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¿RECESION POR DECRETO?

SEMANA analiza el impacto de las medidas de choque contra la inflación

11 de febrero de 1991

Tras el receso de fin de año, cuando el equipo económico del Gobierno se presentó a la primera reunión de la Junta Monetaria el miércoles de la semana pasada, se encontró con indicadores realmente preocupantes en el campo monetario. En esa sesión se analizaron los desarrollos recientes de la inflación y los efectos perversos que ésta genera en el mediano plazo sobre la inversión, el crecimiento económico y el proceso de modernización del aparato productivo. La inflación se había disparado hasta alcanzar el 32.4 por ciento al fin de 1990. Los medios de pago habían crecido 25.7 por ciento durante el año pasado, excediendo en 3.2 por ciento lo previsto en el programa macroeconómico. La base monetaria creció 23.3 por ciento, un 4.9 por ciento más que lo previsto, lo que quiere decir que se escaparon al torrente de moneda circulante 56 mil millones más de los que se necesitaban.
Ante este panorama, se hacía necesario adoptar drásticas medidas. En la discusión participaron los ministros de Hacienda, Desarrollo Económico y Agricultura, el jefe de Planeación Nacional, Armando Montenegro, el subgerente del Banco de la República, Juan Carlos Jaramillo, el superintendente bancario, Néstor Humberto Martínez, la directora del Incomex, Martha Lucía Ramírez, el secretario económico de la Presidencia, Juan Guillermo Serna y los asesores de la Junta Monetaria, Jaime Jaramillo y Hernando José Gómez.

En términos generales había consenso entre los asistentes sobre las causas del mal, y en concreto se detectaban tres, atribuibles a los siguientes factores:
- La acumulación de reservas internacionales por 650 millones de dólares durante 1990, lo que superaba en 250 millones de dólares lo previsto para ese período.

- La utilización neta de la Tesorería General de la República superó en 20 mil millones de pesos la meta oficial, todo por la presión de pagos al sector público.

- Las operaciones de mercado abierto resultaron inferiores en 30 mil millones de pesos a lo deseado.

El panorama era desolador y de continuar así la tendencia, era imposible lograr que la inflación de 1991 no superara el 22 por ciento. De inmediato se sugirió reducir el nivel de las reservas internacionales, incrementando las importaciones y acelerando los giros. También se insistió que era necesario acabar con el déficit fiscal. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda y los asesores de la Junta Monetaria, esas medidas no eran suficientes y había que buscar otros elementos de choque, para limitar drásticamente el crecimiento del crédito.

La Junta Monetaria estudió entonces, las siguientes tres alternativas:

1. Recoger circulante por la vía de operaciones de mercado abierto, conocidas como Omas. No obstante, se concluyó que no estaban dadas las condiciones para acudir a ese mecanismo por el momento y que la única posibilidad era la de llevar a cabo, a partir de febrero, subastas de títulos valores en el mercado, según acuerdo al que llegaron el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. Durante 1991 se buscará que el saldo de las Omas quede por lo menos en los mismos niveles del 31 de diciembre de 1990, es decir, en 420 mil millones de pesos.

2. La otra posibilidad era elevar el encaje ordinario sobre exigibilidades del sistema financiero. Tampoco fue factible recurrir a esta alternativa porque no frenaba de inmediato el efecto inflacionario.

3. Una tercera alternativa era establecer un encaje marginal del ciento por ciento. En otras palabras, que cada nuevo peso que captara el sistema financiero, pasara de inmediato y en su totalidad al Banco de la República. La conclusión de los asesores de la junta, era que ésta medida era la única que tenía efecto inmediato para frenar el aumento de la cartera bancaria. Se exceptuaban, sin embargo, las captaciones de las corporaciones de ahorro y vivienda, para no complicar aún más el período de recesión que atraviesa la construcción. También se exceptuaron del encaje marginal las capitalizaciones adicionales de las entidades financieras, las utilidades retenidas y los dineros conseguidos por recuperación de cartera antigua.

Aunque la mayor parte de los asistentes estuvo de acuerdo en que no había alternativa, diferente a esta última, surgió una voz disonante: la del ministro de Desarrollo, Ernesto Samper Pizano, quien quedó sorprendido por la magnitud de lo que se pretendía hacer. Para él, la figura del encaje marginal crea distorsiones graves en el panorama económico y esa postura ya la había asumido desde cuando era presidente de Anif. El jefe de Planeación Nacional, Armando Montenegro, también denotó sorpresa pero una vez repuesto, aceptó el camino del encaje marginal. El subgerente del Banco de la República, Juan Carlos Jaramillo, también mostró preocupación por las implicaciones que la medida podría tener. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes y los asesores de la Junta Monetaria, Jaime Jaramillo y Hernando José Gómez, muy ortodoxos y de línea plenamente monetarista, estaban convencidos de que la salida era únicamente esa.

Volvía a ponerse sobre el tapete el viejo enfrentamiento entre los ministros de Hacienda y Desarrollo. Este podría llamarse el tercer round. El primer asalto, muy promocionado por cierto, tuvo lugar cuando se discutía la apertura económica en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes. Rudolf Hommes era partidario de que la internacionalización de la economía fuera inmediata y de un sólo golpe, mientras que Ernesto Samper Pizano abogó por la gradualidad. En ese primer enfrentamiento ganó el titular de Desarrollo. El segundo asalto tuvo lugar en el Consejo Laboral, en diciembre pasado durante las discusiones del salario mínimo legal de los colombianos. Hommes propugnaba por un incremento muy inferior al índice de inflación, mientras Samper e incluso el ministro de Trabajo, Francisco Posada de la Peña, querían un reajuste más cercano al crecimiento del costo de vida en el 90. En esa ocasión se impuso Hommes, casi que a la fuerza, con un alza del salario mínimo del 26.06 por ciento, seis puntos por debajo del costo de vida.

Tenía lugar ahora el tercer asalto. Eso sí, según aclaran los contendores en todo momento se han batido en medio de discusiones amistosas y cordiales, pero duras desde el punto de vista político e ideológico. Los economistas están encabezados por el ministro de Hacienda y los políticos por el ministro de Desarrollo. Aunque el ministro Hommes no dejaba de preocuparse por lo radical de la medida y trató de combinarla con otras fórmulas creativas, terminó alineándose con el criterio de los asesores de la junta, que son considerados, tal vez, como los de la línea más dura.

Si bien Hommes se impuso con el respaldo de la mayoría, e implícitamente ganó el tercer round, Samper manifestó su solidaridad en la lucha contra la inflación y optó por dejar constancia expresa sobre sus reservas en cuanto a las consecuencias de la medida. Pero como para no dejar insatisfechos, se decidió entonces repartir algunas zanahorias. A Samper se le dio contentillo en el sector turismo. Para ello se reabrió la llamada