Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2000/01/03 00:00

¡QUE SANCOCHO!

Gobierno, sector financiero y Congreso están metiendo la cucharada en el proyecto de ley de <BR>vivienda.

¡QUE SANCOCHO!

El debate sobre ley de vivienda en el Congreso se ha venido calentando y está como para
alquilar balcón. Aunque ya existe consenso sobre buena parte de las propuestas incluidas en el proyecto de
ley hay dos temas que todavía preocupan a participantes y analistas del sector financiero: las inversiones
forzosas del sector financiero en títulos del gobierno y la obligación de financiar vivienda de interés social a una
tasa de interés predeterminada.
El resto del proyecto de ley -en principio- está aceptado por la mayoría de interesados. Gobierno, banqueros y
congresistas están de acuerdo sobre la necesidad de reestructurar las deudas hipotecarias actuales
-estimadas en 2,5 billones de pesos- para evitar un deterioro mayor en la cartera vencida, además de ver con
buenos ojos la utilización de bonos hipotecarios exentos del impuesto de renta para financiar la vivienda en el
país. Finalmente, aunque con algo más de resistencia, hay consenso sobre la utilización de la Unidad de
Valor Real -UVR- como reemplazo del Upac, esta vez atando la tasa solamente a la inflación y no al 75 por
ciento de la DTF, como pasaba anteriormente. Sin embargo ni Congreso, ni gobierno, ni sector financiero
parecen estar de acuerdo en cómo echar a andar las medidas y -sobre todo en la fuente de recursos para
financiarlas.
Por un lado está el gobierno, que afirma que los alivios deben ser financiados en una tercera parte con
recursos del 2 por mil y dos terceras partes con inversiones forzosas de las corporaciones de ahorro y
vivienda y de los bancos en bonos hipotecarios a una tasa de interés determinada, cada uno por partes
iguales. Para el gobierno, la reestructuración de las deudas be-neficiará a las entidades con problemas de
cartera hipotecaria y para poder acceder a dicho beneficio deben asumir un costo. En palabras de Jaime
Ruiz, alto consejero de la Presidencia, las entidades con cartera hipotecaria "serán las más beneficiadas de
una reestructuración general de las deudas, pues de esa forma se detiene el deterioro de la cartera del
sistema y -sobre todo- evitará que bancos y corporaciones se sigan llenando de activos improductivos".
Por el otro, varios miembros del Congreso están de acuerdo con el gobierno pero creen que su propuesta se
está quedando corta. Por esa razón existe en el proyecto de ley una propuesta para que las entidades
financieras tengan que destinar un volumen fijo de recursos a la financiación de vivienda de interés social
(VIS). De aprobarse esta proposición las entidades crediticias tendrían que financiar VIS por un monto
equivalente al 20 por ciento del incremento de la cartera hipotecaria o al 10 por ciento del incremento de los
pasivos destinados a créditos de vivienda nueva o mejoramiento de inmuebles. De no lograr colocar la totalidad
de los recursos en VIS, éstos se destinarían a la compra de bonos hipotecarios denominados en UVR a un
plazo de cinco años.
Se rebosa la copa
Si bien estas medidas serían transitorias -pues estarían en pie durante los primeros cinco años de vigencia
de la ley- han causado un gran revuelo entre analistas y participantes del sector financiero, y aun entre
algunos altos funcionarios del gobierno.
Según Armando Montenegro, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) "la
imposición de mecanismos de financiación contemplados en la ley de vivienda está a punto de retroceder el
desarrollo financiero del país en más de dos décadas". Para Montenegro el hecho de que el Congreso y no los
bancos dirijan parte del ahorro colombiano traerá unas consecuencias nefastas para la economía en un
momento en que precisamente se les pide a las entidades financieras que reactiven el crédito y reduzcan los
márgenes de intermediación. Obligar a un sistema financiero como el colombiano -que está atravesando por la
crisis más aguda de los últimos tiempos- a subsidiar el crédito de vivienda al tiempo que reestructura sus
deudas puede llevar a una pérdida enorme en sus balances y -en el mediano plazo- a un mayor costo de la
deuda para sus clientes, con la consecuente reducción del crédito. Las medidas podrían provocar, además,
una nueva elevación de las tasas de interés y pondrían al sector financiero en condiciones desventajosas con
respecto a los demás sectores de la economía.
Jorge Humberto Botero, presidente de la Asociación Bancaria, afirma que "el gobierno y el Congreso harían
bien en estudiar los impactos de estas medidas sobre el sistema financiero, pues de lo contrario esto podría
generar pérdidas de más de 2,5 billones de pesos, con consecuencias nefastas sobre la economía". Javier
Fernández Riva, director de Prospectiva Económica y Financiera, sostienen por su parte que "para un sector
que ha perdido en el último año 2,5 billones de pesos la nueva extorsión será muy difícil de asimilar".
Otra cosa piensa, sin embargo, el representante Gustavo Petro -ponente del proyecto de ley-, para quien las
corporaciones de ahorro y vivienda se habían venido lucrando a costa de sus clientes y deben ahora pagar
todo lo recibido. Según Petro, ''el sector de la construcción es vital para la economía, pues es intensiva en
mano de obra y genera mucho empleo, razón por la cual es mucho mejor dirigir los recursos hacia un sector
donde se genera verdadero valor agregado en lugar de dirigirlos hacia la producción de muñequitos para
exportación por vía de maquila, donde a la economía colombiana se le genera muy poco valor".
¿Para dónde va la economia?
En el fondo la discusión sobre los mecanismos para financiar la construcción de vivienda en el país está
poniendo de nuevo sobre el tapete un debate que ya se creía superado: el del papel del mercado en la
asignación de los recursos económicos en un país como Colombia. Para Petro, la Constitución colombiana
habla de un Estado de Derecho en el cual no sólo es conveniente crear medidas como las contempladas en la
ley de vivienda sino que es una obligación del Estado hacerlas. Para sus críticos, y para gran parte de los
analistas que han intervenido en el debate, la sabiduría económica actual ha demostrado en múltiples
oportunidades que el mercado es más eficiente para la asignación de recursos y genera mayores beneficios
para la sociedad que una economía centralizada como la visualizada por el representante a la Cámara.
Para ellos, si se acepta la ley de vivienda como la que se discute en el Congreso, se estaría aseverando que
la economía de mercado es un camino perverso y que el Congreso, el Estado o el que fuere el planificador
central sabe más que los propios consumidores sobre lo que quieren y lo que no quieren. Y eso sería
desconocer todo lo que se ha logrado en las últimas décadas en materia de desarrollo financiero en el país.

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