Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2000/03/06 00:00

¿Quién da más?

El repunte económico en 2000 depende en buena medida de las privatizaciones.

¿Quién da más?

Desde 1996, cuando arrancó la ola de privatizaciones del sector eléctrico, muchos han alegado las virtudes y los problemas de estas operaciones. Para los que están a favor, los argumentos siempre tienden a demostrar que las empresas privadas son más eficientes y benefician a los consumidores a través de tarifas más bajas.

Esto a su vez produce un aumento del ingreso disponible y una mejoría de las condiciones de la economía en general. Para los que están en contra, es un sacrilegio vender el patrimonio de la Nación y piensan que a la larga la plata quedará en la empresa privada en detrimento del consumidor, lo que disminuye la posibilidad de dar origen a una distribución equitativa del ingreso.

Más allá de esta discusión interminable la visión imperante es que la coyuntura actual hace imprescindible que se lleve a cabo el plan de privatizaciones del gobierno. Esa visión se sustenta básicamente en que la precaria situación fiscal hace que los ingresos por la venta de ciertas compañías del Estado sean fundamentales para financiar el déficit del gobierno y generar así alguna estabilidad macroeconómica que en la actualidad es primordial para la recuperación de la economía nacional.



Privatizar o morir

En el presupuesto del gobierno los ingresos por la venta de ISA, Isagen, Carbocol y las 14 electrificadoras deberían producir ingresos del orden de 2.000 millones de dólares. Si bien esta cifra por sí sola no dice mucho, si se mira desde la perspectiva de lo que ocurriría si no entra la plata los números son aterradores. Según el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, de no darse las privatizaciones sería necesario salir a conseguir 1.000 millones de dólares en el mercado externo y 1.000 millones de dólares en el mercado interno. Los recursos que trataría de captar el gobierno en el mercado interno se convertirían en una presión adicional a las tasas de interés de alrededor de dos billones de pesos. Lo grave de este escenario es que se podrían generar consecuencias nefastas para la recuperación económica.

Las cuentas en ese sentido son claras. El gobierno este año tendrá que hacer colocaciones de títulos de deuda interna —TES— por nueve billones de pesos. De estos, tres billones son nuevos, lo que significa un incremento del 33 por ciento frente al año anterior. Esta cifra —aunque preocupante— no debe producir grandes traumatismos si se considera la liquidez actual de la economía. No obstante, si a eso se le suman dos billones adicionales, se calcula que el costo del dinero podría ascender hasta en 5 por ciento, lo que representa un costo adicional para la industria de 700.000 millones de pesos y de 500.000 millones para los deudores de vivienda. Desde otro punto de vista, la riqueza generada por la baja de la DTF calculada en 5 billones, lo que generaría un aumento del PIB del 1 por ciento se reduciría en 1,2 billones. Los analistas han mencionado que es vital que la tasa de interés real se mantenga en niveles inferiores a los promedios históricos para que la reactivación sea posible. De ahí que la lógica en este caso sea muy simple. Si se caen las privatizaciones sube la tasa de interés, y finalmente se pierde la esperanza de una recuperación.

Aprovechando la liquidez que existe hoy en el mercado, el gobierno está próximo a poner en práctica una fórmula en el proceso de privatización de ISA que podría dejar tranquilos a quienes argumentan que el ingreso se concentra con las privatizaciones. Lo que se planea hacer es sacar unas acciones de esta compañía para que las compre el público en general, en lo que se conoce como un proceso de participación ciudadana. De esta forma se estará dando acceso al capital de ISA a aquellas personas que antes no podían tratar de invertir en empresas rentables y con riesgos moderados. Para incentivar la participación de la población el gobierno no solamente dará financiación para la compra de las acciones sino que se está pensando en garantizar la rentabilidad de la inversión, para lo cual ISA recompraría estos títulos valores a un precio preestablecido en el evento en que una persona no pueda salir a venderlos en el mercado.

Por todo lo anterior los funcionarios del Ministerio de Minas y el Ministerio de Hacienda están enfilando todas sus baterías para que se convierta en un éxito el plan de privatizaciones. Esperan que así la reactivación se dará con mayor velocidad y fuerza de la que los colombianos se pueden imaginar. E intentan evitar que se mantengan los desequilibrios macroeconómicos que podrían dar origen a un año más de recesión para la economía colombiana.

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