Prosperidad Social ya tiene listo el borrador para entregar $15.000 millones en subsidios a familias Wayúu

El pasado mes de junio, el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de emergencia económica en el departamento de la Guajira, que históricamente ha sido uno de los más golpeados por la pobreza en el país.

La decisión se dio luego de que el mandatario sostuviera varios encuentros con comunidades indígenas que residen en esa zona, más específicamente de la etnia Wayúu.

El decreto, que fue firmado en junio de este año, fue tumbado hace pocos días por la Corte Constitucional. Sin embargo, este alto tribunal le dio al Gobierno un plazo de un año para tomar medidas excepcionales que puedan hacer frente a la sequía que vive esta zona y la situación humanitaria.

Este viernes se conoció el borrador del Decreto que permitiría al Gobierno entregar transferencias a familias de esta comunidad que tengan niños o que sean integradas por mujeres embarazadas.

El Departamento de Prosperidad Social, que es dirigido por Laura Sarabia, anterior jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro, destinará exactamente unos $15.599 millones para unas 30.000 familias de esa comunidad.

“El presente título tiene por objeto reglamentar la operación de la transferencia monetaria no condicionada para atender a las familias con niños y niñas en primera infancia o madres gestantes, de las comunidades Wayúu.

El documento precisa además que la información para determinar quiénes serán los potenciales beneficiarios será obtenida de bases de datos de censos indígenas del Ministerio del Interior o cualquier otra entidad departamental o municipal de La Guajira.

También de bases de datos de autoridades indígenas, bases de datos certificadas de integrantes del ICBF, bases de datos del Ministerio de Salud y auto censos certificados por autoridades indígenas de comunidades de ese pueblo.

La entidad precisa que aunque los beneficiarios sean de estas comunidades, también deben cumplir con varios requisitos adicionales. Deben hacer parte de familias pertenecientes a las comunidades wayúu, residentes en el departamento de La Guajira, que tengan entre sus miembros a niños y niñas menores de 6 años y/o madres gestantes.

No pueden tener inconsistencias entre las fuentes de información señaladas en el artículo 2.6.2.1.3. del decreto y los datos de identificación consignados en el documento de identidad del titular del hogar, de los niños, niñas o madres gestantes integrantes del hogar.

Los niños, niñas, madres gestantes o titulares no pueden integrar más de una unidad de intervención y tampoco pueden estar registrados como beneficiarios activos del programa Familias en Acción, conocido ahora como Tránsito a Renta Ciudadana. Tampoco pueden superar el umbral de la pobreza.

Comunidades indígenas también serán afiliadas a riesgos laborales

El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, también hizo un anuncio respecto al inicio del proceso de afiliaciones a protección social, que arrancó con la comunidad indígena Kankuamo, perteneciente a la Sierra Nevada de Santa Marta.

Las capacitaciones en esa región serán realizadas a 100 familias, entre las que se encuentran trabajadores de productos pan, de los cabildos menores del resguardo, para que estos puedan adquirir mayores conocimientos sobre la seguridad y salud en el trabajo. Dicha iniciativa fue convocada por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo y la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con cifras del Sistema General de Riesgos Laborales, el número de trabajadores afiliados actualmente es de 12,4 millones, cifra que subió considerablemente respecto al 2021, cuando se encontraba en 11,4 millones.

Además, por la pandemia de Covid, también se han afiliado cada año, en promedio, un millón de nuevos trabajadores. Además, la afiliación de empresas también registró un aumento considerable. Pasaron de 1.015.000 a 1.081.000. Esto significa que en promedio se vincularon unas 66.000 compañías al SGRL.