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| 7/22/2006 12:00:00 AM

¿Quién manda a quién?

La Superintendencia de Industria puso a los banqueros contra las cuerdas en la disputa con los comerciantes por las comisiones de las tarjetas de crédito. Se viene un nuevo fallo.

Una pelea a muerte se libra por estos días en el mundo de los negocios colombiano. Y no se trata de cualquier batalla marginal. Es un enfrentamiento entre dos bandos que son unos verdaderos pesos pesados dentro de la economía nacional. Y que por sus tintes, cada vez más fuertes, está comenzando a pasar de castaño a oscuro. En una esquina están los comerciantes, que desde hace tiempo vienen quejándose de los costos excesivos en las comisiones de las tarjetas de crédito que les cobran los bancos a los establecimientos comerciales. En la otra están los banqueros, para quienes las cuentas no son tan claras y no creen que realmente estén cobrando más de lo debido.

De momento, sólo un funcionario ha entrado a mediar en esta pelea. Y con sus actuaciones ha sido el único capaz de amargarles el rato a los banqueros del país, en plena época de vacas gordas: Jairo Rubio Escobar. El superintendente de Industria y Comercio logró que el nivel de comisiones cayera más del 20 por ciento en el último año, y presionó para que se impusiera a los bancos la obligación de divulgar esas tarifas. Ahora, para rematar, los tiene con los pelos de punta por una decisión que se conocerá esta semana y que, si sale como se espera, no los va a dejar muy contentos.

Pero esto no es realmente lo que más les preocupa a los banqueros. El asunto es que Rubio se les metió al rancho: primero, les pidió que bajaran los costos de estas tarifas, y ahora les dice qué cosas deben incluir y qué no en ese cobro, un asunto que a primera vista más bien debería estar en manos de la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Hacienda o el libre mercado.

Tanto va el cántaro al agua...

El tema empezó hace varios años, cuando los comerciantes del país empezaron a quejarse por los enormes costos que implicaba recibir pagos con tarjetas de crédito. El tono fue subiendo y varios sectores amenazaron con no recibir dinero plástico en sus locales, como una especie de veto contra los excesivos cargos. El gobierno finalmente tuvo que intermediar y tanto el alto asesor presidencial Juan Lozano, como el vicepresidente, Francisco Santos, conocieron del tema. Sin embargo, las conversaciones entre banqueros y Fenalco se rompieron y no fue posible lograr humo blanco en esta disputa.

En 2004, el balón saltó a terrenos del superintendente de Industria cuando una ONG pidió que se investigara si había prácticas restrictivas de la competencia (cartelización) en los sistemas que administran el dinero plástico (Redeban y Credibanco), de los que son socios la mayoría de bancos. Las averiguaciones apuntaban a establecer si se habían pactado las tarifas de las comisiones.

Los banqueros querían salirse pronto del lío y en ese afán hicieron una movida equivocada: acudieron al superintendente para que cerrara la investigación que les había iniciado y, a cambio, se comprometieron a modificar el esquema de pagos de comisiones al crear la Tarifa Interbancaria de Intercambio (TII), que entró en vigencia en abril de 2005. Además, firmaron unas garantías que respaldaban el compromiso de cobrar sólo lo justo y que se harían efectivas en caso de incumplimiento. Con esto, el superintendente Rubio quedó con la sartén por el mango porque, finalmente, sería el único que tomaría las decisiones en este caso.

El nuevo esquema resultó muy efectivo. En los primeros meses las comisiones se redujeron en promedio cerca de 20 por ciento, así que el Superintendente tenía razones para seguir adelante. A partir de ahí, el tiro les empezó a salir por la culata a los banqueros, quienes creyeron que el capítulo había terminado con el acuerdo y la reducción inicial en las comisiones. A finales del año pasado, la Superindustria entró a verificar el nuevo esquema y encontró que se seguían incluyendo en las tarifas de tarjetas de crédito rubros que, en su consideración, no debe pagar el usuario, como seguros y publicidad.

Ante las evidencias, en mayo se hizo efectiva una de las garantías por 780 millones de pesos contra Credibanco, y la Superintendencia nuevamente ordenó aplicar la tarifa justa. Los banqueros pusieron el grito en el cielo, porque finalmente, con esta decisión, Rubio terminaba metiéndoles la mano a los balances de los bancos: ni siquiera los más expertos analistas del sistema financiero podrían decir qué es un cobro realmente justo en materia de tarjetas de crédito, pues no hay una contabilidad de costos para este rubro. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los costos laborales de un banco debe ir en la comisión de las tarjetas de crédito? La respuesta no es muy sencilla y por eso las comisiones se fijan según el criterio de cada entidad.

Por eso, la banca le pidió a Rubio anular las resoluciones adoptadas por la Superindustria, con el argumento de que está excediéndose en sus facultades. La respuesta del superintendente se conocerá en los próximos días.

¿Hay salida?

Los banqueros van a alegar que el superintendente no tiene competencia sobre el tema y van a llevar este argumento a su última instancia: el Consejo de Estado. Es obvio que la Superindustria no tiene que vigilar los bancos. Sin embargo, Rubio cree que no ha asumido ninguna investigación de oficio y, por el contrario, han sido los propios banqueros los que se comprometieron con la autoridad para evitar ser investigados por prácticas restrictivas.

Los banqueros sostienen, por un lado, que por una resolución les están fijando un precio, lo que es inconveniente no sólo porque va contra la libre competencia, sino porque la reglamentación viene de la Superintendencia de Industria, que no tiene nada que ver con el tema. Y por el otro, que son evidentes muchos de los beneficios que reciben los usuarios por usar el dinero plástico, y el crecimiento importante que ha tenido este segmento del mercado financiero, pues al año se realizan operaciones por más de 10 billones de pesos con tarjetas de crédito.

Pero los banqueros van a tener que utilizar mucha creatividad para salir de este entuerto. Había una luz de esperanza por el cambio de gobierno. Sin embargo, Rubio fue ratificado en el cargo. Según él, la experiencia de Colombia no es única y ya hay antecedentes en Estados Unidos, Argentina, y México. En Europa, el tema también está en boga. En mayo pasado, la comisaria europea de la competencia, Neelie Kroes, aseguró que los bancos y las marcas de tarjetas de crédito "nos hacen pagar mucho más de lo que deberíamos" y amenazó con iniciar investigaciones si no había un ajuste en las tarifas. Así que Rubio sigue creyendo que está bien encauzado.

El tema tiene muchas aristas, pues no se trata simplemente de qué entidad debe vigilar a los bancos y cuál no. Curiosamente, hay un elemento de fondo que no hay que perder de vista: se trata de una pelea entre comerciantes y banqueros por quedarse con esa platica de las comisiones. Por más que bajen esas tarifas, esto nunca se va a reflejar en un menor costo de los productos. Eso significa que a los consumidores ni los afectan ni los benefician esos cobros. Al final, entonces, se trata de una pelea única entre ellos dos por un mayor pedazo del pastel.
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