Colombia en la búsqueda de un nuevo dorado

El panorama de la producción de oro en Colombia, que era muy oscuro hasta el año pasado, dio un giro de 180 grados en los últimos meses y luce más despejado. Con la aprobación de las licencias ambientales para cuatro grandes proyectos mineros se espera triplicar la explotación legal, aumentar las regalías para las regiones y generar más empleos.

Y es que después de años de trámites, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le dio vía libre a los proyectos mineros en Gramalote, de AngloGold Ashanti; Cisneros, de Antioquia Gold; Santa Rosa de Osos, de Red Eagle Mining; y Buriticá, de Continental Gold. Todos ellos, en el departamento de Antioquia, operados por multinacionales de Canadá, Sudáfrica y Perú.

Con esta luz verde, Antioquia se posiciona como uno de los principales productores del país. Además, se convierte en el principal impulsor de un sector que estaba afrontando una difícil situación por la menor producción en algunas minas legales, la indefinición sobre las licencias ambientales, el avance de la minería ilegal y la caída de los precios internacionales. Después de llegar a cifras récord de 1.800 dólares la onza de oro troy, entre 2010 y 2012, lo que impulsó el boom aurífero, los precios se descolgaron por debajo de los 1.200 dólares la onza a comienzos de este año.

Pero la situación para este sector comenzará a cambiar. Así lo sostiene el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, quien dice que con las iniciativas mencionadas las inversiones superarán 1.700 millones de dólares y generarán más de 5.000 empleos directos en las etapas de construcción y montaje y más de 2.500 desde que comiencen a producir. “Los nuevos proyectos de gran minería de oro son una respuesta del conocimiento geológico, del apoyo a la industria, los incentivos a la inversión y el respaldo a la minería bien hecha”, afirma el funcionario, quien espera que el país extraiga más de 20 toneladas del mineral al año, el triple de la producción legal actual.

Así lo corrobora Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien espera que, por fin, la minería legal supere a la ilegal, que tanto daño le hace al medioambiente. De hecho, en la actualidad, de las cerca de 57 toneladas de oro producidas al año en Colombia, solo el 12 por ciento, es decir, alrededor de 7 toneladas, corresponde a compañías legalmente establecidas, que pagan regalías. El resto corresponde a barequeros que extraen el oro artesanalmente o a empresas criminales que destrozan el medioambiente, no contribuyen al desarrollo de los municipios y actúan al amparo de bandas como los Urabeños.

Listos para despegar

Por eso, el país tiene puestas sus esperanzas en proyectos formales que, si bien no están exentos de riesgos ambientales, tienen normas más estrictas en la materia y pagan regalías e impuestos.

Uno de ellos queda en el municipio de Buriticá y pertenece a la canadiense Continental Gold, que el 30 de noviembre recibió aprobación de la Anla para modificar la actual licencia ambiental. La compañía produce hoy cerca de 6.000 onzas al año, pero con el nuevo permiso espera extraer 250.000 onzas, una cifra similar a todo el oro legal producido actualmente en el país.

Buriticá es la primera mina a gran escala que se desarrollará en Colombia en las últimas dos décadas, y hace parte de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines) que impulsa el gobierno. Mateo Restrepo, presidente de Continental Gold, afirma que hasta la fecha han invertido 250 millones de dólares y que destinará 400 millones adicionales para construir el nuevo complejo minero. Esta será la primera mina de oro subterránea mecanizada a gran escala, y su obra comenzará en el primer semestre de 2017. Esta etapa durará tres años y la mina operará durante 14, tiempo durante el cual entregará a la nación por impuestos y regalías 1.000 millones de dólares.

La multinacional esperó varios años el visto bueno de Corantioquia para la licencia, trámite que finalmente gestionó la Anla. Mientras tanto, durante este tiempo creció la minería ilegal en la región, con cientos de entables, de los cuales la Policía desmanteló varios este año.

También recibió el visto bueno de la Anla la mina Gramalote, en el municipio de San Roque, que pertenece a la sudafricana AngloGold Ashanti, una de las tres mineras más grandes del mundo, y a la canadiense B2FGold. Esta también extraerá a gran escala, pero a cielo abierto, en un área de 2.080 hectáreas. Tiene la meta de producir alrededor de 414.000 onzas de oro y más de 426.000 onzas de plata anuales, durante 11 años, su tiempo de vida útil.

Hasta el momento esa empresa ha invertido 250 millones de dólares. Pero se avecinan sumas gigantescas si se tiene en cuenta que intervendrá 1.300 hectáreas, construirá vías, campamentos, reubicará pobladores de la región, comprará predios y creará una sociedad con mineros artesanales.

Por su parte, la canadiense Red Eagle Mining explotará una mina en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos. La firma llegó al país en 2010, en pleno auge del boom del oro por el aumento en los precios internacionales del metal. Con la licencia ambiental aprobada comenzarán a producir en el primer trimestre de 2017 con una meta inicial de 50.000 onzas al año.

Y la minera Antioquia Gold tiene un proyecto más pequeño, pero también importante para la región, en el municipio de Cisneros, a 80 kilómetros de Medellín. La compañía, perteneciente a inversionistas canadienses y al Consorcio Minero Horizonte, de Perú, comenzó a trabajar en el país en 2009 para desarrollar una mina subterránea que producirá, según estimativos iniciales, 70.000 onzas al año.

Si bien estos proyectos ya tienen luz verde, todavía hay incertidumbre sobre la suerte de otras grandes minas que han afrontado varios tropiezos. Una de ellas es La Colosa, en el Tolima, también de propiedad de AngloGold Ashanti, que está a la espera de una consulta popular en el municipio de Piedras, a ser realizada en enero del año entrante. Los pobladores votarán si quieren que haya o no explotación minera en su región.

Angostura, en el páramo de Santurbán (Santander), de la canadiense Eco Oro (antes Greystar), tampoco ha podido despegar a pesar de que lleva 23 años en el país y de que tiene 14 títulos mineros. La razón es que en 2014, el Ministerio de Ambiente delimitó dicho páramo y en febrero de este año la Corte Constitucional restringió la actividad minera en la zona, lo que afectó el 50 por ciento del proyecto. La empresa ha invertido en Angostura más de 250 millones de dólares y terminó el pasado 7 de septiembre un proceso de conciliación con el gobierno, en el que no llegó a ningún acuerdo.

Si bien el año entrante será clave para la definición de la suerte de estas dos grandes explotaciones mineras, lo cierto es que la industria aurífera tiene ahora mejores perspectivas de crecimiento. Pero no está exenta de grandes retos. Uno de ellos es hacer una minería responsable, que mitigue los daños en el medioambiente, que no contamine las aguas y no afecte a los pobladores. Pero, también, que sea capaz de transformar la situación económica y social de las regiones para que producir oro no sea una maldición, como ha ocurrido en el pasado.