“Aquí hay campo para todos”: Rafael Mejía

SEMANA: ¿El sector agrícola hoy es diferente a hace 15 años cuando usted llegó a la SAC?

RAFAEL MEJÍA: En los últimos 15 años hemos, como país, pasado por momentos determinantes que han generado impactos sobre el sector agropecuario. Las condiciones macroeconómicas de Colombia y las decisiones de orden político nos han llevado a pensar  que el campo debe ser una prioridad nacional. Primero, porque la baja de los precios del petróleo, nos enseñó a que no debemos apostarle sólo a una industria o sector y que es hora de explotar nuestro potencial y vocación agrícola; y segundo porque vivimos un momento histórico: la firma del acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC.

Algo ha cambiado. La gente de las ciudades ha reaccionado a situaciones como el Paro Agrario, y muchos quieren acercarse más a los productores y comprar lo que aquí cultivamos. Sin embargo, si revisamos el Tercer Censo Nacional Agropecuario, nos damos cuenta que la brecha entre lo urbano y lo rural continúa y es algo que viene hace más 15 años.

La lucha continúa porque seguimos viendo que, a pesar de las recomendaciones de la Misión para la Transformación del Campo, de la OCDE, la misma SAC tiempo atrás, tenemos grandes vacíos en acceso de bienes públicos; seguridad jurídica; falta un modelo agroeconómico para Colombia; en materia comercial seguimos exportando los mismos tres productos: café, flores, banano, al mismo destino: Estados Unidos. No hemos pasado de las 4.4 millones de toneladas anuales en exportaciones en los últimos 15 años, a pesar de la firma de los TLC y que la demanda externa está esperando nuestra capacidad para responderle con calidad, cantidad y constancia.

SEMANA: ¿Cuál es el principal obstáculo que hay en Colombia para que el campo se desarrolle?

R.M.: Hay cuatro factores indispensables para el desarrollo de la actividad agrícola en el país y que incentivan la inversión, la cual no ha despegado. Estos son: acceso a bienes públicos, seguridad jurídica, una tributación adecuada  para el sector agropecuario y prácticas ambientalmente sostenibles. Lo anterior forma parte de una Política Agraria de Estado, que aún no hemos tenido en el país y que para construirla nos hemos ido a discusiones que en ocasiones se han distorsionado o no han culminado en acuerdo concretos.  

SEMANA: ¿Es verdad que la tierra no está tan concentrada en Colombia como se piensa?

R.M.: El Censo demostró que en el país tenemos 42 millones de hectáreas aptas para el desarrollo agrícola. De estas, solo un poco más de 7.2 millones estamos aprovechando. Es decir, aquí hay campo para todos: la agricultura familiar, el pequeño, mediano y gran productor, pues hay que empezar a consolidarlos como empresarios del sector agro. En la SAC hemos considerado que más allá de la titulación de las tierras, de la cantidad de hectáreas que puede haber en poder de una persona o compañía, primero debemos pensar en la explotación adecuada de la misma. Esto quiere decir que, deberíamos  cuestionarnos para qué se están usando las tierras, ¿están cumpliendo con su vocación? ¿Son competitivas? ¿Rentables? ¿Cómo le aportan al desarrollo económico y social del país?

SEMANA: ¿Podremos desarrollar la Altillanura algún día?

R.M.: Desde hace muchos años hemos venido insistiendo en la necesidad de sacarle provecho a la Altillanura. Hay casos de éxito de desarrollo agroindustrial en esta región. Los Grobo realizaron un estudio sobre la misma y resaltaron el potencial que hay para lograr ese propósito que tenemos de garantizar seguridad alimentaria, sustituir importaciones, que en 2015 sumaron 11.5 millones de toneladas, y aumentar la exportaciones.

Un paso muy importante para lograr este propósito es la implementación de la ya sancionada Ley Zidres, pues dota a los empresarios del agro, al pequeño, mediano y grande, de herramientas para invertir en Colombia y en el sector. La planeación es estratégica y dependerá del trabajo que se adelante con la UPRA, además estarían ubicadas en regiones que tienen vocación agrícola, pero no los recursos e incluso bienes públicos e infraestructura para aprovecharlas.

Adicionalmente, las Zidres le dan una función social a la tierra, pues dota de oportunidades a la población que ahí habita.  

SEMANA: ¿Qué es lo más positivo del primer punto de la Habana y que le preocupa de ese capítulo?

R.M.: Vemos positivo el hecho que queden plasmados temas como: el acceso a la tierra de forma integral. Es decir, no se trata solo de dar tierra, sino proveer Asistencia Técnica, Innovación, Mecanización Agrícola, Bienes Públicos, entre otros factores. Sobre esto, ha hablado mucho la SAC desde hace mucho tiempo y pues es algo que hemos considerado, debía darse con o sin la firma del Acuerdo de Paz.

Junto a los afiliados y Junta Directiva, estamos analizando todo lo relacionado con el Acuerdo para fijar una posición y determinar si existen preocupaciones. Sin embargo recordemos que todo lo planteado requiere de inversión, no sólo por parte del gobierno, sino también a través del sector privado y alianzas público- privadas.

El papel del empresario será fundamental para dar más oportunidades en el campo, en las zonas rurales más apartadas y a los desmovilizados y demás. Esperamos que el trabajo conjunto sea permanente e intenso para sacar al país adelante y cumplir el propósito de elevar el crecimiento y productividad del sector agropecuario.  

SEMANA: Los empresarios del sector agropecuario que papel jugarán en el posconflicto

R.M.: El ministro del posconflicto, el Dr. Rafael Pardo, ha sido insistente en ese papel que tendremos los empresarios del sector para la construcción de una paz estable y duradera. Sabemos que habrá unos incentivos para seguir dando oportunidades de trabajo, de asociatividad, acceso a bienes y servicios, en fin, a construir un campo con más oportunidades y posibilidades de desarrollo.

Ya hay gremios y afiliados a la SAC que han adelantado un trabajo importante con desmovilizados de grupos al margen de la ley. Así mismo, empresas agroindustriales que han llegado a lugares muy afectados por la violencia y que aún así, toman el riesgo de invertir. Con esto, quiero decir que el papel de los empresarios no solo será importante en el posconflicto, sino que también lo ha sido durante el conflicto. Nuestro compromiso es total y  es necesario que haya garantías e incentivos a la actividad.   

SEMANA: ¿Cómo ve el campo sin conflicto armado en Colombia?

R.M.: El campo colombiano ha constituido un escenario histórico de presencia y acción de grupos armados al margen de la ley. A ello han contribuido la débil institucionalidad y la limitada presencia y acción del Estado en materia de justicia, derecho y seguridad. Muy graves han sido, entre otros, la afectación a la vida, al patrimonio, al tejido social; el desplazamiento, el secuestro y la extorsión y la presencia de cultivos ilícitos.

La violencia ha tenido un impacto sistemáticamente negativo sobre el desarrollo sectorial, afectando la inversión, la producción, el empleo y los ingresos de la población rural, además de contribuir a generar miedo, desconfianza, individualismo e incomunicación entre los habitantes y entre las comunidades rurales.

La terminación del conflicto armado y el proceso de posconflicto que le sucedería ofrecerían nuevas y grandes oportunidades para el desarrollo agropecuario y rural. La SAC considera que solo si hay crecimiento económico sostenido, se puede intensificar y mantener los esfuerzos para financiar el posconflicto y, por ello, ha insistido en políticas de largo plazo, el respeto a la propiedad privada, el mantenimiento del modelo económico y la promoción decidida del desarrollo empresarial y la inversión.