Pisando callos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de sancionar a los 10 principales ingenios azucareros del país, por un supuesto acuerdo de precios en la compra de caña de azúcar. La decisión, que todavía no está en firme, pues le cabe recurso de reposición, implica una multa de 10.000 millones de pesos. Hace mes y medio la SIC ratificó la sanción económica que les había impuesto el año pasado a las principales cementeras del país: Holcim, Argos y Cemex. En este caso la multa por un acuerdo de precios ascendió a 2.700 millones. En septiembre de 2009, esta misma Superintendencia confirmó una sanción por 15.000 millones de pesos contra todos los bancos del país, por el tema de las comisiones de las tarjetas de crédito. En octubre del año pasado, la entidad también ratificó una multa a las compañías Nacional de Chocolates y Casa Lúker por un acuerdo de precios en la compra de cacao.

Como si esto fuera poco, actualmente la SIC avanza en investigaciones que tocan a otros poderosos sectores económicos como el cervecero, la salud, la música y las telecomunicaciones.

Todas las anteriores decisiones llevan la firma de Gustavo Valbuena Quiñones -superintendente de Industria y Comercio desde 2007-, un abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en derecho administrativo; máster en derecho público interno, europeo e internacional y con estudios de doctorado en la Université de Paris.

No se necesita ser un experto para entender que con estas decisionesValbuena está pisando callos muy duros. ¿Puede un funcionario por más títulos, estudios y conocimientos que tenga soportar el peso de semejantes decisiones que afectan a sectores tan poderosos?

La verdad es que en los círculos empresariales están abiertas las apuestas. Hay quienes piensan que la presión de los afectados le terminará costando el cargo a Valbuena. Hay antecedentes que lo hacen suponer.

Aunque el anterior superintendente, Jairo Rubio, esgrimió razones personales para dejar su cargo en octubre de 2007, para muchos las decisiones valerosas que tomó contra poderosos sectores económicos, como la banca, tarde que temprano hicieron mella y precipitaron su salida.

Tal vez el caso más sonado fue el del superintendente Emilio José Archila, quien se le metió en medio del camino a la fusión de Aces y Avianca, y puso a sudar al Grupo Santo Domingo y a los cafeteros. Finalmente esta actuación le costó su salida.

A pesar del poder del cargo -su único jefe es el Presidente de la República-, pocos quisieran estar en sus zapatos.

Las presiones llegan de todos lados y en todos los estilos: llamadas de senadores, de los consejeros del alto gobierno, de los ministros preocupados por la empresa objeto de la investigación. Pocas veces argumentan razones jurídicas, sino factores de conveniencia para el país. En otras ocasiones, son las embajadas las que le recuerdan al superintendente la importancia de la inversión extranjera y la confianza inversionista. En fin, los superintendentes tienen que lidiar con pesos pesados.

Y ni qué decir de los expertos abogados que usan todo tipo de recursos legales como estrategia para defender los intereses de sus clientes. El año pasado al superintendente Valbuena le interpusieron cinco tutelas ante jueces penales, civiles y laborales. En fin, se le montó toda una estrategia para ganar tiempo o para obligarlo a devolver los procedimientos. El resultado fue favorable para Valbuena, pues ganó todas las tutelas.

Equipo de rigor
La Superintendencia ha logrado construir un equipo técnico de abogados y economistas que de alguna manera son garantía para las investigaciones. "Lo peor que le puede pasar a un superintendente es equivocarse en una decisión; lo menos que le cuesta es el puesto, puede tener que responder con su patrimonio", afirmó un abogado especialista en protección de competencia.

En el actual caso de los ingenios, SEMANA conoció que el expediente está recopilado en más de 100 AZ con testimonios y pruebas técnicas. La información electrónica está recogida en gran cantidad de gigas de correos y datos. El proceso contra los bancos por las comisiones de las tarjetas de crédito acumuló 10 cajas de documentación.

Este rigor es exigido por la misma naturaleza del proceso de investigación: las posiciones de la Superintendencia deben estar sólidamente respaldadas, pues se enfrenta no a ciudadanos incautos, sino a equipos de los más avezados abogados del país en materia comercial y de competencia.

Además, el asunto probatorio es el reto más grande: cuando se trata, por ejemplo, de acuerdos de precios, no hay nunca una prueba reina. Los implicados no van a las notarías a informar cómo constituyeron un cartel de precios o hicieron una práctica anticompetitiva. Eso muestra la responsabilidad que tiene la SIC de no salir ante la opinión pública con un caso débil.

En los tres anteriores casos de cemento, cacao y bancos, este mismo funcionario ratificó la sanción, una actitud sin duda muy valerosa de su parte. En estos casos, ya se sabe que los implicados acudirán a los tribunales para pedir la anulación de la decisión en firme de la SIC. Una vez superen esta instancia, en caso de que el tribunal escogido le dé la razón a la Superintendencia lo más probable es que continúen ante el Consejo de Estado, como última opción.

El actual equipo de la delegatura encargada de los asuntos de competencia está conformado por 50 personas. Se acaba de reforzar con especialistas económicos, pues si bien en estos casos el componente jurídico es grande, la racionalidad económica es fundamental en las investigaciones. La entidad emprenderá una reestructuración y ya cuenta con el apoyo del gobierno para incorporar más personal a su planta de trabajo.

Con ley que fortaleció el sistema de vigilancia y protección a los consumidores, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se convirtió en una entidad superpoderosa. Al superintendente a cargo le corresponde vigilar todas las conductas comerciales en cualquier sector, y especialmente los procesos de fusión e integración.

Lo cierto es que Valbuena ha demostrado independencia. En octubre de 2007, cuando llegó al cargo, le tocó resolver la sanción a los bancos. Las apuestas eran 10 a una a que revocaría la decisión de su antecesor, Jairo Rubio. Pero no fue así: la ratificó.

Gustavo Valbuena, que tiene un bajo perfil y prefiere no salir ante los medios, dice que cuenta con el respaldo del gobierno y que esto le ha permitido actuar con mano firme para proteger al consumidor y las buenas prácticas comerciales que deben reinar en el país.

La SIC va a seguir afrontando retos. Inició el año pasado una investigación contra 15 EPS, deberá fallar pronto el pleito contra Bavaria por el caso Peroni y la investigación sobre Telmex y la compra de las cableras. ¿Aguantará? Pues, ya demostró que tiene valor para tomar decisiones. Lo mejor que les podría pasar a los consumidores es que se mantenga.