Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2003/03/24 00:00

Pulso petrolero

Sube la temperatura del conflicto laboral en Ecopetrol. El sindicato habla de huelga y la empresa se juega su futuro en un tribunal de arbitramento.

En esta ocasión el sindicato de Ecopetrol ha defendido sus reivindicaciones históricas, que van más allá de los temas laborales y se refieren también a la política petrolera. No se puede descartar la posibilidad de una huelga prolongada, alg o que no ocurre desde 1977

El pasado 28 de noviembre, por primera vez en la historia, el presidente de Ecopetrol denunció la convención colectiva de trabajo para tratar de cambiar las condiciones laborales que se aplican en la empresa. Desde entonces no ha parado de subir la temperatura del enfrentamiento entre los directivos de la petrolera y la

Unión Sindical Obrera (USO). El viernes pasado, al vencerse el último plazo para que las partes lograran un acuerdo en torno al tema laboral, sus posiciones seguían tan distanciadas como el primer día y empezaba a hablarse de lo que sigue: la convocatoria de un tribunal de arbitramento y, probablemente, la decisión de los trabajadores de irse a la huelga.

El desenlace de esta historia será crucial para el futuro de la empresa. Precisamente, la administración de Ecopetrol decidió presentar la denuncia a la convención colectiva (que el sindicato llama contrapliego), porque lo consideró indispensable para asegurar la viabilidad de la empresa. El hecho de que la petrolera haya dado muchas utilidades en el pasado con las actuales condiciones laborales no quiere decir que lo pueda seguir haciendo en el futuro.

Tiempos de austeridad

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Colombia se está acabando el petróleo. Mientras en 1999 se extrajeron en el país 815.000 barriles diarios de crudo, en 2002 está cifra apenas llegó a 580.000. De no encontrarse nuevos yacimientos de tamaño importante el país se vería abocado a importar crudo a la vuelta de dos o tres años.

Sería un golpe tremendo para las exportaciones, para las finanzas públicas, y también para Ecopetrol, que, de hecho ya lo empezó a sentir. En agosto de 2002 la empresa tenía 7.200 trabajadores. Para adaptarse a la realidad de una producción reducida, y además para aumentar la eficiencia, la planta se debe reducir a 5.500 en los próximos cuatro años de acuerdo con los planes que ha anunciado el gobierno. A la fecha han salido más 700 personas, que se han jubilado y no se han reemplazado.

No podría ser de otra manera, pues la convención colectiva no le permite a Ecopetrol despedir sin justa causa, con la debida indemnización, a los trabajadores que hayan cumplido 16 meses de labores. Estos tienen el empleo prácticamente garantizado de por vida, aunque a un costo muy grande para la empresa. Cuando la producción aumenta ésta tiene que contratar más gente, pero cuando cae no la puede despedir, de manera que queda con la nómina abultada en forma permanente.

El mayor gasto no se acaba cuando se jubilan los empleados, pues Ecopetrol tiene que asumir con sus propios recursos las mesadas porque sus trabajadores no cotizan para pensiones. Además la edad de jubilación es menor que la establecida en la ley. En la denuncia a la convención Ecopetrol propone que se respete el esquema pensional (y de salud) de los actuales trabajadores, pero que los nuevos estén cobijados por el régimen común. También pide establecer, únicamente para los nuevos empleados, unas normas de despidos similares a las que establece la ley.

Otro punto que la empresa considera conveniente cambiar es el de los ascensos. Los trabajadores están clasificados por especialidades (mecánicos, electricistas, etc.). Dentro de cada una de estas hay un escalafón de nueve niveles. Bajo el esquema actual, no sólo no se pueden cambiar de especialidad sino que en la práctica tienen un ascenso automático cada tres años. Por eso 56 por ciento de los trabajadores ya se encuentran en el techo del escalafón. La propuesta de la empresa en este tema es permitir que los trabajadores puedan desempeñar más de una función y que los ascensos sólo se hagan cuando haya vacantes y con base en un concurso de méritos.

De otro lado, en la nómina de Ecopetrol hay desde aseadoras, conductores, empleados de cafetería, hasta profesores y médicos que prestan servicios a las familias de los empleados. La administración no tiene la posibilidad de contratar servicios como estos con empresas externas que, por ser especializadas, los podrían prestar a menor costo. La propuesta de la administración consiste, entonces, en permitir la contratación con terceros de las actividades que no son propias de la industria petrolera.

Esto tiene que ver con uno de los puntos más sensibles de la denuncia, que se refiere a los 250 gramos de carne que recibe diariamente cada empleado de Barrancabermeja. Este beneficio tiene un significado histórico pues fue una de las primeras conquistas que lograron los trabajadores hace más de 50 años. En todo caso la empresa no se propone desmontarlo. En la denuncia sólo pide tener la posibilidad de contratar con terceros la distribución de la carne y ofrecer a los trabajadores la opción de recibir el beneficio en dinero y no en especie.

El mismo día que la empresa divulgó estas propuestas la USO presentó su pliego de peticiones. Este contiene una solicitud de aumento salarial de inflación causada más 6 puntos y pide la ampliación de varios de los beneficios sociales. Tiene un capítulo muy importante sobre la orientación de la empresa. Pide, por ejemplo, que Ecopetrol se involucre directamente en actividades de exploración, que acometa por su cuenta la ampliación de la refinería de Cartagena y que opere en forma directa todos los oleoductos y poliductos.

"El eje central de nuestra negociación es el fortalecimiento de la empresa. Buscamos discutir la política petrolera del Estado colombiano", afirma Rodolfo Gutiérrez, presidente de la USO. La empresa, por su parte, aclara que la política de hidrocarburos se decide en el Congreso y en el Ministerio de Minas, no en Ecopetrol. En todo caso la posición de la USO frente al "contrapliego" de la administración es bastante radical. "Es una política para marchitar la empresa, privatizar las actividades, desmejorar el servicio médico", dice Gutiérrez.

Las negociaciones se han complicado además por algunos disturbios. Hace un mes hubo un breve cese de actividades a raíz del despido de un trabajador acusado de sabotaje. Las pérdidas ocasionadas en esos días alcanzaron los cinco millones de dólares. Debido a estos hechos la empresa restringió el acceso de los dirigentes sindicales a las plantas. La USO, por su parte, afirma que los despidos recientes, asociados a hechos de sabotaje, son una persecución política.

Así las cosas, el viernes pasado se venció el plazo para que empresa y sindicato llegaran a un arreglo directo y las negociaciones no habían avanzado ni un milímetro. El paso siguiente sería la convocatoria de un tribunal de arbitramento, por parte del Ministerio de Protección Social, para que estudie ambos pliegos y dirima el conflicto. Pero la USO rechaza esta posibilidad. "Preferimos las consecuencias de una huelga", dice su presidente. De llegar a esta situación el gobierno la podría declarar ilegal, teniendo en cuenta que se trata de un servicio público esencial.

Una eventual huelga sería traumática y costosa para el país, sobre todo si toca importar combustibles a los actuales precios internacionales, que están por las nubes. Más allá de esta coyuntura, sin embargo, hay que recordar que lo que está en juego es la salud financiera de la empresa en el largo plazo, su capacidad de adaptarse a los tiempos de baja producción y la posibilidad de racionalizar sus deudas pensionales, que superan los siete billones de pesos.

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