Pelea por la ‘mermelada’ - La repartición de las regalías

Después de varias semanas de protestas y hasta conato de rebelión de algunos parlamentarios y mandatarios locales por el nuevo sistema de distribución de regalías, el gobierno logró calmar los ánimos y comprometer a todos a trabajar del mismo lado.

La promesa de que habrá más plata este año para repartir, que era el principal reclamo de las regiones productoras, tranquilizó momentáneamente a las partes. La reforma pretende redistribuir los billones de pesos que recibe el país por regalías en regiones que hasta ahora no se han beneficiado con estos recursos. La idea del gobierno es que gran parte de ese dinero se invierta en grandes proyectos de infraestructura para evitar el menudeo, el despilfarro y los elefantes blancos.

Pero, aunque se apagó el incendió que se estaba encendiendo, quedó demostrado que la reforma económica más importante de la administración Santos, por tocar las fibras más sensibles de las regiones y de sus representantes en el Congreso, le seguirá dando dolores de cabeza.

Aunque ya se recorrió la mayor parte del camino para tener un sistema de distribución de regalías más equitativo (la mermelada en toda la tostada, como dice el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry), en la recta final se estaban complicando las cosas.

Al reinicio de la legislatura de 2012, cuando se esperaba dar la puntada final a esta reforma, comenzaron a aflorar las protestas. La Federación Colombiana de Municipios aseguraba que 400 poblaciones no recibirían ni un solo peso y que a 312 que tenían derecho se les reducirían las partidas. Algunos de los nuevos mandatarios locales han puesto el grito en el cielo porque creen que se verán en líos para financiar algunos programas que fueron promesas de sus campañas.

Lo que muchos no entienden es por qué ahora surgen las protestas si los parlamentarios ya habían aprobado, en junio del año pasado, el acto legislativo que crea el nuevo sistema y, en diciembre, la ley que lo reglamenta.

Todo indica que el avispero se alborotó con un decreto transitorio que expidió el ministerio de Hacienda para distribuir las regalías de este año, pues al finalizar 2011 no se alcanzaron a conciliar los textos de la reforma (reglamentación) aprobada en Cámara y Senado y, por lo tanto, la ley no podía entrar en vigencia. Mediante este decreto el gobierno anunció que distribuiría este año cerca de 8,3 billones de pesos entre todos los departamentos y municipios. Aunque la suma supera en 2 billones los recursos que se le venían dando a las regiones y se va a repartir de una manera más equitativa -pues de los 1.102 municipios de Colombia, 1.089 recibirían una tajada de ese pastel-, como era de esperarse, no todos quedaron contentos. Los más disgustados son los mandatarios de las zonas donde la explotación de recursos naturales genera regalías, que estaban acostumbrados a recibir el pedazo más grande. Lo que más caldeó los ánimos de las regiones productoras fue la reducción de 4,5 a 3,9 billones de pesos en el monto que recibirían este año.

Alan Jara, gobernador del Meta, uno de los departamentos que más regalías recibe por ser uno de los principales productores de petróleo, manifestó que la Ley tiene frenadas a varias administraciones locales que no saben cómo financiar programas sociales como el transporte y los restaurantes escolares.

Aunque el descontento era minoritario, amenazaba con enredar la agenda legislativa. Por esta razón, el presidente Juan Manuel Santos, en la cumbre de gobernadores de Pereira -hace dos semanas-, anunció que las regalías se incrementarían en 900.000 millones de pesos para este año y dio instrucciones a los ministros que manejan el tema para buscar otras salidas.

Y efectivamente, el pasado jueves, al término de una reunión de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, el ministro de Hacienda anunció que el presupuesto para las regiones aumentará de 8,3 a 9,1 billones de pesos, tras la revisión de los supuestos sobre los cuales se habían hecho las proyecciones iniciales: básicamente el precio del petróleo.

El gobierno también destinó 488.000 millones de pesos para que las entidades territoriales productoras mantengan las coberturas en salud y educación. Además, liberó regalías por 1,3 billones de pesos que estaban congeladas en el esquema anterior. Igualmente se destinarán 30.000 millones de pesos para que las regiones solucionen problemas coyunturales como alimentación infantil y transporte escolar. Con este paquete de medidas el gobierno espera apagar el incendio que se estaba formando en algunas regiones.

Pero es claro que no todos están bravos. Se podría decir que la mayoría de los mandatarios locales está contenta con la reforma. Muchos están celebrando, pues por primera vez les va a tocar algo del boom petrolero y minero o les van a incrementar los recursos. Es el caso de Chocó, Guainía, Vichada, Vaupés, Nariño y Cauca, los seis departamentos más pobres de Colombia, que recibirán este año 720.000 millones de pesos adicionales a lo que tradicionalmente les tocaba. En Chocó, por ejemplo, las regalías pasarán de 80.757 millones de pesos a 182.154 millones, mientras que en Nariño subirán de 133.161 millones a 301.333 millones de pesos.

Al gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, le quedó un sabor agridulce con la repartición, pues sostiene que si bien tendrá recursos importantes para poner en marcha proyectos de impacto local y regional, el departamento estaba haciendo cuentas alegres porque pensaban que les llegaría más plata.

Para el director de Planeación, Mauricio Santamaría, los objetivos de la reforma se están cumpliendo a cabalidad: hay mayor equidad en su distribución, un uso más transparente y se evitará el despilfarro de los recursos. Cuestiona los planteamientos de la Federación Colombiana de Municipios y dice que no es cierto que haya localidades que no van a recibir un solo peso. "En el sistema anterior había 624 municipios que recibían, en promedio, 100.000 pesos y ahora van a recibir, en promedio, 425 millones. Eso sí es equidad".

Con las medidas adoptadas, el gobierno apaciguó los ánimos, pero todavía la conciliación de la reforma en el Congreso no está despejada totalmente. Se espera que después del receso de Semana Santa, y tras la ratificación de que habrá más plata este año, los congresistas reflexionen y lleguen dispuestos a aprobar la reforma, que crea un nuevo sistema más equitativo para la distribución de los recursos provenientes del boom minero-energético.

Aunque el gobierno confía en que sacará adelante la conciliación, la verdad es que se curó en salud cuando presentó en el acto legislativo un parágrafo que le da facultades para expedir la reglamentación de las regalías por decreto, en caso de que no logre ser aprobada en el Congreso. Pero todavía no puede cantar victoria pues, además de la conciliación, falta otra prueba: el trámite ante la Corte Constitucional. Y además deberá garantizarles a las regiones que no les está quitando autonomía ni se está metiendo con la descentralización, un tema del corazón de estas.

Lo cierto es que el gobierno tiene argumentos muy sólidos en defensa de esta reforma. Busca evitar los casos de corrupción y despilfarro que se han presentado en el pasado, cuando durante décadas los gobernantes se gastaron cuantiosos recursos en elefantes blancos. La intención es noble. Habrá que ver si con este nuevo sistema todo el país se beneficiará de la bonanza petrolera y si la mermelada alcanzará para toda la tostada.