El proyecto sobre los licores que levantará ampolla

¿Cómo entender que el ron La Hechicera, que se fabrica en Barranquilla y que ha sido objeto de múltiples reconocimientos internacionales se consiga más fácil en el extranjero que en Colombia? La respuesta está en el intrincado sistema de producción y distribución de licores en el país, producto del monopolio que tienen varios departamentos y que ha sido un freno para el desarrollo y la competencia en el mercado.

Si bien la Constitución de 1991 permite los monopolios con fines rentísticos señaló que estos podían operar cuando existiera una ley para regularlos. Pero después de casi 25 años ha sido imposible introducir algún cambio sobre la materia.

Solo hasta ahora se podría lograr si sale adelante un proyecto de ley que presentaron los ministros de Hacienda y Comercio, Mauricio Cárdenas y Cecilia Álvarez, que tiene mensaje de urgencia y que entra este martes a discusión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso.

La iniciativa ha levantado una gran ampolla porque varios gobernadores creen que se afectarán las finanzas de las licoreras y por ende los recursos que van para salud, ya que los pondrán a competir con los licores importados.

Sin embargo, quienes respaldan la iniciativa consideran que es hora de reglamentar un monopolio que ha demostrado que no es eficiente y que se ha prestado para corrupción, fomento del contrabando, adulteración e intromisión de los políticos en las rentas de los departamentos y de las licoreras.

Un informe de la firma de análisis EConcept parece darles la razón a los defensores de la iniciativa. Según un extenso documento, el contrabando de licores está alrededor de 410 millones de dólares (cerca de 1,5 billones de pesos), lo que impacta negativamente los ingresos de los departamentos.

A ello se suma que el monopolio tiene grandes barreras de entrada que frenan la libre comercialización de rones y aguardientes nacionales en aquellas regiones que no son productoras.  Por eso,  un aguardiente que se produce en Antioquia o Cundinamarca es difícil conseguirlo en otras regiones. Y ni hablar de los importados.

El estudio de EConcept señala, por ejemplo, que en el caso de Antioquia todo el aguardiente que se consume es de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Lo mismo sucede en Caldas, Valle del Cauca, Huila y Boyacá. En el caso de Cundinamarca el 79 por ciento del aguardiente consumido era de la Empresa de Licores de Cundinamarca. La situación es muy similar para el caso del ron.

El proyecto de ley del gobierno no elimina el monopolio de los departamentos pero sí fija unos requisitos para hacer más transparente el mercado y más equitativa la carga impositiva entre licores importados y nacionales.

La iniciativa señala, entre otras cosas, que si los departamentos permiten la producción de un tercero deberán abrir una licitación pública que permita la libre competencia. Es decir, no podrán adjudicar a dedo a un determinado distribuidor. Además, cambia la tarifa actual por un sistema mixto conformado por un impuesto de 200 pesos por grado de alcohol y un ad valórem del 25 por ciento sobre el precio final del producto.

Según el gobierno la  iniciativa busca también impedir sanciones por trato discriminatorio, de países con los que Colombia firmó tratados de libre comercio como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

Luis Guillermo Vélez, abogado del gremio de los licores importados, dice que con  la situación actual los grandes ganadores son la adulteración y el contrabando, que en el caso del whisky llega al 70 por ciento de lo que se consume. Esta es una situación crítica porque a mayor contrabando menos reciben los departamentos.

Adicionalmente, sostiene que la politiquería, la corrupción y la ineficiencia han acabado con la mayoría de las industrias licoreras del  país ya que de las 19 que había hace más de 20 años no quedan más de seis actualmente, de las cuales varias están en una situación financiera crítica.

Las licoreras departamentales se han opuesto a cualquier modificación porque temen perder ingresos, lo mismo que los departamentos. Y en medio del debate están algunos políticos a los que les interesa mantener el statu quo porque han convertido a las licoreras en su caja menor para la financiación de sus campañas.

En las próximas horas se sabrá si es posible establecer cambios en el sistema o si después de casi un cuarto de siglo todo se mantendrá igual en el monopolio de licores del país.