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| 2/17/1992 12:00:00 AM

A privatizar se dijo

Con la venta de tres bancos el año pasado y cuatro por vender en 1992, Fogafin marca la pauta en materia de privatizaciones.

A privatizar  se dijo A privatizar se dijo
LA PRIVATIZACION SE PUSO DE MODA HACE unos años y en todo el mundo se habla de ella. Colombia, obviamente, no podía ser ajena al tema. El Gobierno está preparando un proyecto de ley que se va a presentar al Congreso próximamente, donde se fijan los criterios y parámetros que habrán de regir esta materia. La sorpresa que se van a llevar los colombianos, sin embargo, es que en Colombia, a diferencia de otros países como México, donde el Estado llegó a manejar más del 50 por ciento de la economía, esa presencia nunca fue tan importante. En consecuencia, con excepción de los servicios públicos, algunas empresas del IFI y los bancos oficializados no es mucho lo que hay por privatizar. Y lo cierto es que es en este último sector donde se ha llevado a cabo la mayor actividad y donde se prevé que se mueva más la cosa en 1992. Hay que comenzar por reconocer que el año pasado la labor de privatización de bancos oficializados por parte del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras -Fogafin- fue bastante exitosa. Esta entidad logró devolver a manos privadas el Banco de los Trabajadores, el Banco Tequendama y el Banco del Comercio.
Y la verdad es que la tarea no era asunto fácil. La primera tentativa de privatizar un banco fue la que se realizó en 1990 con el Banco de los Trabajadores, pero en esa ocasión los resultados no fueron positivos. Ese fracaso se puede atribuir a varias razones. Para comenzar, se carecía de una garantía convincente de que el proceso de venta del banco sería un proceso empresarial y no de apuesta, ya que el banco tenía una serie de contingencias sin cuantificar. De otra parte, sólo estaba en venta el 55 por ciento del Banco y tratándose de una entidad pequeña de por sí, no era fácil encontrar un comprador que estuviera dispuesto a compartir el control en esas circunstancias. La oportunidad de la venta tampoco era propicia. El proceso se inició después de las elecciones presidenciales de 1990 cuando ya César Gaviria, como presidente electo había anunciado cambios de fondo en el modelo económico. Por consiguiente, existía una gran incertidumbre en relación con las regla del juego y nadie se le mide a comprar un banco sin saber bien qué va a pasar. Como si lo anterior fuera poco, también se restringió la participación en el proceso a las personas naturales y a los inversionistas extranjeros.
Por lo tanto, era indispensable cambiar las reglas del juego para garantizar el éxito de las ventas futuras. La Junta Directiva de Fogafin fijó, además, el criterio -que se ha mantenido en todas las demás ventas- de que no necesariamente había que recuperar todas las sumas invertidas para poder vender la institución.
Esa decisión se fundamentó en el llamado concepto de los costos muertos, que en esencia parte de la base de que en el proceso de salvamento de una entidad financiera tiene como propósito principal el evitar un pánico, y en esas condiciones, necesariamente se incurre en costos que en la mayoría de los casos es imposible recuperar en su totalidad. Esto es lo mismo que un carro de 10 millones de pesos que recién salido del concesionario lo estrellan y es necesario invertir cuatro millones de pesos en su reparación. No por este hecho va a costar 14 millones. Lo mismo sucede en el mundo financiero y, en consecuencia, se trató más bien de asegurar el mejor valor posible para cada entidad y de lograr que los bancos se vendieran bien. Que un banco quede bien vendido implica que quede en manos de un buen comprador, que estimule y genere competencia provechosa en el sistema financiero, por los patrones de eficiencia que imponga, por los contactos internacionales que tenga y por los nuevos productos que desarolle.
La Junta Directiva de Fogafin también decidió que todos los procesos de venta debían estar rodeados de la máxima transparencia, aún a costa de la eficiencia. De acuerdo con Ricardo Sala Gaitán, actual director de Fogafin, "eso ha sido muy positivo en la medida en que todos los intentos de demeritar las ventas que ya se han realizado, se han estrellado precisamente contra esa transparencia".
Otro factor que desde luego incidió en la dificultad inicial de la venta es el de que la Colombia qué se podía vender en 1990-91 es muy distinta de la de 1991-92. Durante este período lo que se podría llamar la brecha entre la imagen y la realidad se ha reducido, puesto que el tamaño del primer período era tan grande que no permitía llegar fácilmente donde potenciales inversionistas para quienes el país era nuevo. Por eso era más fácil invitar a inversionistas venezolanos que podían tener una percepción más real de lo que era Colombia.
Cuando se sacó el Banco de los Trabajadores de nuevo al mercado, el precio mínimo estimado por Fogafin para la venta de ese Banco era de 2.500 millones de pesos. Este se definió no tanto en función de la historia del Banco, sino de la opciones del futuro. La razón era que la historia del Banco era atípica y lo que se hizo en últimas fue ver cuál era el panorama para la operación del banco en los próximos años y cuáles serían las posibilidades de Fogafin si se quedaba con él. Además, en caso de optar por esa última alternativa era necesario inyectarle 5.000 millones de pesos adicionales de capital y capitalizar las utilidades para cumplir con los requerimientos del nuevo estatuto financiero. Al optar por la venta, Fogafin evitó tener que desembolsarle esos recursos a la entidad.
El Banco de los Trabajadores se vendió finalmente en 3.225 millones de pesos en agosto de 1991 al Banco Mercantil de Venezuela. La inversión realizada por el Estado en diferentes momentos para salvar ese banco ascendió, en valor nominal, a 3.000 millones de pesos. Es decir, que en libros, la venta del Banco de los Trabajadores arrojó una utilidad superior a los 200 millones de pesos. Sin embargo, esos 3.000 millones de pesos invertidos por el Estado en el proceso de salvamento, se convertían en 9.200 millones de pesos al aplicarse el costo de oportunidad financiera entre el día en que fueron invertidos y el momento de la venta. En consecuencia, el costo explícito para el Estado de salvar ese banco y sin pérdida para los ahorradores y sin el pánico financiero que ello podría implicar fue de 6.000 millones de pesos.
En el caso del Banco Tequendama el precio mínimo de venta establecido por Fogafin era de 12.200 millones de pesos. El costo de recuperación del banco y de los apoyos recibidos por parte del Estado había sido en términos nominales de 12.600 millones de pesos, que traídos a valor presente, serían 36.684 millones de pesos. El valor de la venta de ese banco al Banco de la Construcción de Venezuela fue de 20.700 millones de pesos. En este caso, Fogafin obtuvo 8.500 millones más de los que estimaba en su avalúo.
En cuanto al Banco del Comercio, el precio mínimo de venta establecido por Fogafin, fue de 29.800 millones de pesos, mientras que el costo de recuperación para el Estado había sido en términos nominales de 26.732 millones de pesos que traídos a valor presente se convierten en 64.833 millones de pesos.
El Banco de Bogotá presentó la mejor oferta, que en valor presente es de 36.914 millones de pesos. De esta suma, 14.000 millones se pagarán el día de la firma del contrato prevista para el miércoles de esta semana y el saldo se pagará en un solo contado al cabo de cuatro años, a una tasa de interés del DTF más seis puntos, pagaderos por trimestre anticipado. La financiación otorgada tiene la ventaja para Fogafin de que al estar obligado por mandato legal a invertir sus dineros exclusivamente en el Banco de la República, la tasa de interés que paga esa entidad siempre está por debajo de la que va a pagar el Banco de Bogotá. Por consiguiente, es mejor negocio para Fogafin financiarle la compra al Banco de Bogotá, que haber obtenido el pago de contado.
La cifra pagada por el Banco de Bogotá representa tan sólo el 71 por ciento de las acciones, lo que quiere decir, que habiendo vendido ese porcentaje, Fogafin obtuvo un 18 por ciento más de lo que estimaba era el valor de la totalilad del Banco. Es decir, que cuando venda el 15 por ciento que mantiene en su poder, se habrá obtenido un monto sustancialmente mayor al esperado.
Como el Banco del Comercio, a diferencia del Tequendama y los Trabajadores era un banco grande, se decidió dividir el paquete de Fogafin en tres lotes. El primero estaba conformado por el 71 por ciento de las acciones en circulación para asegurar que el banco quedara en manos que permitieran reducir al máximo el riesgo que implica administrar una entidad en la cual el público ha depositado su confianza. Ese fue el que se le vendió al Banco de Bogotá. Un segundo lote, que representa el 10 por ciento de las acciones del banco, fue para el que se sometieron ofertas la semana pasada. La venta de este paquete tenía como propósito democratizar la propiedad del Banco y estaba destinada a los trabajadores activos de la entidad y a sus pensionados, a fondos de empleados, a fondos mutuos de inversión, a cooperativas y otros inversionistas solidarios. Está compuesto por 208 millones de acciones que Fogafin aspiraba a colocar al precio mínimo de 1.43 centavos por acción. La única condición para hacerse acreedor a ese subsidio era la de mantener su propiedad por un período mínimo de dos años, y para garantizar eso había que pignorar las acciones adquiridas a Fogafin por el mismo período. De esa manera, la venta de este 10 por ciento le debía generar al Estado colombiano cerca de 3.000 millones.
Sin embargo la colocación fue mucho más exitosa de lo esperado. Se presentaron 888 ofertas por 853 millones de acciones, cuyo valor asciende a la cifra de 18.892 millones de pesos. Esto quiere decir que, por cada acción disponible, se demandaron 4.1. Y como no va ser posible atender la magnitud de esa demanda, se van a prorratear las ofertas. Así las cosas, el monto de la venta del Lote B va a ascender a 4.480 millones de pesos, obteniendo más del 50 por ciento de lo estimado.
Como muchos oferentes renunciaron al subsidio para poder disponer de las acciones en forma inmediata y pagaron 2.49 centavos por acción en vez de 1.43 el valor promedio de la acción resultó siendo de 2.15 centavos.
El tercer lote, que representa un 15 por ciento de las acciones, se va a subdividir en tres paquetes del cinco por ciento, que serán rematados en una sesión especial del martillo de las bolsas de valores el próximo 5 de febrero. El precio base del primer paquete será igual al precio minimo definido por el Fondo, que es de 1.43 centavos por acción. La base de cada uno de los lotes subsiguientes, a su vez, será la del remate del lote anterior.

¿Por qué compró en Banco de Bogotá? Porque era, probablemente la entidad que más tenía que perder con la llegada de un competidor extranjero importante. El Banco de Bogotá es el banco con mayor participación del mercado en Colombia y ceder fácilmente los cuatro o cinco puntos del mercado que tiene el Banco del Comercio implicaba un riesgo. Más aun cuando en el último año se han presentado toda una serie de circunstancias que han cambiado el espectro de la competencia en el sector financiero. Para comenzar, llegaron dos bancos venezolanos importantes (el Mercantil y el Construcción), y un tercero, el Banco Latino, ha solicitado a la Superintendencia Bancaria autorización para fundar un banco en Colombia.
Por otro lado, el Citibank compró la participación de los accionistas colombianos en el Banco Internacional, quedando en posibilidad de desplegar una estrategia comercial más agresiva y sin restricciones. La fusión de los dos bancos del Grupo Santo Domingo, Bancoquia y Santander, en uno sólo, le permite acortar la distancia de tamaño que ambos tenían frente al Bogotá. La conversión de dos entidades de ahorro -Uconal y la Caja Social- en bancos le quitará alguna tajada adicional al mercado por más pequeña que sea. Y, finalmente, analizando un poco hacia el futuro, existe, también, la decisión de Banamex y de los bancos españoles Banesto y Bilbao-Vizcaya de considerar seriamente una entrada al país.
En consecuencia, quien tiene la delantera es quien más tiene que cuidarse de la competencia, y el Banco de Bogotá al ser dueño del Banco del Comercio, no sólo saca del mercado a un participante potencial del cuatro al cinco por ciento, sino que amplía su red de oficinas, adquiere un excelente producto fiduciario -el UNIR del Banco del Comercio- que es un renglón donde el Bogotá no es fuerte y una clientela cautiva importante para su operación de tarjeta de crédito. Como si fuera poco, el Banco del Comercio tenía el atractivo especialísimo para el Banco de Bogotá de ser accionista importante tanto de Seguros Bolívar como de Cementos Samper.
No han faltado quienes critiquen la venta porque concentra la propiedad en vez de democratizarla, puesto que con esta compra, Luis Carlos Sarmiento pasa a controlar más del 15 por ciento de los activos del sistema bancario. La respuesta a estas críticas, sin embargo, la han dado quienes plantean que la pregunta verdaderamente importante es la de si la democratización debe darse en la propiedad o en el acceso al crédito. Un experto bancario, consultado por SEMANA, afirma que el crédito en Colombia está mucho más concentrado en la banca estatal que en la privada. Y lo cierto es que Luis Carlos Sarmiento ha dado muestras desde hace años de aplicar la regla de oro de la banca, de dispersar el crédito ampliando la base de usuarios y reduciendo el monto promedio por operación.
La suma de las inversiones del Estado en la recuperación de los bancos de los Trabajadores, Tequendama y del Comercio traída a valor presente, asciende a 110.703 millones de pesos. De estos, en principio, Fogafin sólo esperaba recuperar 44.500 millones de pesos y en realidad ha logrado recuperar hasta ahora 65.319 y falta todavía por vender el 15 por ciento del Banco del Comercio, que podría generar por lo menos unos 7.000 millones adicionales, con lo cual el valor total de la venta del Banco del Comercio podría ascender, por lo menos, a 48 mil millones de pesos. Así las cosas, la pérdida neta explícita para el Estado sería del orden de 38 mil millones de pesos. Según Ricardo Sala, sin embargo, "existieron una serie de beneficios implícitos difícilmente cuantificables, pero no por ello menos importantes que disminuirían esas pérdidas. Aunque en estricto sentido debo aclarar que en las ventas propiamente dichas no sólo no se perdió dinero sino que se ganó. Esto permitió disminuir la pérdida del proceso global, que comenzó con la decisión de oficializar esas entidades y que, en últimas, es consecuencia directa de esa decisión".
La propiedad estatal en el sector financiero no es per se buena o mala. De hecho, el Estado llegó a los bancos oficializados por el fracaso del sector privado. Sin embargo, en el mediano y largo piazo la propiedad del Estado, en lo que al sector financiero respecta, atenta contra la eficiencia. No necesariamente por falta de capacidad de gestión, sino además por las dificultades de capitalización. El Acuerdo de Basilea, que es la convención internacional sobre manejo de entidades financieras que ha ido fijando pautas a nivel internacional, demanda una capitalización permanente para que las entidades financieras puedan sostener su crecimiento. Uno de los cambios que introdujo ese Acuerdo es que la condición de una entidad financiera se debe evaluar teniendo en cuenta la relación que existe entre el conjunto de activos del banco ponderados de acuerdo con el nivel de riesgo implícito en volverlos líquidos por su valor en libros, y el patrimonio técnico (que es el resultado de la suma del capital, las reservas, las utilidades retenidas y algunos otros factores). Este criterio es mucho más exigente que el que existía anteriormente, cuando lo que se tenía en cuenta era la relación de capital contra pasivos. Por consiguiente, la propiedad estatal de los bancos tiende a inducir ineficiencias de largo plazo, en la medida en que no siempre es defendible políticamente una inversión en un banco cuando pueden existir necesidades sociales más apremiantes.
Un ejemplo típico de esto puede ser el caso actual de la Caja Agraria. Esa entidad requiere una capitalización sustancial, pero la política fiscal adoptada por este Gobierno no permite hacerlo fácilmente, con lo cual se le está restringiendo la capacidad de crecimiento. El programa de privatización de 1992 es todavía más ambicioso que el de 1991. Este año Fogafin aspira a colocar de vuelta en manos del sector privado al Banco del Estado en el segundo trimestre y al Banco de Colombia en el cuarto trimestre. Pero también aspira a lograr vender en el segundo semestre del año a Pronta S.A. Los procedimientos de venta todavía no se han establecido porque la política del Fondo ha sido la de hacerlos en cada caso sobre medidas. Por consiguiente, el primer procedimiento que se establecerá en este año será el del Banco del Estado, que debe quedar finalizado en el curso de los próximos dos meses. Pero lo cierto es que con el éxito logrado hasta ahora y la mejor imagen de Colombia en el exterior, los augurios tienen que ser buenos.

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