Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2004/05/09 00:00

¿Qué es lo que quiere la USO?

La distancia entre gobierno y sindicato es cada día más grande y la huelga en Ecopetrol amenaza convertirse en paro nacional.

Isaac Yanovich, presidente de Ecopetrol, despidió a la plana mayor de la USO, en un hecho sin precedentes en la historia sindical del país.

Se trata de un fantasma viejo con sábana nueva. Quizá por esta razón el susto de la huelga en Ecopetrol ya no atemoriza a nadie. Los directivos de la empresa han jugado fuerte al despedir a 57 trabajadores, entre ellos el presidente del sindicato, Gabriel Alvis. El gobierno ha dicho que está dispuesto a conversar pero que la política petrolera no es negociable. Y el sindicato insiste en que está luchando por la defensa de la soberanía nacional y el recurso petrolero del país. En medio de este pulso, que tiene más de político que de laboral, tres semanas después de haberse decretado el paro, es poco lo que se han analizado las pretensiones de la Unión Sindical Obrera (USO). Lo primero que quiere el sindicato de Ecopetrol es que el gobierno derogue o al menos revise el decreto 1760, que en junio de 2003 le quitó a la empresa estatal la administración de las reservas de petróleo y gas del país y se las entregó a una entidad que creó para ello, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Por eso Ecopetrol ya no tendrá participación asegurada en los nuevos descubrimientos de las multinacionales en el país, que antes tenían que cederle el 30 por ciento de la producción. A partir de este año la empresa estatal debe buscar petróleo por cuenta propia y competir con las multinacionales. La USO sostiene que esta medida es perjudicial para Ecopetrol, e incluso, que podría ser el primer paso para su liquidación o privatización. Según los sindicalistas, por las restricciones presupuestales que le impone el gobierno, la empresa no contará con los recursos para explorar, y por tanto, no podrá competir con las compañías extranjeras. Pero ese mismo decreto dejó en cabeza de Ecopetrol todos los contratos de exploración y explotación firmados antes del 31 de diciembre de 2003. Es decir, le entregó ingresos como aportes de la Nación al menos por los próximos 10 años. Y determinó que cuando tenga problemas financieros por causas distintas a su gestión, la ANH podrá cederle algunas rentas o contratos. Pero, ¿podrá jugar en igualdad de condiciones con las otras petroleras? Uno de los principales obstáculos es que Ecopetrol no tiene autonomía para definir sus planes de inversión o para endeudarse, puesto que la Nación echa mano con frecuencia de las utilidades de la empresa para cuadrar sus cuentas fiscales. En eso el sindicato coincide con el presidente de la entidad, Isaac Yanovich, quien ha planteado al gobierno la necesidad de desvincular a Ecopetrol de los líos del fisco. Yanovich ha dicho que para ser competitiva, la empresa debe recuperar la capacidad de gestión y aligerar su carga laboral. No es un secreto que los trabajadores cobijados por la convención colectiva de Ecopetrol gozan de grandes privilegios. De ahí que los directivos denunciaran esta convención en noviembre de 2002. Quieren que los nuevos trabajadores aporten al sistema general de pensiones, como cualquier colombiano, y que se derogue la cláusula que impide despedirlos sin justa causa después de 16 meses de labores. Esto no tocaría los derechos adquiridos por los trabajadores actuales. Como el sindicato y la empresa no pudieron ponerse de acuerdo en estos temas, le correspondió a un tribunal de arbitramento dirimir el conflicto. Este expidió un laudo en diciembre de 2003 a favor de la empresa, pero el sindicato lo impugnó ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte ratificó en marzo la decisión del tribunal. La USO se niega a aceptar estas decisiones judiciales, y esta es la segunda razón por la cual entró en huelga. Dice que está dispuesta a seguir discutiendo la convención y que sería un mal precedente dejar que un tribunal reemplace los resultados de una negociación colectiva. Pero quizás lo que más ha agudizado el enfrentamiento entre sindicalistas y gobierno es el despido de dirigentes de la USO. La empresa tiene el soporte jurídico para cancelar los contratos de quienes participen en la huelga, pues el Ministerio de Protección Social la declaró ilegal al considerar que Ecopetrol presta un servicio público esencial. Políticamente el asunto es más complicado. Mostrar la cabeza de líderes sindicales de larga trayectoria como Hernando Hernández, vicepresidente de la USO, como símbolo de triunfo en este pulso podría resultarle al gobierno un mayor conflicto laboral en el mediano plazo. Ya la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, Fenaltrase, la CUT y Asonal Judicial, entre otros, han expresado su intención de hacer un paro nacional como apoyo a la USO. Al cierre de esta edición, el gobierno seguía empeñado en defender sus posiciones y, por supuesto, la USO las suyas. Es un pulso político que el gobierno tiene hoy más fuerza para ganar. Su argumento de fondo -hay que evitar que el país vuelva a importar petróleo y ponga en riesgo aún más su precaria estabilidad fiscal- pesa más hoy que la defensa de privilegios sindicales, o incluso que el viejo debate idoelógico de si debe el Estado conservar el control del petróleo nacional.

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