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| 11/14/1983 12:00:00 AM

PRUEBA DE FUEGO

El Grupo de Consulta analizará la política económica del gobierno, para discutir el plan de financiamiento externo


A un fogueo desde diferentes ángulos será sometida la coherencia de la política económica del equipo del presidente Betancur en los próximos días. Esta semana será considerado y discutido en París el plan de financiamiento externo por 9.500 millones de dólares que el gobierno necesita para cumplir las metas fijadas en el programa "Cambio con Equidad". Banqueros oficiales y privados de los países desarrollados harán un detenido análisis de la evolución reciente de la economía del país y decidirán si es recomendable o no prestarle esa suma a Colombia y bajo qué condiciones.

La política de contención salarial afrontará su primera prueba de fuego. Desde el 15 de octubre se comenzaron a negociar las convenciones colectivas de los trabajadores ocupados en la industria del cemento, sector clave en la estrategia de vivienda popular. Los primeros movimientos hacen pensar que la situación no será fácil. Ya fue votada la realización de una huelga en Cementos del Valle y es factible que suceda algo similar en Cementos Samper, Nare, Diamante y Boyacá. Seis mil trabajadores del sector han rechazado los aumentos salariales ofrecidos por las empresas, que se basan en las estimaciones hechas por el ministro de Hacienda, Edgar Gutiérrez, de un crecimiento de los precios del 14% para el año entrante. Este anuncio del gobierno "ha envalentonado a los empresarios", opina Víctor Acosta de la CGT. La propuesta hecha por los industriales ofrece un incremento de salarios del 15% en los próximos tres años, que no aceptan los trabajadores. Estos tienen a su favor, que negocian en forma unificada los pliegos de las plantas que producen más del 70% del cemento del país. Una parálisis de esta industria complicaría aún más los proyectos de vivienda popular. Por esta razón, se piensa que la política salarial de la actual administración enfrentará su primer examen en serio.

Otro tanto ocurre con el plan de financiación y ensanche de la dotación de servicios públicos. Las protestas cívicas en algunas ciudades han obligado a las autoridades del sector a revisar las tarifas y sus mecanismos de cobro. Tan exageradas fueron las alzas recientes, que se ha ordenado una investigación sobre la administración de las empresas municipales y la forma como aplican las políticas fijadas en la Junta Nacional de Tarifas. Existe el convencimiento de que hay cierto grado de irresponsabilidad en el manejo de estas instituciones, y así lo dejó entrever el presidente Betancur en su charla televisada, antes de partir para Europa hace dos semanas. Jorge Ospina Sardi, jefe del Departamento Nacional de Planeación, ha dicho que "la situación tiene que ver más con la administración que con el sistema tarifario". Igualmente aceptó que existían deficiencias en la facturación, en la administración, imprevisiones, abusos en la imposición de arandelas y hasta injusticias. Es decir, la situación de las empresas de servicios públicos se parece más a un caos que al reino de la técnica como se creía hasta hace poco. Las recientes protestas en Bello y Cartago, y las que se están organizando en Villavicencio, Tunja y Sogamoso, requieren de una respuesta rápida y adecuada por parte del gobierno. "Hay que ponerle corazón a la técnica", ha dicho el ministro de Minas y Energía, Carlos Martínez Simahan, refiriéndose a las tarifas, pero según lo dicho por el jefe del DNP, parece que a la técnica no sólo le ha faltado corazón sino también razón.

También afronta serios tropiezos el plan bandera de la actual administración. Superados los escollos iniciales de traslado de recursos al sector de la construcción, se ha hecho evidente la escasez de tierra urbanizable y de infraestructura de servicios como lo ha destacado la Cámara Colombiana de la Construcción, CAMACOL. El presidente de este gremio, Tulio Echeverry, reveló que tuvieron que ser retenidos 800 millones de pesos en créditos aprobados para construcción de vivienda en Cali, porque las zonas donde se proyectaba urbanizar no cuentan con ningún tipo de infraestructura de servicios. Se calcula que el gobierno tendrá que invertir 100 mil millones de pesos en redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica durante los próximos tres años. Parte significativa del financiamiento de estos planes se hará con crédito externo, y de ahí la importancia de la petición al Grupo de Consulta en París.

Para Bogotá, el BID aprobó un préstamo por 115 millones de dólares para ampliación de la infraestructura de servicios en el sur-occidente de la capital. El proyecto va a beneficiar al 25% de la población bogotana y adecuará 15 mil lotes con servicios para ser adjudicados entre la población de menores recursos. Como ha sucedido en varias ciudades, la demanda por tierra urbanizable en Bogotá ha presionado hacia arriba los precios de ésta, y ha obligado a desplazar los planes de vivienda hacia la periferia urbana, lo que encarece el costo de los servicios por extensión de las redes. Un ejemplo es el de "Ciudad Bolívar" en Bogotá. En otros casos, como en Cúcuta, Pasto, Barranquilla y Cali, los planes de vivienda popular han disminuido su ritmo, debido a la ausencia de servicios en los nuevos terrenos por urbanizar.

Como se ve, tanto en el frente externo como en el interno la administración Betancur presentará sus credenciales. Se da por seguro que en París la acogida a los planes de financiación externa será favorable. En el campo interno la situación es diferente. La manera como se resuelvan las peticiones de los trabajadores del cemento y las de rebajas de tarifas de servicios marcarán la pauta.
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