente se represan en las últimas semanas del trabajo legislativo. También lo es que propuestas tan impopulares como aumentar el IVA o eliminar beneficios pensionales suelen provocar forcejeos entre los congresistas y el gobierno. Sin embargo, en esta legislatura se ha sentido con especial fuerza un ingrediente adicional: "El temita ese" -en palabras del presidente Álvaro Uribe- de la reelección. El camino de las reformas económicas tiene, entonces, dos grandes obstáculos: algunas diferencias de fondo sobre el contenido de los proyectos y el pulso político que libran los congresistas y el gobierno.



El IVA de la discordia

En lo que parecen estar más alejadas las posiciones es en la discusión de la reforma tributaria, con la que el Ministerio de Hacienda pretende conseguir 1,8 billones de pesos para cuadrar el presupuesto del año entrante. De este monto, 1,5 billones se recaudarían mediante la ampliación del grupo de productos gravados con el IVA y un aumento de la tarifa general de este impuesto del 16 al 17 por ciento.

Como siempre, el anuncio de echarle mano al IVA para recaudar más impuestos causó el rechazo de algunos sectores políticos. Los liberales, por ejemplo, han dicho que no están dispuestos a aprobar una reforma 'regresiva', es decir, que apriete con más fuerza a los colombianos de menores ingresos. Proponen en cambio aumentar el impuesto al patrimonio -que en el proyecto del gobierno comenzaría a aplicarse sobre patrimonios superiores a 1.000 millones de pesos y no a los de 3.000 millones como está hoy -o eliminar los llamados ajustes por inflación que, según algunos parlamentarios, permiten a grandes empresas pagar menos impuesto de renta-.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido enfático en afirmar que el gobierno prefiere retirar el proyecto antes que aceptar que se castigue con más impuestos a la inversión. Eso ha dado pie para que algunos congresistas concluyan que esta reforma tributaria no es tan necesaria como la pinta el Ministro. "El gobierno tiene varios colchones de seguridad y por eso no ha empujado la reforma", dice el representante Rafael Amador. Se refiere a los alivios que tuvo el presupuesto nacional este año como el menor costo de la deuda externa por causa de la caída del dólar o la plata extra que le entró a Ecopetrol por la subida en el precio del petróleo. Sin embargo, el hueco en las finanzas públicas está ahí, no sólo en 2005, sino después, debido en buena parte al creciente pago de pensiones que deberá hacer la Nación en los próximos años. Y es por lo menos arriesgado contar con 'loterías' -como que el costo de la deuda siga cayendo o que el precio del petróleo se mantenga en niveles altos- para financiar ese gasto.

A finales de la semana pasada, tras un desayuno en Palacio con los congresistas ponentes del proyecto, comenzó a vislumbrarse un acuerdo. Carrasquilla anunció que desistirá del aumento de un punto en la tarifa general del IVA. Así, todo indica que la reforma tributaria terminará saliendo del Congreso 'peluqueada' y en la madrugada de la última sesión legislativa de 2004.



Difícil transición

Pero si por los lados de la reforma tributaria llueve, por los de la pensional no escampa. Por ser una reforma a la Constitución requiere para su aprobación de ocho debates en el Congreso y va por el segundo. El proyecto salió de la Cámara de Representantes sin una de las medidas que tendría más impacto sobre las finanzas públicas: adelantar el final del régimen de transición en pensiones.

Como están hoy las cosas, cerca de 280.000 colombianos (los afiliados al Seguro Social que tenían más de 35 años -las mujeres- o 40 años -los hombres-, o 15 años de trabajo en abril de 1994) podrán seguir jubilándose hasta 2014 a menor edad y con mesadas más altas que quienes quedaron cobijados por la ley 100 de 1993. Los jubilados bajo el régimen de transición recibirán un subsidio de entre 80 y 90 por ciento del valor sus mesadas, pues la Nación debe poner lo que ellos no ahorraron.

Por eso el gobierno propuso anticipar de 2014 a 2007 el fin de este régimen, una medida que, entre otras consecuencias, afectaría a un buen número de parlamentarios. Como los representantes decidieron dejar por fuera del proyecto este tema, ahora los ministros de Hacienda y de Protección Social intentarán sacarlo adelante en el Senado.

Hay además dos iniciativas que, si bien han recibido la bendición de la mayor parte de las bancadas políticas, avanzan lentamente: la reforma al Estatuto Orgánico del Presupuesto y la ley del mercado de valores. La primera busca remediar algunos de los problemas del proceso presupuestal colombiano, como preocuparse sólo por cuadrar las cuentas del año siguiente sin considerar los desequilibrios futuros o la inflexibilidad que tiene el gobierno a la hora de decidir en qué gastar la plata. La segunda le da mayores facultades de vigilancia y sanción a la Superintendencia de Valores y mejora la información que deben recibir los inversionistas sobre las empresas que transan sus acciones en la bolsa.

Estos dos proyectos, así como la reforma pensional, ya habían sido discutidos en las mesas del llamado Acuerdo Político, un experimento que por lo visto fracasó. "Aunque en esas mesas se llegó a consensos importantes, el gobierno cambió de prioridades al meter el proyecto de reelección presidencial", dice Rafael Merchán, del Instituto de Ciencia Política. Aunque los ministros han hecho la tarea de presentar las reformas económicas, no cabe duda de que su trámite se ha visto entorpecido por la reelección. El ausentismo para dilatar los debates ha sido utilizado por algunos congresistas como una forma de presión, con miras a elevarle al gobierno el costo político para conseguir sus votos. Más aún cuando se avecina un año de campaña electoral, en el que senadores y representantes deben mostrar las obras y el dinero que consiguieron para sus regiones ante los electores. El costo de este tire y afloje es muy alto para el país, cuyo futuro económico depende de que el gobierno, a través de reformas como las que están empantanadas, pueda por fin sanear en serio sus cuentas fiscales.
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