Finanzas del Estado: ¡en los rines!

El Presupuesto General de la Nación para 2017 es un fiel reflejo de la precariedad de las finanzas públicas del país. Su monto, que asciende a 224,4 billones de pesos, es un 6,6 por ciento mayor que el vigente, pero contempla una caída del 10 por ciento en la inversión pública: de 36,6 billones baja a 32,9 billones de pesos.

Del presupuesto total, 137,2 billones de pesos (61,1 por ciento) corresponden a gastos de funcionamiento y 54,3 billones (24,2 por ciento) al pago del servicio de la deuda. Como porcentaje del PIB, el presupuesto equivale al 24,8 por ciento, el mismo nivel registrado en 2016.

Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por haber dejado de percibir 24 billones de pesos al año en ingresos petroleros, el gobierno está obligado a presentar un presupuesto que mantenga la austeridad inteligente.

La cruda realidad es que la plata no alcanza y que hay una serie de gastos que no se pueden suprimir como el servicio de la deuda, que crece 15 por ciento (de 47 billones sube a 54 billones de pesos), o los sueldos, las pensiones y las transferencias. Por eso, el gobierno le pasó la tijera a muchos sectores, con énfasis en el rubro de inversiones.

Precisamente, lo que preocupa de este proyecto de ley que apenas comenzará su tránsito en el Congreso es el desplome en la inversión para 2017. En opinión de la Anif los “recortes al gasto productivo difícilmente podrían calificarse como de ‘austeridad inteligente’”, pues perjudican las perspectivas de recuperar el crecimiento potencial perdido por cuenta del fin del auge minero-energético.

Para el exministro Juan Camilo Restrepo, las cifras de inversión presentadas en el presupuesto 2017 no son para una “nueva economía” ni para una época de “posconflicto”. “La inversión ha quedado vuelta añicos en el proyecto de presupuesto presentado para el año entrante. Y más que el resultado de una ‘austeridad inteligente’ parece el de una “austeridad anoréxica’”, dijo.

La inquietud es aún mayor cuando se observan los sectores más afectados con el recorte. Si se tiene en cuenta que el posconflicto está próximo a comenzar en el país, no se entiende que el presupuesto de inversión para el agro caiga 41 por ciento. “Este es uno de los sectores claves para financiar un posconflicto cuyos taxímetros comenzarán a marcar en 2017, si se firma la paz en este año”, afirma Restrepo.

La SAC también reaccionó ante el recorte. Según Rafael Mejía, presidente del gremio, esta reducción deja a la institucionalidad pública del sector agropecuario en una grave situación, pues este es el momento de poner en marcha proyectos para ofrecer oportunidades a la población rural, dentro de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc. “Vemos con preocupación estos recortes radicales que contribuyen a profundizar y agravar las dificultades presupuestales e institucionales del sector agropecuario para encarar sus principales desafíos”, señaló.

Cabe anotar que en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas, la asignación para las agencias de Desarrollo Rural (ADR), Nacional de Tierras (ANT) y la de Renovación del Territorio (ART), que asumieron las funciones de Incoder,  es de 274.933 millones de pesos, 39 por ciento menor que la suma asignada a la antigua entidad para 2016.

El asunto es que el presupuesto para esta cartera ha venido reduciéndose sustancialmente en los últimos años. En 2015 ascendió a 3,3 billones de pesos, en 2016 a 2,5 billones y para 2017 baja a 1,6 billones. Algunos atribuyen estos recortes a la baja ejecución que ha mostrado este ministerio.

Cualquiera sea la razón, la verdad es que los recursos asignados al sector agro son abiertamente insuficientes para que este enfrente sus retos. Por ejemplo, el exministro José Antonio Ocampo afirma que la reducción afectará programas contemplados en la Misión Rural contratada por el propio gobierno. El incentivo a la capitalización rural, por ejemplo, se verá seriamente lastimado, pero también la asistencia técnica, la vivienda rural, los distritos de riego y el mismo Plan Colombia Siembra.

Ahora bien, la tijera también pasó por el presupuesto del llamado sector de inclusión social y reconciliación, que presenta una caída del 11,8 por ciento en inversión; por el área de salud y protección social con una reducción del 21,3 por ciento y por el Ministerio de Minas con un recorte del 40 por ciento en la inversión, lo que le pega a los subsidios para los estratos 1 y 2 y al fondo de electrificación.

El gobierno reconoce que el presupuesto de inversión para 2017 no podrá alcanzar los elevados niveles que tuvo en años anteriores, pero asegura que no se afectarán los programas que benefician a los colombianos más vulnerables. Según el ministro Cárdenas para el próximo año se congela la nómina del Estado colombiano; se reducen en 5 por ciento los contratos de supernumerarios y los de prestación de servicios y se recorta en 5 por ciento los gastos de papelería, viáticos, celulares, gastos generales.

Advierte, además, que el presupuesto está en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y con la regla fiscal, con una reducción de gastos sin deuda, como porcentaje del PIB nominal, que pasa del 19,2 por ciento en 2016 al 18,8 por ciento en 2017, una reducción de 0,4 puntos del PIB.

Este presupuesto no solo muestra la estrechez de las finanzas públicas, sino reafirma la necesidad de una reforma tributaria para conseguir más recursos. Según el exministro Restrepo, el recaudo de una nueva reforma debe ser muy cuantioso si se pretende recomponer la inversión pública al menos a los niveles de 2016 y que sirva para financiar un presupuesto adicional a lo largo del año entrante. Así las cosas, el tema frente al proyecto tributario se vuelve más complicado. Por ejemplo, aun subiendo tres puntos el IVA –llevándolo de 16 a 19 por ciento- solo se lograrían recursos para recomponer la inversión pública al nivel con que comenzó 2016.

También el contralor general, Edgardo Maya Villazón, le advirtió al gobierno sobre no darle más largas a la reforma tributaria. Al entregar a la Comisión Legal de Cuentas su informe sobre el manejo presupuestal, el jefe del organismo fiscalizador alertó por el crecimiento de la deuda pública. El total de esta alcanzó 453,27 billones de pesos en 2015, equivalentes a 56,5 por ciento del PIB, el segundo nivel más alto de los últimos 25 años, después de 2002, cuando se situó en 60,1 por ciento del PIB. “Es necesario establecer mecanismos que garanticen ingresos estructurales como es el caso de una reforma tributaria que permita reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas frente a los mercados internacionales, pero al mismo tiempo alcanzar los objetivos de progresividad, equidad y neutralidad”, dijo.

Lo cierto es que el gobierno no la tendrá fácil en el Congreso en las próximas semanas. Aunque no tiene margen de maniobra frente al monto del presupuesto presentado, porque plata no hay, el ministro de Hacienda sí tendrá que hacer malabares para mover partidas de una lado para otro y aliviar a los sectores que por ahora se han visto más afectados. Pero sin duda, lo más difícil será darle curso a la reforma tributaria estructural que tendrá que recomponer las cargas impositivas, particularmente las que más afectan al sector empresarial. Y en todo caso, será urgente elevar el recaudo para aumentar la inversión, pues como dice Restrepo, entre la buena voluntad para alcanzar la paz y las disponibilidades presupuestales para financiar los compromisos adquiridos para el posconflicto, hay un bache cada vez más profundo.