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| 12/27/2016 3:19:00 PM

Cuatro sectores que se salvaron de la reforma tributaria

Las gaseosas, las iglesias, la vivienda de interés social y las zonas francas terminaron por fuera del paquete tributario que aprobó el Congreso esta semana. ¿Por qué?

Son pocos los que quedaron contentos con la reforma tributaria. En medio de las quejas de muchos sectores económicos, sin embargo, hay algunos que sí están muy contentos. Por estos días no se ha escuchado a ninguno pues finalmente el paquete tributario del Gobierno no los tocó y han preferido pasar de agache. 

En términos sencillos: se salvaron. Fueron muchas las razones. Unos porque no eran prioritarios en los planes del ministerio de Hacienda, otros porque utilizaron una exitosa estrategia de lobby y otros porque generaron presiones políticas y económicas muy comunes en este tipo de proyectos. 

Estos son los sectores que se salvaron de la quinta reforma tributaria presentada por el presidente Juan Manuel Santos.

Viviendas de Interés Social (VIS)

El pulso lo ganó rápidamente el vicepresidente German Vargas Lleras, quien libró una dura batalla con el ministerio de Hacienda. El proyecto que se radicó en octubre y que contemplaba eliminar la exención del impuesto de renta para la construcción de vivienda de interés social encrespó los ánimos del alto funcionario. No sólo le chocó que no se hubiera tenido en cuenta su opinión y que supuestamente la propuesta fuera incluida a última hora, sino también que se atacara directamente el corazón de su bandera política.

Fue durante una entrega de viviendas en el sur de Bogotá, que el alto funcionario se fue lanza en ristre contra la reforma. Amenazó con enfrentarla, como nunca se le había visto. Llamó a los colombianos a rebelarse contra la iniciativa y a salir a las calles a marchar. De guardar silencio, en muchos asuntos como el de la paz, el vicepresidente se puso, por primera vez, la camisa de un agitador social.

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Vargas utilizó una mezcla de argumentos económicos y políticos. Aseguró que de aprobarse la tributaria, ningún constructor volvería a medírsele a un proyecto de vivienda de interés social. La presidenta de Camacol, Sandra Forero, sostuvo que de eliminarse la exención, la rentabilidad para los empresarios que se dedican a este clase de vivienda caería aún más y no sería un estímulo para seguir construyendo, menos en ciudades como Bogotá, donde el valor de la tierra es elevado.  

El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, pidió que la medida se echara para atrás pues “un proyecto de vivienda de interés social no puede superar los 93 millones de pesos. Esto, porque “en Colombia el 80 % de la población gana menos de 4 salarios mínimos. Quiere decir que en donde existe mayor necesidad de vivienda es precisamente en vivienda de interés social”.

El temor que muchos expresaron y que logró tumbar la iniciativa era que con la eliminación el incentivo y con el incremento a los precios de los insumos básicos -por cuenta del IVA- se reducía aún más el margen de utilidades y se habría volcado a las constructoras a eliminar este nicho. Uno que mueve inversiones anuales por $4.8 billones de los hogares de menores ingresos (0.6% del PIB), y su construcción genera cerca de 337.000 empleos al año.

Paradójicamente, como la bandera era popular, muchos otros partidos se sumaron y finalmente el tema se terminó dando paso atrás. Por cuenta de esto, la congresista Claudia López lo acusó de ser el Frank Underwood de la política colombiana.

Bebidas azucaradas

La pelea más dura que dio el Gobierno, en cabeza del ministro de Salud, pero que finalmente perdió, tiene que ver con las bebidas azucaradas. No fue posible convencer a los parlamentarios de los beneficios de la propuesta que le dejaría al sector salud cerca de un billón de pesos.

Se propuso una tarifa de 300 pesos por litro aplicable a los polvos que sirvan como base para constituir estas bebidas, a las gaseosas, tés, bebidas energizantes, jugos procesados. Al ser un impuesto específico, su base gravable habría sido la cantidad de litros producidos o importados y estaba a cargo de los productores o importadores de bebidas azucaradas.

Sin embargo, la propuesta tuvo dos grandes opositores en el Congreso: los senadores Iván Duque y Jorge Robledo. Ambos, en orillas distintas de la política, se la jugaron por defender a esa industria. Ambos apuntaron a que el impuesto tenía un impacto muy negativo en las clases menos favorecidas y que podría prácticamente quebrar a 27.000 tenderos del país. Agregaron que la medida era engañosa porque el impuesto no iba a reducir la obesidad.  

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La propuesta se presentó en línea con una tendencia mundial que ha impuesto la Organización Mundial de la Salud, algo similar a lo que ocurre con el impuesto a los cigarrillos. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló que los lobistas habían presionado a los políticos, lo cual terminó desembocó en el fracaso de la propuesta.

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El debate estuvo cargado de imprecisiones, verdades a medias y una fuerte puja de varios poderes. Como el debate coincidió con la polarización de la campaña del plebiscito para la Paz, muchos tejieron fino y señalaron que lo que había detrás era la poca sintonía de los empresarios azucareros con el Gobierno.

Zonas Francas

El futuro de las zonas francas se mantiene intacto. El brinco que pegaron los representantes del sector cuando se expuso la posibilidad de quitarles el carácter sirvió para que no se limitaran las exenciones para las compañías cobijadas con este régimen especial.

Aunque la renta para las zonas francas quedó en el 20 %, 5 % más de lo que pagan actualmente, se cayó la intensión del Gobierno de "acabar con el beneficio especial porque ellos ya tienen el aduanero", como lo aconsejó recientemente el Banco Mundial.

"Les dan ese carácter a través de una resolución y automáticamente le bajan tarifa de impuestos. Eso no es conveniente desde el punto de vista de la igualdad", explicó el exdirector de la DIAN Horacio Ayala.

Pero el sector se fue por otra vía. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master, expuso fuera y dentro del recinto que las propuestas incluidas en la reforma tributaria cambiaban las reglas de juego y con ello alejaba la inversión. 

El Gobierno y los empresarios quedaron en tablas. Mientras el primero consiguió aumentar un 5 % el valor de la renta, los segundo lograron que se les mantengan la condición especial que desde hace años ostentan como zonas francas.

Iglesias y entidades sin ánimo de lucro

Esta tampoco fue la reforma en que se las iglesias y centros de culto pagarán impuestos. Sin embargo, la ley sí incluyó un tema que será importante: para evitar que alguien se lucre de la fe de los feligreses, todos los cultos deberán publicar información sobre sus finanzas. Las congregaciones y asociaciones religiosas deberán declarar, registrarse y publicar la información. Sin que esto signifique que luego deban pagar algo proporcional a sus ingresos. Es decir, no tributarán, pero declararán renta,

Pese a su carácter no lucrativo, las diferentes iglesias y confesiones religiosas, reportaron durante la vigencia del 2013 un patrimonio cercano a los 9,7 billones de pesos y más de 4 billones por concepto de ingresos.

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La discusión se quedó estancada entre lo humano y lo divino. Es un tema sensible y si hay una lección clara que dejó el 2016 al Gobierno es cómo esta fuerza política puede inclinar en una votación la balanza. No era probable que después de las marchas contra el ministerio de Educación, el referendo de Viviane Morales y el poder que los cristianos tuvieron en el triunfo del No, las mayorías del Congreso se metieran a gravar con impuestos esas iglesias. 

"Poner en contra del Gobierno a tantas personas es un tema delicado que muchos prefieren no tocar. Era más el costo de poner el impuesto a las iglesias que el beneficio de tener recaudos que ellos aportarían. Es echarse al pueblo encima", señala el profesor de la Universidad de la Sabana, Giovanni Hernández. Según el ministerio del Interior, en Colombia existen hoy 5.209 iglesias alrededor del país. Hoy estas son determinantes para el futuro político y social. 

Gravar a las asociaciones sin ánimo de lucro siempre ha sido una discusión compleja. Al lado de las iglesias, se abriría la puerta para también aumentar los impuestos de los colegios, las universiades y las fundaciones, un tema que también han pedido los expertos y con el que pocos se quieren meter. 

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