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| 5/20/2006 12:00:00 AM

Punto final

Todo sumado, en el pleito del siglo que duró siete años entre la familia Gilinski y el Sindicato Antioqueño, les acabó yendo mejor a los paisas.

La noticia en el mundo de los negocios colombiano la semana pasada fue el final de una de las peleas más agrias de los últimos tiempos: la de la familia Gilinski contra el Sindicato Antioqueño, por la venta del Banco de Colombia. Fueron siete años de multimillonarias demandas y contrademandas que terminaron en un fallo de un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que provocó gritos de júbilo en ambas partes y dejó desconcertado a más de un espectador. ¿Quién ganó y quién perdió esta batalla? ¿Es realmente el último round de una guerra jurídica tanto en Colombia como en Estados Unidos, que ha enardecido el ambiente entre dos poderosos grupos económicos y que tiene a unos 60 abogados -incluyendo ex ministros, ex presidentes de la Corte Suprema, ex procuradores y ex fiscales- trabajando sin descanso en el caso?

Todo comenzó en agosto de 1997, cuando Jaime Gilinski y Jorge Londoño se pusieron de acuerdo para realizar la mayor transacción financiera en la historia de Colombia: la venta del Banco de Colombia -de propiedad de Gilinski- al Banco Industrial Colombiano (BIC) -de propiedad del Sindicato Antioqueño-, con el fin de fusionarlos en un solo banco.

El negocio parecía sencillo. Los Gilinski, propietarios en ese entonces del 60 por ciento de las acciones del Banco de Colombia, recibirían 418 millones de dólares en efectivo por el 51 por ciento. El saldo sería reemplazado con acciones del nuevo banco. Al terminar la operación, el Sindicato se quedaría con el 51 por ciento, y los Gilinski y demás minoritarios, con el 49 por ciento de la nueva entidad fusionada.

El problema radicaba en valorar esas acciones. Lo más urgente era establecer una relación de intercambio y determinar quién se quedaba con qué. Para valorar el BIC se tomó como referencia el valor de los American Depositary Receipts (ADR) en la Bolsa de Nueva York. Estos papeles, que se transan como títulos valores, estaban compuestos de cuatro acciones y valían 18 dólares. En plata blanca eso significaba que cada acción del BIC costaba 4,5 dólares.

Con base en ese cálculo se llegó a una relación de intercambio salomónica para todos: una acción de la nueva entidad fusionada, por cerca de nueve acciones del viejo Banco de Colombia. Esta proporción arrojaba un paquete accionario para los Gilinski de 100 millones de dólares de acciones del nuevo banco, que se llamaría Bancolombia.

Además de las aprobaciones de las Superintendencias Bancaria y de Valores, el Sindicato tenía que buscar financiamiento para la operación. Y lo consiguió mediante un préstamo del J. P. Morgan por 265 millones de dólares; una capitalización del BIC por 92 millones de dólares; un préstamo del BIC Panamá al BIC de Colombia por 53 millones de dólares, y el resto (cerca de seis millones), con la tesorería del BIC.

Así se hizo el negocio. Gilinski y Sindicato creían haber hecho la transacción de su vida y todo marchaba sobre ruedas. Pero la luna de miel duró poco tiempo. Los problemas comenzaron cuando el precio de las acciones en la Bolsa de Nueva York se fue a pique. En menos de año y medio, el valor del papel cayó 70 por ciento y el precio de la acción se redujo de 4,5 a 1,5 dólares.

La estrepitosa caída redujo el paquete accionario de los Gilinski a menos de una tercera parte. Esto afectó el patrimonio de la familia, que se sintió estafada. A eso se sumó un enredo de una garantía de 30 millones de dólares que los Gilinski se habían comprometido a dejar en una fiducia, pero que al estar representada en acciones del banco, había perdido valor. Y cuando el Sindicato le pidió a Jaime Gilinksi reponer ese dinero, ahí fue Troya.

Al principio, los Gilinski y el Sindicato trataron de resolver sus diferencias en privado. Pero una serie de reuniones realizadas entre diciembre de 1998 y febrero de 1999 sólo sirvieron para que los dos bandos endurecieran sus posiciones. Fue entonces cuando, en la asamblea del 23 de marzo de 1999, los Gilinski hicieron públicas sus denuncias y al día siguiente interpusieron una demanda por perjuicios económicos en una corte de Nueva York, ciudad donde se realizó parte de la operación de fusión.

El juez de Estados Unidos ordenó que se convocara un tribunal de arbitramento en Colombia, que es el que acaba de fallar la semana pasada. Este fue el primer disparo de una prolongada guerra de demandas y contrademandas sin tregua ni cuartel. Una cruzada que pasó del campo económico al penal con toda la artillería jurídica de ambos bandos, especialmente de los Gilinski, que constituyeron un temible pool de abogados con figuras de gran renombre en el país.

Los cargos

Las imputaciones que le hacía Gilinski y sus abogados al Sindicato eran básicamente tres: la primera era una supuesta manipulación de las acciones del antiguo BIC inscritas en las Bolsas de Nueva York y Medellín durante la negociación para inflar el precio de las mismas, a fin de lograr una mejor razón de intercambio. Esto habría ocasionado un detrimento patrimonial a los Gilinski. En todos los casos las autoridades determinaron que la caída en el precio obedecía a las condiciones del mercado y no a una manipulación. La demanda no prosperó.

La segunda, que el Sindicato Antioqueño había comprado el Banco de Colombia 'con la cédula'. Es decir, que buena parte de los recursos para adquirirlo habría salido de un presunto autopréstamo, en particular un crédito de 33.000 millones de pesos. En este caso, la Superbancaria encontró que no hubo tal autopréstamo, que no se violaron los topes permitidos ni se usaron ahorros del público. No obstante le clavó a Bancolombia una multa de 44 millones de pesos por cuenta de un crédito mal concebido de este banco al BIC antes de la fusión. Hoy, está en revisión por el Consejo de Estado.

La tercera, que el Sindicato incumplió con la mitad de su compromiso de capitalizar la entidad en 150 millones de dólares. Y fue justamente sobre este punto que falló el Tribunal de Arbitramento la semana pasada. El Tribunal encontró que "el BIC no se comportó sujeto a un profesionalismo propio de su actividad, de conformidad con la buena fe en lo que tuvo que ver con la capitalización en monto inferior a lo previsto y a la mayor obtención de créditos externos que incidieron en el valor del banco fusionado, con impacto en la posición económica de los vendedores", según dice la sentencia.

El anterior párrafo hace referencia a una aprobación que la Superintendencia Bancaria le dio al BIC en septiembre de 1997 para hacer una capitalización, mediante emisión de acciones, por 150 millones de dólares. Sin embargo, la capitalización acabó siendo solamente de 92 millones de dólares, 58 millones menos de lo pactado. Fue ahí cuando suplió ese faltante con un crédito que tomó de su filial de Panamá.

La controversia giraba alrededor de si los 150 millones de dólares de capitalización eran una obligación o solamente una intención. El Sindicato consideraba lo segundo y explicaba el faltante con la sencilla razón de que el mercado no respondió a la emisión de acciones como se esperaba. Esto no convenció del todo al Tribunal de Arbitramento, que consideró que sí hubo un incumplimiento.

Al no poderse completar la capitalización tal y como se esperaba, la participación de los antiguos socios en la nueva sociedad también cambiaba. Por eso el laudo dice que los Gilinski han debido quedar con el 25 por ciento y no con el 22 por ciento de las acciones de la nueva sociedad. Es decir, merecían un 3 por ciento más. Por esta razón, el Tribunal condena a Bancolombia a pagar una indemnización de 40.000 millones de pesos (18.000 dólares), aunque advierte que "no hubo acciones dolosas ni maquinaciones fraudulentas por parte del banco ni de sus administradores".

¿Quién gana y quién pierde?

Como sucede con frecuencia en los grandes pleitos y en las elecciones, todas las partes dijeron haber ganado. La familia Gilinski invocó el regaño que el Tribunal le dio al Sindicato por no haber capitalizado la totalidad de los 150 millones de dólares como una victoria jurídica y una sanción moral. El Sindicato, por su parte, manifestó que había sido demandado por más de 600 millones de dólares y que al final de cuentas no había perdido un solo peso. Todo sumado, la verdad es que le acabó yendo mejor al Sindicato que a los Gilinski.

Por un lado, porque los Gilinski esperaban recibir por este pleito si no los 600 millones de dólares, sí la mitad de eso, o al menos la tercera parte. Por el otro, porque hace mes y medio, el pasado 30 de marzo, otro tribunal en la misma Cámara de Comercio, los condenó a pagar 65.000 millones de pesos (29 millones de dólares) al Sindicato por concepto de una valoración mal hecha en los estados financieros del Banco de Colombia de junio de 1997. Si bien esta derrota obedecía solamente a un asunto de interpretación contable, el cruce de los dos Tribunales de Arbitramento arroja un saldo negativo para los Gilinski.

Si a la condena de 29 millones se le suman por lo menos 10 millones de dólares que se han gastado en abogados, el desembolso total para los Gilinski terminó siendo de 39 millones de dólares. Si esto se cruza con la indemnización que recibieron la semana pasada, de 18 millones de dólares, el resultado neto fue una pérdida de 21 millones de dólares.

A los Gilinski les queda la esperanza de recibir cinco millones de dólares por concepto de una acción de grupo que condenó al Bancolombia a pagar 10 millones de dólares a los accionistas minoritarios, incluido Gilinski. Esta suma tampoco está asegurada. Lo que se debate es si los Gilinski tienen derecho o no a ella, con base en el argumento jurídico de cosa juzgada, un elemento en el cual se basó toda su última demanda en el último Tribunal de Arbitramento.

El Sindicato, por su parte, aunque tuvo una condena de 18 millones de dólares, había recibido los 29 millones de dólares de la indemnización por concepto de la valoración mal hecha de los estados financieros del Banco de Colombia. Aun sumando la condena de la acción de grupo y descontando el costo de abogados, los paisas acabaron en tablas en materia económica. El único lunar en esa victoria fue la referencia en el fallo del Tribunal de la semana pasada de que su conducta en el caso de la capitalización incompleta no estuvo a la altura de los estándares de profesionalismo y buena fe esperados de esa entidad.

Teniendo en cuenta que los Gilinski no se metieron en ocho años de pleitos para obtener una victoria moral frente al Sindicato, sino para resarcirse de lo que ellos consideran un atropello económico de cientos de millones de dólares, no se puede desconocer que el balance para ellos ha sido negativo.

En cuanto al Sindicato su objetivo primordial era defender no sólo su reputación, sino sus intereses económicos. En cuanto a lo primero, a pesar del regaño, la aclaración por parte del Tribunal de que no hubo dolo ni fraude los dejó satisfechos. Si a esto se suma que de los cientos de millones de dólares de las demandas contra ellos las cuentas finales en plata blanca no van a acabar siendo negativas, es evidente que no les fue nada mal.

No obstante, la telenovela no ha llegado a su fin. Hay acciones legales en Colombia y Estados Unidos. En el país, la Corte Constitucional está a punto de fallar una tutela de Jaime Gilinski contra la Fiscalía que busca reabrir un proceso penal contra los administradores de Bancolombia. En Nueva York, los Gilinski tienen la opción de seguir el caso en tribunales estadounidenses. La pregunta es: ¿vale la pena?
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