Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1997/07/07 00:00

QUE HUMAREDA

El gobierno colombiano se habría saltado la Constitución Nacional y la legislación del Grupo Andino al intentar terciar en un debate entre dos gigantes productoras de cigarrillos.

QUE HUMAREDA

Si algún país puede hablar bien del Grupo Andino es Colombia. Al fin y al cabo en los últimos años el mercado andino se ha convertido en el más importante destino para las exportaciones no tradicionales del país. Entre 1991 y 1995 el mercado subregional pasó de representar menos del 25 por ciento a cerca del 50 por ciento de las exportaciones industriales nacionales. Por eso no es raro que Colombia haya liderado con tanta decisión el proceso de consolidación del Grupo Andino en la primera mitad de la década.Pero ahora las cosas parecen ser a otro precio. En los últimos meses el gobierno colombiano no sólo ha perdido el liderazgo que tenía en el pasado entre los países vecinos, sino que ha tomado algunas medidas unilaterales que desafían el ordenamiento jurídico andino, atentando así contra la estabilidad del esquema de integración. Según el concepto de varios especialistas el gobierno colombiano habría ido en contra del ordenamiento jurídico andino en una acción que para muchos ha resultado incomprensible e injustificada. Se trata de un decreto expedido el 14 de marzo pasado y promovido por el entonces ministro de Comercio Exterior, Morris Harf, poco antes de dejar su cargo, en el que el gobierno decidió reglamentar por su propia cuenta un tema que debe ser regulado a nivel del Grupo. Como resultado, el decreto se encuentra demandado ante el Consejo de Estado por violación al ordenamiento jurídico andino y por ir en contra de lo previsto en la Constitución Nacional.¿Qué llevó al gobierno nacional a adoptar una decisión tan polémica y con un sustento jurídico tan cuestionable? Detrás de este interrogante hay una vieja disputa entre las dos más grandes multinacionales productoras de cigarrillos en la que Colombia terminó enredada sin necesidad. El líoLas empresas Philip Morris y British American Tobacco _BAT_ han sostenido desde tiempo atrás una feroz disputa en los países andinos alrededor de la marca Belmont. El enfrentamiento se origina en el hecho de que Philip Morris es titular de la marca en Colombia y Ecuador, mientras que BAT, a través de su representante Bigott, lo es en Venezuela. El atractivo mercado que se generó con la apertura de ambas economías, así como la expedición de la Decisión 344 del Grupo Andino sobre propiedad intelectual, terminaron alborotando el avispero. La Decisión establece que cuando en un país andino una marca esté a nombre de un titular, un tercero no puede importar a ese país productos que tengan esa misma marca a menos que haya un acuerdo de comercialización con el titular de la misma. La norma agrega que si el titular de la marca no la está usando, entonces el tercero sí puede importar los productos en cuestión. Al amparo del contenido de la Decisión se inició una batalla jurídica entre Philip Morris y BAT. A comienzos de 1994 el gobierno ecuatoriano prohibió la importación del Belmont de BAT desde Venezuela en vista de que Philip Morris era el titular de la marca en Ecuador. El gobierno venezolano, por su parte, denunció ante la Junta del Acuerdo de Cartagena esa prohibición como un incumplimiento por parte del Ecuador de la normatividad andina que defiende el libre comercio. Tras verificar que Philip Morris estaba usando la marca Belmont en Ecuador desde abril de 1994, la Junta consideró que era justa la prohibición de importaciones de Ecuador. Ante esa decisión el gobierno venezolano optó por llevar sus argumentos a la última instancia jurídica del Grupo Andino: el Tribunal Andino de Justicia. Para los próximos días se espera el fallo definitivo del Tribunal, el cual resolverá de una vez por todas el debate.Y por estos lados...En Colombia la disputa sobre la marca Belmont ha tenido un desarrollo distinto. En 1994 Philip Morris solicitó ante un juzgado la defensa de sus derechos como titular de la marca en Colombia, los cuales se estarían viendo vulnerados por las importaciones de Belmont de BAT desde Venezuela. Aunque el juez falló a favor de Philip Morris en primera instancia, en abril de 1995 el Tribunal Superior revocó el fallo pues los apoderados de la empresa no presentaron pruebas de que ella estuviera haciendo uso de la marca. Mientras esto sucedía, BAT no se había quedado quieta. En 1994 solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de la marca Belmont registrada por Philip Morris años atrás, tras argumentar que la misma no estaba siendo utilizada. En junio de ese año la Superintendencia rechazó la solicitud de BAT reconociéndole a Philip Morris la titularidad de la marca, decisión que fue ratificada de nuevo en junio de 1995.De esta manera el partido entre BAT y Philip Morris está empatado por el momento. En Colombia Philip Morris no ha podido evitar que BAT importe sus cigarrillos Belmont desde Venezuela, a pesar de ser titular de la marca, mientras que en Ecuador se mantiene vigente la prohibición de esas mismas Importaciones. Para muchos observadores es insólito que un mismo problema haya tenido soluciones distintas en dos países que comparten la misma legislación andina. Por eso todos están esperando ansiosamente el próximo fallo del Tribunal Andino, pues éste debe dar la última palabra sobre los verdaderos alcances de la legislación andina.A la colombianaPero el gobierno colombiano prefirió dirimir a su manera el debate jurídico, desconociendo la competencia del Tribunal Andino en esta materia. El decreto 698 de 1997 establece que el derecho de terceros a importar productos con una cierta marca no cesará si después de iniciar el proceso de importación el titular de la marca en Colombia empieza a usarla en el país. De esta manera el gobierno estaba resolviendo el caso en Colombia a favor de BAT. Pero además de haberse saltado al Tribunal Andino, el gobierno nacional se habría atribuido funciones que le competen al Congreso, pues el artículo 150 de la Constitución Nacional establece que la regulación del tema de propiedad intelectual le corresponde al Legislativo y no al Ejecutivo. Para el ministro de Comercio Exterior, Carlos Ronderos, el problema tiene otros matices. Según dijo a SEMANA, "estamos esperando el fallo del Tribunal. Sin embargo, creo que el problema no son las marcas sino el contrabando. Es insólito que dos compañías cuyos productos entran al país mayoritariamente de contrabando, evadiendo millones de dólares en impuestos, estén peleando por el registro de una marca".De cualquier manera, mientras avanza en el Congreso un proyecto de ley que busca penalizar de nuevo el contrabando, muchos esperan el fallo del Tribunal Andino sobre la disputa entre BAT y Philip Morris en Ecuador, así como el del Consejo de Estado sobre el polémico decreto del gobierno colombiano. Lo que pocos se explican a estas alturas es por qué el gobierno decidió expedir un decreto con un sustento jurídico tan dudoso para dirimir una disputa que no le correspondía.

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